El Ministerio del Interior optó por ceder a la presión proveniente de la extensa huelga de hambre de cuatro comuneros mapuches -en prisión preventiva desde hace 117 días, acusados de incendio terrorista en contra de un templo evangélico en la comuna de Padre Las Casas-, y a última hora del viernes anunció que recalificará la querella que había presentado, esta vez no por delito terrorista. La medida fue en reacción al estrepitoso revés que sufrió ese mismo día en el tribunal de garantía de Temuco, que rechazó revocar la prisión preventiva, a la cual se opuso terminantemente el Ministerio Público, por considerar que las pruebas inculpatorias son abrumadoras y que con su libertad se pone en riesgo a testigos.El gobierno lamentó la decisión, pues con ello, dijo, se buscaba “preservar la integridad física de los huelguistas”.

La acción del gobierno ha sentado un negativo precedente, en tanto la oposición ha anunciado que evaluará una acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Al buscar una salida “política” al caso -aun bajo un pretexto humanitario-, se ha colocado una presión indebida sobre la Fiscalía y los tribunales, lo que atenta en contra de la noción de debido proceso e independencia de poderes. Si el gobierno decidió hacerse parte de la querella antiterrorista, es un contrasentido que en medio del proceso decida retroceder cediendo a presiones de huelguistas, restando con ello fuerza a la acción del poder judicial y alentando la noción de que por medio de la presión indebida se pueden conseguir beneficios o garantías por parte del Estado.

No cabe duda de que la autoridad debe velar en todo momento por la salud de los comuneros; de hecho, en atención a su delicado estado de salud, algunos fueron trasladados al hospital intercultural de Nueva Imperial, y ayer tres de ellos depusieron la huelga, tras las concesiones del gobierno. Pero ello no debe ser utilizado como pretexto para presionar el curso de una investigación o eventualmente lograr condenas menos gravosas, porque de esa forma se desnaturaliza el sentido de la justicia y se debilita la acción del Estado para contener la violencia en La Araucanía.

La precipitada acción del gobierno para destrabar este conflicto también contempla el pronto envío de un proyecto de ley que regule las condiciones de la prisión preventiva -de modo que ésta sea más acotada y no se extienda en el tiempo- así como la agilización del proyecto que modifica la Ley Antiterrorista. Es lamentable que una vez más, con el afán de resguardar un flanco político, el gobierno improvise proyectos de ley ante la presión de las circunstancias. Ambas materias son plausibles y deben ser objeto de revisión en el Congreso, pero la complejidad que supone revisar todo el sistema de prisiones preventivas -sería extraño que esta instancia no se aprovechara para discutir también lo relativo a beneficios penitenciarios- así como los múltiples alcances de una nueva ley antiterrorista hacen incompatible que todo ello se pueda discutir en el Congreso con la debida calma y reflexión, menos aún en el marco de un clima electoral y con una agenda legislativa ya saturada. Se trata de dos materias de alta sensibilidad, donde no cabe improvisar.

/Editorial del diario La Tercera

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