Las dos telenovelas tienen una historia muy similar y el mismo trágico final, sin embargo, una tuvo una extensa duración de dos años y medio, y la otra apenas siete meses.

Así se puede resumir la lamentable historia de las universidades privadas Arcis e Iberoamericana, que atravesaron o atraviesan una grave crisis financiera, que llevaron al Ministerio de Educación a decretar su cierre.

Pero si las crisis son similares, respecto de que se quedaron sin recursos para pagarles a sus trabajadores y proveedores, y con ello no pudieron mantener el proyecto educativo, la actuación del Mineduc, que dirige la ministra Adriana Delpiano, ha sido muy dispar.

La Arcis tuvo una deuda de $6.249 millones, casi el triple de los $2.260 millones de la Iberoamericana, y si el Mineduc demoró dos años y siete meses para anunciar un administrador de cierre de la Arcis y sólo tras un fallo judicial de quiebra, en el caso de la segunda universidad lo anunció apenas siete meses después de que se desatara la crisis financiera.

La lenta agonía de la Universidad Arcis y los intentos del Mineduc por resucitarla

La crisis de la Arcis se desató públicamente en mayo de 2014, cuando los trabajadores salieron a protestar por el no pago de sueldos. Ahí se destapó la olla de que una decena de dirigentes del Partido Comunista habían administrado la universidad durante 10 años, y que habían hecho un millonario retiro de utilidades ($530 millones) para desprenderse de su participación e ingresar al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

En diciembre de 2013, los dirigentes comunistas Juan Andrés Lagos, Jorge Insunzay Daniel Núñez (ya elegido diputado), renunciaron al directorio de la universidad y con ello se desvincularon totalmente de la administración de la casa de estudios.

Sin embargo, ello sólo dejó al descubierto el estado de gravedad en que estaba la Arcis, en que sus nuevas autoridades buscaron recursos, pero les fue imposible y se vieron enfrentados a cientos de demandas de los trabajadores por el no pago de sueldos y cotizaciones durante siete meses.

En octubre de 2014, el Ministerio de Educación inició una investigación por las anomalías en la gestión, pero concluyó que no pudo acreditar la existencia de lucro, ya que no logró acceder a las actas y documentos financieros de la institución y de sus empresas relacionadas.

Ello generó diversas críticas políticas de un eventual encubrimiento del Mineduc a la participación del PC, lo que llevó a la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

En enero de 2015 el Mineduc abrió una segunda investigación en el marco de la ley 20.800 tras recibir diversas denuncias de la “grave situación” de la Arcis, y concluyó que “no ha dado ninguna garantía de la viabilidad administrativa o financiera global de la institución”, y que no podía, siquiera, contar con el aseo e higiene necesario.

Ello llevó al ministerio a nombrar de administrador provisional a Patricio Velasco, quien intentó pagar las deudas y retomar las actividades académicas, lo que no fue posible porque no se matricularon los 500 alumnos que se requerían en marzo de 2016, sino sólo una decena.

El anuncio de un interventor de cierre lo hizo la propia ministra Delpiano pero sólo después de un fallo del Cuarto Juzgado Civil de Santiago que decretó la quiebra legal de la Universidad Arcis.

La ministra, incluso, valoró que el administrador provisional hiciera “funcionar la universidad un año y medio más, que cuando él la tomó estaba en una situación muy precaria, se ha hecho todo lo posible”.

Consultada por la eventual responsabilidad del PC en la crisis de la universidad, se limitó a decir que “aquí hay un historial de la universidad de largos años y ha tenido dificultades, yo creo que la explicación la podrán encontrar quienes tengan que hacer la administración de cierre o el tema de la quiebra”.

La rápida  intervención de Educación en la crisis de la U. Iberoamericana

En la crisis de la Universidad Iberoamericana, sin embargo, la actuación del Mineduc y de la propia ministra ha sido diametralmente opuesta a la de la Arcis.

Si en la casa de estudios administrada por el PC valoraba todo lo que se hizo para evitar el cierre, en la Iberoamericana anunció un interventor de cierre la semana pasada, apenas siete meses después de que en marzo se desatara la crisis tras el no pago de sueldos y la renuncia del rector Félix Viveros. De hecho, el Mineduc inició ese mismo mes una investigación, acogida al alero de la ley 20.800.

“Hemos estado buscando administrador de cierre de la universidad, no hay condiciones financieras para mantenerla, ese es el tema de fondo”, dijo Adriana Delpiano tras conocer un informe de la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc, en el que se llegó a la conclusión de que la casa de estudios no puede continuar, debido a los graves problemas financieros que la aquejan desde hace meses.

“Ha incumplido reiteradamente sus compromisos financieros, administrativos y laborales, y como consecuencia de ello existe riesgo serio de no garantizar la viabilidad financiera de la misma, afectando la continuidad de los estudiantes”, señala el informe, que acusa a la universidad de “incumplir en forma reiterada sus compromisos académicos asumidos con sus estudiantes, por no contar con los recursos educativos o docentes”.

La secretaria de Estado fue enfática en señalar que, a pesar de que aún existe un período de descargos para el plantel académico, desde el ministerio ya están proponiendo su cierre. “Por eso es un administrador de cierre y no provisorio (…); desde que empezamos a hacer las consultas hasta que reconocieron que no estaban en condición de sostener la universidad ha pasado un tiempo”, agregó Delpiano.

Su postura fue rechazada por el rector de la casa de estudios, Héctor Jara, quien manifestó que “la ley dice otra cosa, hay pasos previos y nosotros estaremos muy ajustados observando la ley”.

La universidad fue fundada en 1989 por la profesora Filomena Narváez, quien fue su rectora durante más de tres décadas hasta que se alejó por problemas de salud. En los últimos cinco años la familia ha estado envuelta en un profundo conflicto luego de que los hermanos Patricio y Hugo Cárdenas Narváez presentaran una demanda de interdicción por demencia contra su madre argumentando que no podía administrar sus propiedades o empresas por no estar con sus facultades mentales a cabalidad. Desde entonces, han intentado inhabilitar a su madre de 84 años en seis ocasiones.

Por Uziel Gómez Padrón para ellibero.cl

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