La política de gratuidad universitaria ha tenido dos consecuencias que difícilmente pudieron no ser previstas por el gobierno. La primera, consiste en que las universidades que tuviesen una matrícula más o menos extendida, y que no estuviesen acreditadas bajo los cuatro años, estarían en problemas económicos, dada la modificación de las reglas del juego. En esta situación están las Universidades del Pacífico e Iberoamericana, y lo han estado la Universidad Gabriela Mistral y UCINF que, afortunadamente, a través de un cambio de controlador, están comenzando a recuperarse.  

Los actores de educación superior han manifestado claramente que las universidades no acreditadas deberían cerrar. Así, tenemos que el vicepresidente ejecutivo del CRUCH ha señalado en marzo de este año “que las universidades no acreditadas deben cerrar”. Es verdad que el Ministerio de Educación, a lo menos no ha impedido la fusión entre las universidades Gabriela Mistral y UCINF y ha señalado por los medios que “hemos estado bastante al tanto y vigilantes con lo que pasa con la Universidad del Pacífico”; pero, dado que era previsible que la gratuidad otorgada a algunos planteles por tener la calidad que se debe exigir para recibir fondos estatales sería delicada: ¿no es irresponsable no tener un plan de coyuntura para dichos planteles?  E incluso, ¿no habría sido mejor fomentar su fusión o programas de mejora institucional?

La segunda falta de prevención, o derechamente intenciones insondables en la elaboración de políticas públicas,  es todavía más grave y tiene que ver con el arancel de referencia. Dicho arancel pasa a ser una verdadera fijación de precios máximos para las universidades adscritas a la gratuidad. De este modo, se ha definido este arancel por el Ministerio de Educación como el “valor asignado por el Mineduc para el arancel anual de las distintas carreras que imparten las instituciones de Educación Superior, sin considerar la matrícula.

En general, es menor que el arancel real. Se define de acuerdo a indicadores como la calidad docente, tasas de titulación y retención”. Lo grave de ello es que el financiamiento otorgado a las Casas de Estudio, adscritas a la gratuidad, las tiene absolutamente desfinanciadas, desde que la diferencia entre el arancel real y de referencia debe cubrirse por las propias casas de estudios.

Cada cierto tiempo, ante la indiferencia general, se pueden apreciar los abultados déficits institucionales de las universidades adscritas a la gratuidad. Las Universidades que están en la gratuidad cada año se desfinancian y han estado aplicando importante recortes. Naturalmente, que el tener más años de acreditación debería llevar a obtener más recursos, desde que el aumento en calidad genera mayor costo. Pero el tema que acá se critica no es que se puede apreciar lo absurdo de las políticas económicas que desvinculan el costo real de la educación –o de mercado- con los fondos que reciben las universidades -ni siquiera es una mala política de fijación de precios, desde que éstos deberían representar los costos reales y en realidad reflejan en el mejor de los casos un promedio sujeto a restricciones presupuestarias del Estado-, sino la falta de seriedad en la proyección de las políticas económicas que se han desarrollado.

El debacle de la educación superior es un buen ejemplo de las políticas de este gobierno, será el legado del régimen: una verdadera debacle en la mayoría de las áreas que se han reformado.

/Columna de Rodrigo Barcía para el diario La Tercera

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