En abril próximo entrará en vigencia la ley que modifica la negociación colectiva. A partir de ese mes, y durante todo 2017, se espera que se renueven casi 2 mil 900 convenios. Podrá vislumbrarse en esos procesos los efectos que tendrán las nuevas reglas -entre otras, aquellas que imposibilitan el reemplazo-, así como la manera en que se definirán, más allá de las disposiciones legales, los servicios mínimos que deben mantener sus operaciones en caso de huelgas. En ese contexto, para algunos, la paralización que está ocurriendo en Escondida anticipa los escenarios más probables que se darán en las negociaciones futuras, aun cuando se esté conduciendo bajo el antiguo esquema, e independientemente de los resultados que pueda traer una eventual mediación de la Dirección del Trabajo.

Por ejemplo, si bien la nueva legislación permite el descuelgue de los trabajadores individuales a partir del decimosexto día de iniciada la huelga, eleva las exigencias de la última oferta que debe hacer la empresa antes de decretarse aquella. Ello debería fortalecer el poder de negociación del sindicato a partir de abril, y de ahí la analogía, por cierto imperfecta, con la paralización que se está viviendo en esta minera privada, pues se trata de un sindicato que, por su capacidad económica, puede resistir mejor una paralización prolongada. En Escondida, además, el sindicato -haciendo sentir su poder- se ha alejado del marco actual, al demandar que la minera se comprometa a contratar nuevos trabajadores en las mismas condiciones del convenio colectivo que se apruebe, desincentivando de paso la contratación adicional. La nueva normativa establece precisamente que las cuestiones relativas a extensión de beneficios serán negociadas entre sindicato y empleador; ello, si bien el Tribunal Constitucional objetó la automaticidad de dicha extensión por mera afiliación al sindicato.

Otro aspecto que debería dejar algunas lecciones hacia futuro se vincula con la obligación del sindicato o grupo negociador de proporcionar el personal indispensable para la ejecución de operaciones que, de paralizarse, pueden causar un daño irreparable a bienes materiales o a la salud de los usuarios. En caso de no haber acuerdo, la Inspección del Trabajo deberá dictar una resolución que eventualmente se puede reclamar en el juzgado laboral. En este caso, la empresa estimó en 100 los trabajadores necesarios. El sindicato argumentó que con 20 era suficiente. La Inspección falló en un número de 80. Los representantes de los trabajadores decidieron reclamar a la justicia y pedir que se deje sin efecto la resolución, hasta que se resuelva el fondo del asunto. Argumentan que la legislación se refiere solo a “daño actual e irreparable”, y que la firma estaría haciendo una interpretación extensiva de la norma, incluyendo daños potenciales futuros y reparables. De acogerse la orden de no innovar, el daño para la empresa podría ser significativo, pues el tema de fondo se resolverá en varias semanas.

En la nueva normativa, esta materia se hace mucho más visible aún. Entre otros puntos, se requiere iniciar la calificación conjunta de los servicios mínimos y equipos de emergencia 180 días antes de vencer el instrumento colectivo vigente, estableciéndose el número y las competencias profesionales y técnicas de los trabajadores que deberán llevar adelante esas tareas. Parecería razonable este adelantamiento, como forma de evitar que el tema sea objeto de disputa durante la negociación colectiva. Sin embargo, el asunto debe ser vuelto a tratar en la respuesta que el empleador tiene que dar al proyecto de contrato colectivo, con lo que en la práctica se pone en entredicho el proceso previo. Así, se vuelve un asunto contencioso algo que en principio no debería serlo. Este es precisamente el fenómeno que está ocurriendo en el caso de Escondida y que contribuye a hacer más impredecible el desarrollo de las negociaciones colectivas.

Nada de esto parece positivo para aumentar la eficiencia de los procesos productivos y lograr que los frutos de esa mayor productividad sean compartidos de modo justo por trabajadores y empleadores. La regulación laboral debería promover estas posibilidades, pero no es evidente que los cambios legales que debutarán en abril vayan en esa dirección. En estas circunstancias, el riesgo es que las negociaciones colectivas se tornen mucho más conflictivas, pero sin ganancias reales para los trabajadores y para el país como un todo. Este riesgo debe ser monitoreado por el Gobierno.

Editorial del diario El Mercurio