Duras críticas ha recibido el Ejecutivo de parte de los colegios subvencionados por su decisión de congelar el aporte estatal comprometido en la Ley de Inclusión para los establecimientos de ese tipo gratuitos y los municipales.

Según el proyecto de Ley de Presupuestos 2018, el próximo año -y al igual que en 2017- las escuelas municipales y subvencionadas que no cobran mensualidad, no lucran y tienen alumnos vulnerables, continuarán con un “aporte por gratuidad” de $8.300 por alumno, y no de más de $10 mil, como lo estipula la Ley de Inclusión, promulgada en 2015.

Ante ello, Lily Ariztía, gerente general de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), acusó que “el Gobierno está infringiendo una ley”. Y advirtió que su red de 17 colegios sufrirá una merma de $540 millones que estaban destinados a reajustes salariales de profesores y a proyectos para los alumnos.

“Esto no está en la ley (…) jamás hubo una ley en la que se diga que (los fondos) se van a congelar por un año”, planteó Ariztía. Y aseguró que otro impacto es que “los sostenedores, una vez más, van a dudar de la credibilidad del ministerio (…). Si yo estuviera en la situación de un sostenedor, no me iría por ningún motivo a la gratuidad”.

En tanto, Libertad y Desarrollo hace ver posibles vicios de constitucionalidad en el congelamiento del aporte, pues se “vulnera la garantía que protege el derecho a la propiedad”.

Según explicaron, “cientos de establecimientos tomaron la decisión de dejar de recibir recursos privados con la garantía, establecida en la ley, de que recibirían ciertas asignaciones adicionales por parte del Estado”. Y eso no se estaría cumpliendo.

Según Hernán Herrera, presidente de los colegios particulares subvencionados de la Conacep, el Gobierno “trató que esto pasara sin que la ciudadanía y los parlamentarios se dieran cuenta”.

“Postergación transitoria”

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, salió al paso de las críticas, y señaló que la falta de reajuste en el aporte de gratuidad es una “postergación transitoria que va a afectar, marginalmente, a un número minoritario de colegios”.

Y la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, añadió que “no es que aquí se vayan a desfinanciar los proyectos, sino que los que hoy están adscritos a gratuidad están financiados con los recursos que se les estaban entregando”.

Asimismo, aseguró que “generalmente, se ha postergado la entrada de leyes, y eso es perfectamente posible en razón de motivos fiscales”.

Estos dichos molestaron aún más a los sostenedores.

Lily Ariztía respondió que “en ninguna parte dice” que serán pocos los colegios afectados por el congelamiento.

Aunque el Gobierno no especificó el número de establecimientos afectados, según estimaciones de LyD, el congelamiento del aporte implicaría cerca de $80 mil millones menos en el presupuesto, afectando a cerca de 2,7 millones de escolares, de los 3,5 millones que hay en el país.

Hernán Herrera advirtió que “si al Gobierno le parece un tema menor afectar (a al menos) un millón de alumnos de los colegios particulares subvencionados, sin duda quiere decir que no entienden nada de lo que es gestionar proyectos educativos”.

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