De pronto, la campaña electoral, que dormitaba tras un larguísimo invierno, se despertó bruscamente gracias a la irrupción del único actor que tiene los recursos y la capacidad de fijar la agenda de la discusión social sin restricciones: el gobierno del Estado de Chile. Empleo esta fórmula rebuscada porque la entrada en liza de la Presidenta de la República, que ostenta la doble condición de Jefa de Gobierno y de Estado, sitúa en el pasado algunas disquisiciones de la ministra Paula Narváez, portavoz oficial, sobre si el Gobierno puede intervenir en campaña en sus horas libres o no. La Presidenta es la Jefa del Estado todas las horas del día.

La portavoz intentó justificar por qué cinco ministros se han dedicado desde el lunes a arremeter contra Sebastián Piñera. Dijo que los ministros fuera de su horario laboral -¿cuál es el horario de un ministro?- pueden realizar todo tipo de actividades siempre que no utilicen recursos públicos. No parece que esta sea una norma evidente. Más bien parece que la prescindencia electoral tiene que ver con la probidad. ¿O acaso a Narváez sí le parecería bien que un ministro hiciera campaña usando el avión de una multinacional privada? ¿No es acaso el mismo ministro el recurso público que está en juego?

En una democracia, el Estado es gestionado por los políticos elegidos por los ciudadanos. Pero en Chile, hay un nivel de promiscuidad política alarmante. Una de las imágenes más lamentables es la de los candidatos (de todos los partidos) haciendo campaña junto a las mesas donde se entregan bonos sociales o subsidios habitacionales. Ahí es donde se difumina completamente la nítida separación que debería existir entre lo permanente, que es el Estado, y lo temporal, que son los gestores políticos.

Ayer, Narváez no solo le dedicó toda su comparecencia a matizar al candidato de Chile Vamos, sino que le dedicó juicios morales y políticos. En las grabadoras quedó esa reflexión de que “en la vida no solamente hay que preocuparse de los buenos negocios”. Una alusión evidente al ex Presidente empresario y tan propagandística y cuestionable como ese de que “este ha sido un gobierno de realizaciones” que lanzó en otro momento.

Que el Gobierno se haya convertido en la contraparte de la campaña de Piñera es un signo más de la gran debilidad que exhibe la candidatura de Alejandro Guillier. Ya no solo es la anécdota de jugar al escondite con el programa y de querer subastarlo al mejor postor en la segunda vuelta, sino que pone de manifiesto que el paraguas gubernamental se abre sobre alguien que no se siente cómodo debajo de él como quedó de manifiesto en “De cara al país”, el libro con sus conversaciones con Raúl Sohr.

Por el contrario, Piñera se muestra bien dispuesto a asumir parte del legado de Bachelet -insiste en que mantendrá la gratuidad educativa y que no frenará las subidas del impuesto empresarial de la reforma tributaria-, pero es repudiado por La Moneda.

Narváez estaba encendida en su comparecencia por varios motivos. Primero, por las críticas que Piñera lanzó contra la eficacia del Consejo Nacional de la Infancia, dirigido por Estela Ortiz, amiga personal de la Presidenta. Piñera lo puso como ejemplo de los órganos que piensa suprimir para ahorrar. Segundo, por la solicitud presentada en la Contraloría por los diputados María José Hoffman y Juan Antonio Coloma para que se verifique si se están cumpliendo sus lineamientos sobre prescindencia electoral de los funcionarios públicos. Y tercero, por la disputa sobre la paternidad de las obras públicas, en la que también incidió Michelle Bachelet.

La disputa más absurda es, sin duda, esta última. Ninguno de los políticos que se han pronunciad

/Columna de John Muller en El Mercurio

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