Para la Multigremial de Militares y Policías (R) el informe emitido por la Corte Suprema en relación al proyecto de ley que busca reasignación de territorio jurisdiccional para los delitos violentos de las regiones del Bíobío, Araucanía y Los Ríos para dejarlos con asiento en la Región Metropolitana, coloca en relieve una contradicción evidente del Máximo Tribunal respecto de los militares procesados y condenados, puesto que el argumento expuesto en el Informe señala que de generarse esa modificación que se quiere para los delitos violentos podrían producirse severas infracciones al derecho al debido proceso, así como el derecho a la defensa, y al derecho a presentar pruebas, especialmente testimoniales, debido a la distancia que separa entre el lugar de los hechos y los tribunales capitalinos, no obstante, creen que el pleno de la Suprema no consideró las mismas razones para los militares y policías procesados cuando en enero de este año resolvieron reasignar los ministros instructores en causas de derechos humanos centralizando los casos.

Así lo señaló el Vicepresidente de la Multigremial (R), Pedro Veas Diabuno, luego de la asesoría jurídica entregada por el abogado Adolfo Paul Latorre, quien recientemente lanzó su libro Prevaricato, publicación que da cuenta de la serie de arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades que se vierten en los procesos judiciales que se llevan en contra de los militares y policías por parte de los Ministros Extraordinarios designados para estas causas.

“De 17 ministros instructores a lo largo del país se pasó a 4. Se reasignaron las causas. Esto afectó la competencia que corresponde a los Ministros de Corte que llevaban estas causas, y por cierto, se hace fuera del territorio jurisdiccional lo que podría traducirse -como ya señala la Corte Suprema 9 meses después- para el caso de los delitos violentos en una infracción al derecho al Debido Proceso, a la defensa y al derecho a presentar pruebas”, explicó.

Esta declaración del Pleno de la Corte Suprema refleja –prosiguió- la contradicción permanente, la arbitrariedad, ilegalidad e inconstitucionalidad con que se tratan los juicios en contra de militares y policías procesados, pero lo más peligroso de esto es que se trata del Máximo Tribunal del país.

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