La forma en que los partidos tradicionales se han coludido para defender su posición de privilegio y para recibir un trato privilegiado del Servel en el proceso de reinscripción de sus militantes debilita las posibilidades de los partidos nuevos y en formación de competir en igualdad de condiciones. Resulta irónico que después de que lideraron las críticas a los casos de colusión empresarial que han remecido al país en años recientes, los mismos partidos tradicionales se comportan hoy como miembros de un cartel que defiende sus intereses en desmedro de nuevos competidores y, en última instancia, reduciendo las posibilidades que tienen las personas de escoger alternativas diferentes a las que siempre han existido.

La democracia es mucho más importante que cualquier mercado, pero sus dinámicas de competencia  pueden ser entendidas haciendo una analogía con otros mercados. Es verdad que elegir Presidente y legisladores es más trascendental, y tiene consecuencias mucho más importantes, que las decisiones que toman los consumidores sobre qué marca de papel higiénico van a comprar o cuál marca de pollos elegirán en su próxima visita al supermercado. Pero tanto en el supermercado como en las urnas la disponibilidad de ofertas y la varianza en los costos y beneficios que implica escoger alguna de las opciones disponibles refleja la calidad del mercado en el que las personas deben escoger. Por eso, así como comprensiblemente la opinión pública rechaza las situaciones en que los proveedores se coluden para fijar precios —y, por lo tanto, incumplen el requisito básico de un mercado (que los oferentes compitan entre ellos para atraer consumidores)—, la sospecha de que los partidos se comportan de la misma forma que las empresas que se coluden debiera generar el rechazo tanto de los votantes como de los partidos y grupos políticos que no forman parte de esa colusión.

La situación actual que explica por qué los partidos tradicionales han devenido en un cartel se basa en una iniciativa que los propios partidos validaron a través de sus contingentes legislativos. Después de que los escándalos de financiamiento irregular de campañas produjeran una profunda molestia ciudadana, el Gobierno de la Presidenta Bachelet nombró una comisión especial que hizo propuestas para transparentar los dineros de las campañas y eliminar los incentivos que existían para el financiamiento irregular a los partidos. Una de las propuestas de esa comisión, liderada por Eduardo Engel, era exigir a todos los partidos que se someterían al proceso de reinscripción, obligando a sus miembros a volver a llenar sus fichas partidarias de tal forma de asegurarse de que todos los legalmente inscritos en un partido sean personas que han expresado formalmente su interés de ser militantes.

La legislación, aprobada holgadamente en el Congreso, estableció los requisitos que deberían cumplir los partidos tradicionales para mantener su estatus legal. Adicionalmente, para reducir los incentivos de que buscaran financiamiento de empresas privadas, la reforma introdujo un sistema que claramente favorecía a los partidos establecidos, ya que asocia la cantidad de dinero que recibe cada tienda a la votación en la elección más reciente. Si bien tiene sentido que haya barreras de entrada y requisitos previos que deban cumplir los partidos nuevos antes de recibir jugosos fondos públicos para su funcionamiento, los partidos tradicionales también debiesen cumplir estrictos requisitos antes de recibir los recursos que ya están recibiendo.

De ahí que parece razonable exigir a los partidos tradicionales que satisfagan requisitos exigentes de reinscripción de militantes. Si reciben fondos basados en la cantidad de votos que recibieron en las elecciones más recientes, entonces parece razonable exigir que un porcentaje de esos votantes exprese formalmente su apoyo al partido inscribiéndose como militantes. Resulta curioso que partidos que han obtenido cientos de miles de votos y que reciben recursos financieros que reflejan ese vasto apoyo popular, sean incapaces de lograr que un número cercano a veinte mil personas firmen como militantes.

Ahora que se acerca la fecha límite para juntar las firmas necesarias para mantener su registro —y seguir recibiendo los cuantiosos recursos públicos que reciben—, resulta inaceptable que los partidos tradicionales se constituyan en un cartel que defienda los intereses colectivos y quiera relajar los requisitos fijados por sus propios legisladores en el Congreso. Porque la colusión es mala independientemente de si ocurre en el mercado del papel higiénico o en de los partidos políticos, resulta inaceptable que sigamos siendo testigos de esa colusión que afecta negativamente a los consumidores y a los ciudadanos.

Patricio Navia, #ForoLíbero

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