La sorpresiva decisión del Gobierno de no aumentar la subvención escolar para los colegios municipales y subvencionados del país -tal como establece la emblemática reforma escolar de la Presidenta Michelle Bachelet-, ha levantado una polvareda política que unió a parlamentarios del Partido Comunista y de la UDI y a candidatos presidenciales antagonistas.

Según establece la nueva ley que prohíbe el copago, la selección y el lucro, el monto del aporte por gratuidad debía subir de los $8.393 actuales a $10.791 en 2018, lo que beneficiaría a 2,7 millones de alumnos y tenía un costo fiscal de $80 mil millones. Pero un estudio de Libertad y Desarrollo reveló que dichos dineros no se incluyeron en el presupuesto público, dejando en evidencia al gobierno.

De inmediato, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó que no se entregarán esos recursos debido a la “situación compleja del punto de vista financiero” del Fisco, y que esos recursos se redestinaron a los ministerios de Salud y Obras Públicas. La subsecretaria Valentina Quiroga agregó que “las decisiones tienen que ver con la responsabilidad fiscal, que es importante respetar como país”.

Las críticas cruzadas al congelamiento de los recursos

Sin embargo, el rechazo ha generado diversas y transversales críticas. La diputada comunista Camila Vallejo calificó de “disparo a los pies” y “error garrafal” la reducción de recursos a los colegios, al igual que el senador DC Jorge Pizarro, quien agregó que es un “error gigantesco. La ley estaba financiada”. Daniel Farcas, diputado del PPD, coincidió en que es un “autogol sumamente grave, porque vulnera la fe pública”.

Los candidatos presidenciales se sumaron al rechazo. Sebastián Piñera dijo que fue un “duro golpe a la credibilidad de un gobierno”; Carolina Goic pidió una corrección “a la brevedad pues hay una ley que tiene que cumplirse”; y Alejandro Guillier calificó de “inaceptable” la decisión del Gobierno y propuso reducir los fondos de libre disponibilidad “para cumplir los compromisos con los estudiantes de Chile”.

¿“Responsabilidad fiscal” es la razón para no entregar recursos?

Pero, ¿el Estado no entregará los $80 mil millones a los colegios municipales y subvencionados  debido a la “responsabilidad fiscal”, como aseguran las autoridades del Mineduc?

Al revisar las cifras de la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda, la investigadora del ESE Business School, Cecilia Cifuentes, detectó que durante enero y agosto de este año, el gasto en personal de la Administración Pública fue de 6,1%, cifra muy superior al 4,7% que estableció el presupuesto público aprobado en el Congreso.

Eso significa, por tanto, que en los primeros ocho meses de este año el Gobierno ha destinado $72.900 millones a realizar pagos extraordinarios en personal, es decir, fuera de lo previsto en la legislación. En dicho ítem se incluyen sueldos, viáticos y horas extra que se pagan a los funcionarios públicos, tanto de planta, contrata u honorarios.

Lo más complejo aún es que, de mantenerse esa tendencia durante el resto del año, la cifra en sueldos alcanzará los $111 mil millones. Ese monto superará en $38 mil millones los $88 mil que el Estado dice no tener para financiar los colegios.

“El gobierno dice que no hay recursos para cumplir con el reajuste establecido en la Ley de Inclusión y que se necesitan para salud y OO.PP. Sin embargo, los números muestran que las prioridades son otras. Es muy lamentable, porque daña fuertemente su credibilidad”, dijo Cifuentes.

El fuerte gasto en personal y burocracia durante el gobierno de Bachelet

El gasto en personal y burocracia se ha disparado en forma importante durante los casi cuatro años de gobierno de Bachelet.

Para el próximo año, los fondos para viáticos y contratación de empleados públicos subirán 6,8% y 5,6%, respectivamente, y los recursos para renovar vehículos tendrá el mayor incremento desde que asumió el Ejecutivo.

La dotación máxima de personal contempla un incremento de 13.374 funcionarios. Ello significa que la Administración Pública podrá pasar de 227.290 funcionarios a contrata a 240.664 en 2018. Cuando llegó Bachelet en 2014, esa cifra estaba en 202 mil funcionarios, por lo que aumentará casi en 40 mil nuevas contrataciones en administración.

Por Uziel Gómez Padrón para ellibero.cl

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