Lo que hasta hace algunos años nos parecían estrategias propias del kirchnerismo o el chavismo hoy no son ajenas –aunque sea de forma tímida– a las estructuras de poder político chileno. Por tercera vez en tres años, el actual Gobierno ha iniciado una persecución contra quienes supuestamente han difundido información falsa, como los casos de Juan Pablo Swett, Jorge Arancibia y Ramiro Plaza, ya que sus dichos causarían un daño a la fe pública y un aumento de la tensión en torno a la existencia o no de terrorismo en Chile. Pero me parece que eso es sólo una fachada para encubrir un flagrante atentado contra la libertad de expresión.

Para cualquier Gobierno –del país y color político que sea– siempre sería más cómodo que nadie hablara en su contra, que sólo se escucharan las loas a su gran labor, y una fuerte reafirmación ciudadana ante cualquier información vertida por los voceros de turno. Es decir, que no existiera disidencia ni oposición. Pero como sabemos, de ser aquello real estaríamos frente a algo que se llama dictadura.

En una democracia liberal como la que decimos tener en nuestro país, la situación debiese ser radicalmente opuesta a la detallada en el párrafo anterior. En una democracia plena, los ciudadanos deben sentirse en la libertad de decir cuánto quieran -con los pequeños límites que la ley penal establece–, más aun cuando se trata de opinar, informar o contra informar respecto a lo que nuestra autoridades afirman públicamente, no siendo admisible que los ciudadanos deban callar por miedo a las represalias que puedan urdirse en su contra sólo por manifestarse críticamente ante cuestiones de incidencia pública.

Si no podemos opinar ni cuestionar sobre quienes detentan el poder, ¿de qué forma un ciudadano común y corriente puede fiscalizar a sus autoridades? La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, pues es una de las pocas herramientas que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes para ejercer un control – por minúsculo que sea – a toda la actividad de nuestros gobernantes. Pero si cada vez que un personaje con alguna notoriedad pública, es perseguido y llamado al orden  -no olvidemos el caso de la revista Qué Pasa– por sus dichos contra el gobierno de turno, las bases del Estado de derecho se tambalean en un terreno muy peligroso para una sólida democracia como la que pretendemos seguir construyendo en Chile. Ahora bien, tampoco se trata de disparar a diestra y siniestra con el solo afán de hacer daño, ya que si vamos a exigir que el Estado y quien lo dirige respeten nuestro derecho a expresarnos libremente y así cumplir nuestro rol ciudadano de fiscalizadores del poder, también debemos ser lo suficientemente responsables cuando aquello que digamos supere los límites legales previamente establecidos.

Lamentables resultan este tipo de conductas, más aún si provienen de quienes nos representan, ellos deberían ser los primeros paladines en garantizar nuestros derechos. El Estado no debe limitarlos cuando le incomoden aquellos huéspedes a los que es difícil aplacar. Esperemos que estas persecuciones queden solamente en una oscura anécdota de un acongojado Gobierno que teme a las muchas verdades que les quedan por decir a sus ciudadanos.

Columna escrita para el Líbero por Esteban Montaner Rodríguez, investigador Fundación para el Progreso

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