Con los acuerdos sobre gradualidad, la mantención de una Comisión evaluadora y de los establecimientos educacionales en aquellos municipios con buena gestión, la Comisión Mixta despachó el informe que zanjó las discrepancias de ambas cámaras sobre el proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública, más conocido como “desmunicipalización” y modifica diversos cuerpos legales.

La instancia, conformada por senadores y diputados, se abocó a buscar los acuerdos para las principales diferencias surgidas entre ambas Cámaras, durante la tramitación del mensaje. Ahora será el turno de la Cámara de Diputados quienes deberán pronunciarse sobre el informe, para luego dar paso al Senado.

La legislación tiene como fin crear una nueva institucionalidad para la educación escolar pública. Para ello se considera una estructura organizacional, que desde el punto de vista de la Administración del Estado, se centra en la Dirección de Educación Pública, en servicios locales de educación, en comités directivos locales a su interior y en consejos locales.

La iniciativa legal hace especial énfasis en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los establecimientos educacionales, considerando a estos últimos como la unidad básica y fundamental del nuevo Sistema.

En cuanto a su implementación, se establece una regulación gradual y de carácter transitorio, donde se desarrollan diversas materias como la forma en que se irán instalando los referidos servicios locales en el país, lo cual considera dos etapas, labor que será ponderada por un Consejo de Evaluación del Sistema.

El senador Ignacio Walker, presidente de la Comisión Mixta explicó que, “hemos resuelto los 11 puntos pendientes, tres de los artículos permanentes, 8 de los artículos transitorios. (…) Este ha sido un día histórico, en la perspectiva de una nueva educación pública que pueda garantizar un nuevo esquema con algo muy importante, una gradualidad, una transición para permitir evaluar, monitorear, rectificar las cosas que se pueden hacer mejor, fijando un plazo tope, el 2030; es decir, tres gobiernos”.

“Esta es la reforma estructural más importante de la educación escolar de 30 años y por lo tanto parece razonable tener una transición gradual que permita que las cosas se hagan bien”, enfatizó.

En este sentido, el senador Andrés Allamand manifestó que “estamos contentos, porque finalmente prevaleció y se mantuvo el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición. Se reafirmó que será una reforma de carácter gradual y se especificó que el proceso de instalación debiera durar, a lo menos, hasta el año 2030”.

En la misma línea valoró que “se mantuvo a firme la existencia de una Comisión Evaluadora de alto nivel, que va a seguir este proceso y que estará en peramente disposición de ir aportando elementos para corregirlo y mejorar (…) y por último, un aspecto que para nosotros era absolutamente fundamental: los municipios que manejen y que gestionen bien su educación y sus colegios lo van a poder seguir haciendo de forma indefinida. Para nosotros este era un tema esencial, que se comience a perfilar un sistema mixto”.

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