Los fiscales de justicia de once países que se reunieron hoy en Brasilia para discutir un intercambio de información frente al escándalo internacional de corrupción en torno a la empresa Odebrecht concluyeron hoy el primer día de reunión en un completo hermetismo.

El encuentro fue organizado por la Procuraduría General de Brasil, que está el frente de las investigaciones sobre las corruptelas en la estatal Petrobras, que originaron el escándalo que cobró dimensiones internacionales en los últimos meses.

La cita concluyó sin que ninguno de los asistentes compareciera ante los periodistas, aunque  la Procuraduría General de Brasil entregó el siguiente comunicado conjunto, donde informa que se firmaron acuerdos de lenidad con las empresas Odebrecht y Braskem y distintos personeros relacionados con la investigación, de manera de “ampliar el ámbito de la investigación”.

El documento señala que los acuerdos de lenidad y de colaboración premiada están sujetos a confidencialidad, con vigencia hasta junio de 2017.

“Considerando que Brasil ha recibido varios requerimientos de cooperación jurídica internacional relacionados al caso Odebrecht, pero está obligado a cumplir sus leyes internas y a esperar el plazo acordado”, el documento explica que los fiscales latinoamericanos acordaron la formación de equipos conjuntos de investigación, “bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava Jato”.

En la reunión estuvieron presentes representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela, convocados por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, promotor de este inédito encuentro.

También habían sido invitados, pero no asistieron, representantes de El Salvador, Guatemala, Antigua y Barbuda y Mozambique.

En todos esos países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares. En el caso de Chile, el fiscal nacional Jorge Abbott, busca obtener información sobre la arista relacionada con la empresa OAS y el presunto financiamiento de ésta a la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

Las investigaciones iniciadas a raíz de esas informaciones han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.

También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.

Esos testimonios, sin embargo, se encuentran bajo un absoluto secreto de sumario, por lo que su contenido se desconoce, aunque la prensa brasileña asegura que salpican a decenas de políticos y que pueden dar indicios sobre las operaciones externas de Odebrecht.

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