La entrevista dada por la presidenta Michelle Bachelet a este diario la semana pasada, a parte de invisibilizar por unos días al incómodo candidato Guillier,  ha dado para comentarios durante varios días. Estos han estado referidos al contenido de su legado, y se han emitido a modo de juicio evaluador de sus reformas. Así, presenciamos por un lado los discursos apologéticos (convencidos u obligados) que salieron a defender los distintos cambios impulsados. Por otro, se levantaron las voces críticas que sancionan como perjudiciales -desde el punto de vista económico y social- las reformas de educación escolar y superior, de impuestos, la ley de aborto, laboral, etc. Ambas trincheras, no obstante, suponen, bueno o malo,  el reconocimiento de un legado.  Tal vez convenga preguntarse primero si es oportuno y adecuado hablar de “legado”.

Si se analizan las reformas emblemáticas impulsadas por el gobierno de la Nueva Mayoría, poniendo el énfasis tanto en la ideología o diagnóstico que las inspira, parece más bien que, antes que “legado”, se apunta al “grabado”. Mirar la obra de este gobierno implica primero centrarse en aquellas características que sellan su identidad. Por eso, en esta primera dimensión, por mucho daño que produzca la testarudez o voluntarismo con que se han sacado adelante las promesas comprometidas, es más preciso referirse al sello que define la singularidad de este mandato.

Si, por el contrario, se prefiriese observar sólo  las consecuencias o impacto económico que generarán las reformas, ahí recién se abre una ventana para evaluar las condiciones de posibilidad de un eventual legado. Claro, pues, la condición necesaria para que el trabajo de un gobierno reformador se transforme en un legado político es, paradójicamente, lograr superar la barrera de la autoría. Es decir, no basta una ley para cambiar la realidad. Los mandatarios reformistas logran legar cuando transforman subjetivamente la conciencia colectiva, y eso ocurre cuando los cambios se adhieren a las valoraciones de las personas generando una cultura que gira en torno a esas tradiciones que se logran instalar. Eso ocurre transparentemente, o sea, asumiendo y traspasando esa costumbre adquirida a los demás de modo natural.

Sin embargo, para llegar a ese estadio, se requiere hacer un duelo con el gestor, el cual no se logra automáticamente, es decir, las  reformas por sí mismas no son garantía efectiva de un cambio. De hecho, parte medular del sentido de las democracias representativas es poder cambiar y revertir los escenarios en el mediano plazo (estas mismas reformas operan como dato de constatación de este argumento). Las mayorías y consensos son volátiles, más aun en la vorágine posmoderna donde la sensibilidad cultural se “caracteriza” por la hibridez identitaria y por experienciar caleidoscópicamente la realidad.

Dicho esto, las reformas políticas y económicas promovidas y aprobadas por este gobierno y su coalición requieren generar un cambio cultural para asentar realmente los objetivos que persiguen. Si cada uno de los proyectos y leyes impulsadas por la presidenta Bachelet  no logran cambiar la valoración de los ciudadanos, por ejemplo, en la forma de elegir e involucrarse en la educación de sus hijos, en el derecho que se reconoce a los niños a tener padre y madre, o en el modo que prefieren para negociar sus salarios y horarios, o hacia dónde prefieren que se destinen sus fondos de pensiones,  entonces no será posible un cambio efectivo.

Así las cosas, al parecer la discusión iniciada por el legado es prematura y responde  más bien a los bemoles propios del ambiente electoral.