Autoridades de varios países de América Latina han sido alertadas sobre la existencia de una ruta de posibles elementos extremistas islámicos cuyo paso a través de Venezuela ha quedado documentado.

Esas personas habrían llegado a los aeropuertos internacionales de Brasil, y después de un tiempo se desplazaron a la zona fronteriza con Venezuela, país santuario que intenta alcanzar para coordinar su desplazamiento a México y luego seguir su itinerario hacia los Estados Unidos.

La alarma no es nueva, fue activada en 2014 por Gyoris Guzmán, director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de Venezuela de ese momento. Guzmán, que lleva tiempo exiliado en España por la persecución ejercida sobre él por el vicepresidente venezolano Tarek  el Aissami, explicó que su denuncia no generó ninguna atención ni reacción del Ministerio del Interior venezolano, cuya titular de entonces, Carmen Meléndez, desestimó la gravedad de lo revelado por las investigaciones.

Según asegura Guzmán, “todos los obstáculos puestos por la ministra estaban muy vinculados con el alto mando político del Gobierno, en el que para esa fecha el actual vicepresidente, El Aissami, tenía injerencia en decisiones de envergadura en el manejo de las relaciones con grupos activistas musulmanes locales y personas que llegaban del mundo árabe islámico”.

El Gobierno venezolano no lucha de manera honesta contra la criminalidad ni cumple con los compromisos internacionales, sostiene Gyoris Guzmán, ex director de la Oficina contra el Terrorismo de Venezuela.

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