La agresión con arma blanca contra el senador Fulvio Rossi durante la campaña electoral no tiene precedentes en la política chilena moderna. Supone una escalada notable respecto del patrón que han tenido otras agresiones a políticos y debe ser aclarada en todos sus detalles.

El hecho violento más grave registrado contra un político en ejercicio en este periodo democrático ha sido el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz en 1991. Sin embargo, este crimen, por sus características, bien podría inscribirse como el último del ciclo de enorme violencia política que vivió Chile desde finales de la década de 1960 y que se prolongó hasta el restablecimiento de la democracia. Esto, por supuesto, que no lo hace menos abominable. Desde esta perspectiva, sin embargo, la violencia ha estado realmente ausente de la política chilena desde el fin del régimen militar.

Por un lado, el ataque a Rossi responde a un tipo de agresión que podría ser un caso aislado de violencia o un “aviso” más que un ajuste de cuentas orquestado desde una organización criminal que podría haber tenido funestas consecuencias.

Hay una serie de detalles del suceso que hacen aún más urgente su esclarecimiento, porque le otorgan una dimensión política problemática. Los más importantes son que el senador declaró, según el fiscal, que su agresor “tenía acento extranjero y que sería una persona de raza negra”. Rossi ha insistido en su campaña senatorial en vincular la criminalidad con la inmigración. En septiembre colgó en Iquique un cartel exigiendo la expulsión inmediata de los extranjeros delincuentes. “No más migraciones ilegales”, decía el lienzo. Su campaña provocó el rechazo de la Juventud del Partido Socialista, formación de la que Rossi se desvinculó tras ser suspendida su militancia por su implicación en el caso Soquimich.

El entorno del senador ha señalado que había recibido amenazas. Sin embargo, Rossi rechazó la posibilidad de aceptar protección especial y ayer decidió acudir en solitario a una bodega de Península de Cavancha para verificar una denuncia de que su material electoral estaba en peligro de ser destruido.

La agresión al senador provocó una oleada unánime de rechazo en la clase política. La única excepción fue el diputado comunista Hugo Gutiérrez, enemigo personal de Rossi, quien pidió una rápida investigación de todas las hipótesis “incluyendo la del autoatentado”.

La pareja de Rossi, la investigadora del CEP Silvia Eyzaguirre, cuyo nombre suena entre las candidatas a ocupar la cartera de Educación si Sebastián Piñera llega a la Presidencia, criticó “los mensajes de odio, falta de respecto y violencia” que a su juicio han plagado la campaña presidencial. Esta apreciación contrasta con la opinión de otros observadores que, hasta ayer, sostenían que la campaña había sido aburrida y con bajo nivel de crispación. Y choca también con la idea generalizada de que las limitaciones introducidas por la Comisión Engel le habían quitado presión al proceso.

Sin embargo, el hecho de que durante la campaña se haya conocido que elementos del narcotráfico han contagiado ciertas estructuras del Partido Socialista e intervinieron en la recogida de firmas del candidato Guillier, permiten sospechar que la política chilena podría verse alcanzada por un nuevo tipo de violencia, sin un signo ideológico definido, con motivaciones puramente criminales y menos sistemática que la que el país conoció en el pasado. Una violencia mucho más difícil de prevenir y, por lo tanto, de consecuencias incalculables. Por eso, la unanimidad de la condena política debe ir acompañada de una resolución clara y contundente del caso.

/Columna de John Muller para el diario El Mercurio

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