El Ministerio Público tomó distancia respecto a la posibilidad de que la justicia cambie la medida de prisión preventiva que pesa sobre los cuatro mapuches en huelga de hambre.

La solicitud fue anunciada por el ministro del Interior, Mario Fernández, para resguardar la salud de los comuneros, quienes cumplen la medida cautelar tras ser imputados por la Ley Antiterrorista, como autor de incendio contra un templo evangélico en Padre Las Casas el año pasado.

El fiscal Cristián Paredes manifestó que la medida que pidió el Gobierno, referida a modificar la prisión preventiva, forma parte de sus atribuciones y obedece a información o decisiones estratégicas de ellos mismos, pero no de Fiscalía.

Los delitos corresponden a un “hecho gravísimo” y para él, la única medida que garantiza y asegura los fines del procedimiento es la prisión preventiva. Asimismo, señaló que se enteró “por la prensa” de la petición del Ministerio del Interior, tras una reunión con comunidades evangélicas, según dio a conocer TVN.

“La Fiscalía, en ejercicio de sus facultades autónomas, y en tal sentido no obedece a presión alguna, entiende que en esta causa se mantienen los presupuestos para requerir que se mantenga la prisión preventiva de los imputados”, sentenció Paredes.

Entre los comuneros, Alfredo Tralcal y Benito Trangol están internados en los hospitales de Temuco y Nueva Imperial tras una huelga de hambre que lleva 114 días.

Tralcal fue trasladado la noche del miércoles al Hospital Regional de Temuco producto de un sangramiento digestivo, mientras que Benito Trangol, de 34 años y quien comenzó una “huelga seca”, está en peores condiciones. Según el Colegio Médico su vida está en peligro tras una descompensación.

En ese contexto, Gendarmería pidió a la Corte que les dé autorización para dar de comer “por la fuerza” a ambos, aún cuando los comuneros mantienen firme la huelga de hambre.

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