Fue en febrero de 2015 y, ahora, febrero de 2017, mes que para la Presidenta, Michelle Bachelet parecieran no ser sinónimo de vacaciones y tranquilidad. Más que eso, febrero se ha convertido para la Mandataria en una pesadilla, porque después del bullado caso CAVAL –en el que está involucrado su hijo, Sebastián Dávalos y su nuera, Natalia Compagnon-, el escándalo de la constructora brasilera OAS que, poco a poco ha ido cobrando fuerza en Chile, le ha empezado a quitar el sueño a Bachelet.

Aunque la vocera de Gobierno, Paula Narváez, insiste en su postura de siempre y, de ahí, nadie la mueve, al decir: que “ya había habido un intento en el pasado por vincular la campaña de la Presidenta Bachelet con esta empresa, tal como en esa oportunidad descartamos decididamente cualquier vinculación entre la campaña y la empresa, tajantemente”, la realidad es que el tema preocupa al entorno de la Presidenta.

El fiscal Nacional, Jorge Abbott junto a la fiscal, Ximena Chong (que lidera las pesquisas a la empresa constructora OAS, por presuntos delitos tributarios, fraude de subvenciones electorales e infracción a la Ley de Donaciones) viajarán, precisamente a Brasil, para informarse de primera fuente sobre las indagatorias que lleva a cabo el Ministerio de ese país. En este sentido, hay que recordar que Rodrigo Janot, procurador fiscal de Brasil pidió que concurrieran hasta ese país los fiscales y los procuradores generales internacionales que están, de alguna u otra manera, vinculados con las indagaciones de los casos Odebrecht y Lava Jato. Y es justo en este último caso donde aparece la empresa OAS y sus eventuales nexos con Chile y el posible traspaso de dineros para financiar campañas políticas, como la de Michelle Bachelet y el haber facilitado un jet privado al candidato del PRO, Marco Enríquez Ominami (MEO) para que recorriera todo el país con su candidatura con miras a La Moneda.

Respecto de este viaje que, por lo menos hasta hace tres meses atrás –según altas fuentes del Ministerio Público consultadas por EL MURO no estaba planificado, el fiscal nacional, Jorge Abbott afirmó: “en el viaje sostendremos reuniones con el procurador general de Brasil, don Rodrigo Janot y también con los fiscales generales de otros países de la región que puedan tener información que sea relevante para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y aquéllas que pueda abrir en el futuro”, agregando que “el combate el combate eficiente a los carteles de corrupción requiere de la cooperación internacional, y de una cooperación oportuna y eficaz”.

Génesis de la nueva arista contra Bachelet

La revista brasileña Veja reveló la confesión ante la Fiscalía de dos publicistas conocidos en el gremio, llamados José Cavalcanti “Duda” Mendonca y Joao Santana, ambos trabajaron en las campañas de la destituida Mandataria,  Dilma Rousseff  y del también cuestionado por casos de corrupción, Lula da Silva. Estos profesionales habrían señalado, sin tapujo alguno que “OAS también financió la campaña de la candidata Michelle Bachelet, electa presidenta de Chile”. Así de simple, como usted lo lee y hablamos de una firma involucrada en casos de corrupción graves, no como en Chile, donde algunos parlamentarios pasaban a otras empresas boleta ideológicamente falsas con cifras que son un chiste, muchas veces, si se compara el negociado que tenía OAS.

Un dato para entender la telaraña que se está armando con el caso OAS: José Adelmario Pinheiro Filho –Leo Pinheiro– ex presidente de OAS, fue condenado en 2015 a 16 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. “Duda Mendoça no es el único dispuesto a revelar los entretelones de las campañas presidenciales en Chile en 2013. El empresario Leo Pinheiro, también incluyó en el índice de su propuesta de delación, hecha a la Procaduría General de la República, un capítulo sobre las elecciones chilenas. Las revelaciones de Leo Pinheiro no son nada de buenas para Bachelet”, se lee en el artículo.

En un comienzo, en el caso OAS sólo apareció vinculado Marco Enríquez Ominami, quien utilizó durante tres meses el avión de la constructora para recorrer Chile, en el marco de su campaña presidencial.  Pero, en un medio radial el propio MEO tiró los dardos contra Bachelet, dejando abierta la posibilidad de cuestionamientos, al manifestar: “Cuando Michelle Bachelet recibió a esos mismos ejecutivos y a Lula en noviembre de 2013, porque recordemos que Lula y el PT la apoyaron a ella y no a mí… ¿Michelle Bachelet anticipaba que esto iba a pasar? ¿Vinculamos a Bachelet por haberlos recibido en La Moneda?”. Esa fue la pregunta que se hizo MEO, nada de ingenua por lo demás y bastó para que las sospechas comenzaran.

Gestiones en Chile por caso OAS

Hace unos días, la Brigada de Delitos Financieros de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas de la empresa brasilera OAS en Santiago, con la finalidad de conocer la información contable de la firma (entre 2012 y 2015), en el marco de la investigación que se sigue en torno a la campaña presidencial de MEO en 2013 y que, bien se podría ampliar a la campaña de Bachelet. Luego de este procedimiento de la PDI, la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, de plano descartó que el nombre de la Presidenta, Michelle Bachelet figure en la carpeta investigativa, asegurando de antemano que: “Nosotros esa información no la tenemos incorporada a la carpeta de investigación, formalmente. Nosotros, no nos hacemos cargo de informaciones de prensa. Nosotros seguimos trabajando de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado hasta la fecha y sobre el detalle de las diligencias y la orientación de las mismas, no les podemos señalar nada (…) Yo no voy a descartar ni confirmar nada”. Una duda, si Chong no tiene la intención de descartar ni confirmar nada, ¿era necesaria su aparición en los medios, la que se puede leer como un blindaje a Bachelet?, ¿no es mejor que la fiscal mantenga silencio?, ¿si no hay nada que pueda afectar a la Mandataria, porque hasta el fiscal nacional se va a trasladar hasta Brasil?, ¿cuánto información hay más y que, hasta ahora, desconocemos?

Jorge Abbott, ha manifestado en los medios de prensa que de existir delitos electorales, estarían prescritos. “Hay que ver si eso es o no constitutivo de delito, y hay que ver exactamente en qué forma se habría producido algún financiamiento por infracción a la ley, porque puede ser infracción a la ley electoral, que ustedes recordarán tiene un plazo de prescripción de un año, que ya transcurrió”, añadiendo que  “puede, eventualmente, haber infracciones de carácter tributario, por ejemplo, infracciones a la ley de donaciones, que se hace una donación y no se paga el impuesto respectivo”.

Frente a las palabras del fiscal Abbott, ¿no llama la atención su sensación de querer bajarle el perfil tema y poner paños fríos en el camino para evitar nuevas complejidades para este gobierno de Bachelet?

Un escenario complejo con aristas nuevas

El abogado, Matías Ramírez, querellante en los casos Penta, SQM y Corpesca, en entrevista con El MURO asegura que “los antecedentes conocidos, hasta el momento, son de extremada gravedad, se vinculan a una red de corrupción que ha sido bastante compleja en Brasil con personeros políticos de nuestro país que podrían haber recibido dineros”. Explica que esta situación, en la práctica, “no sólo es grave en atención a la injerencia que podrían tener grupos económicos extranjeros en la política nacional, sino respecto de cómo se ha venido realizando este financiamiento tan cuestionado de la política en los últimos años”.

Advierte, al mismo tiempo, que “nosotros habíamos cerrado el cerco en cuanto al financiamiento ilegal de empresas o grupos económicos nacionales, sin estimar que también, eventualmente, podríamos estar hablando de financiamiento ilegal de grupos extranjeros”. Es decir, de las palabras del abogado querellante en varias causas se desprende que desde el sombrero del mago podrían aparecer varios conejos que, hasta ahora, han tratado de pasar inadvertidos, de pasar ocultos, en el marco de una corrupción que puede ser a gran escala.

Matías Ramírez señala que “la corrupción es uno de los males, quizás, más complejos de este Siglo XXI a nivel mundial y, eso, particularmente, por cómo se ha hecho esta apertura de mercado cruzado, entre distintos continentes y países, donde las empresas de cualquier origen tienen intereses creados en distintos territorios. Ése es el punto, más allá de acreditar delitos tributarios o situaciones más bien tecnócratas, lo importante es determinar a qué iba ese financiamiento”.

-Desde el año pasado cuando se comenzó a vincular a Bachelet con OAS siempre la Mandataria y su grupo cercano ha insistido en que su campaña política no recibió dineros de la firma brasilera, ¿qué tan tranquilizadora puede ser para la ciudadanía esa versión, considerando el alto nivel de desaprobación a su administración y la falta de confianza?

Lamentablemente, a estas alturas, la opinión que den los políticos independientes del sector que sean, no aportan. Lo importante es que en la investigación judicial se hagan  todas aquellas diligencias tendientes a esclarecer los hechos y que logremos, al menos, alguna certeza jurídica respecto a este eventual financiamiento. Creo que valorar las declaraciones de los políticos, en este caso, de las personas que estén involucradas, no tiene mucho sentido. Aquí se tiene que avanzar con la investigación y determinar si, efectivamente, hubo o no financiamiento ilegal y si esto incidió en las políticas públicas que se podrían haber aprobado durante el gobierno.

-De manera, entonces, que ¿no hay que perder el foco y determinar cuáles pudieron ser, eventualmente, las políticas públicas que se negociaron con tal de obtener dineros irregulares?

No podemos dejar de lado eso, porque ninguna empresa de origen nacional o internacional va a entregar 500, 1.000 ó 1.500 millones de pesos por mera liberalidad, por financiar una campaña política sin obtener nada a cambio. Eso, es lo que se debe indagar y tenemos casos como Penta, SQM o Corpesca. No hay que encasillarse sólo en una situación de delitos tributarios, porque al final del día también hay intereses creados y esos dineros, a mi juicio, compran determinadas decisiones y ahí también se debe apuntar.

-Se ha señalado, a través de los medios de comunicación, que la empresa de Giorgio Martelli, quien fue el recaudador de dineros en la segunda campaña de Michelle Bachelet, sí habría recibido dineros de OAS por trabajos, supuestamente, encargados y realizados. ¿Se puede hacer el cruce y sospechar que esos recursos, finalmente, llegaron a la plataforma montada para la candidata socialista y consiguiera instalarse por segunda vez en La Moneda e instalar a sus más fieles cercanos en cargos de injerencia?

En el ámbito nacional hay cierta experiencia en cuanto a las investigaciones por financiamiento ilegal, generalmente, todos los políticos señalan, en un comienzo, que todos los trabajos fueron realizados o, en el caso de la defensa de los imputados, como ocurre con Martelli señalan esa situación. Lo importante es realizar las diligencias de investigación que correspondan. Claramente, una empresa que fue creada para financiar una campaña política es muy raro que haya realizado trabajos efectivos, eso es totalmente, cuestionable, pero más allá de apresurar juicios, lo relevante es que se avance en la investigación en Chile.

-Se ha informado que algunos empresarios de OAS no descartarían acogerse a la delación compensada, escenario que, por el momento, estaría congelado ante el Ministerio Público Federal. Sin embargo, de haber delación compensada, ¿ese panorama podría comprometer a Michelle Bachelet y a quienes participaron en su campaña?

Lo primero que hay que aclarar es que una delación compensada que se da dentro de la legislación de un determinado país, lo primero que hay que ver es hasta qué punto puede tener efecto en Chile. En este caso, es nulo el efecto y basta recordar que hace un par de semanas existió una figura similar respecto de SQM en Estados Unidos, a través del departamento de justicia, y hasta la fecha no se han conocido los antecedentes que sustentaron ese acuerdo. Lo mismo pasaría en el caso de Brasil si es que, eventualmente, la empresa llega a una delación compensada y habría que ver, entonces, cuáles son los antecedentes fidedignos que respaldan ese acuerdo y ver si es que hay algún delito de carácter tributario, ya que las diligencias van en torno a eso.

-¿Sólo establecer la existencia de delitos tributarios?

Eventualmente, estaríamos hablando de servicios que jamás fueron prestados y habría que ver cuál es el país en el que se debiera haber tributado. Ése va a ser un escenario complejo a la hora de determinar dónde se debió haber declarado ese impuesto, si en Brasil, en Chile o en ambos y, ahí, lógicamente, volvemos al cuestionado rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) que, pese a conocer varios antecedentes de delitos tributarios, lleva más de un año en inactividad en cualquier causa de carácter político. Es un escenario complicado el determinar cuáles podrían ser las figuras penales, porque pueden variar, perfectamente, ya que las figuras penales brasileras serán muy distintas a las figuras penales que tenemos en nuestro país.

Escrito por Daisy Castillo Triviños/EL MURO

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