Ante el Juzgado de Garantía de Iquique fue que un grupo de migrantes y  representantes de organizaciones interpusieron una querella criminal en contra del senador Fulvio Rossi.

En ella apelan a que el actual parlamentario –que perdió la reelección en los comicios de este domingo 19 de noviembre- ha cometido el delito de incitación al odio contemplado en el artículo 31 de la ley N°19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Según acusan las organizaciones, dicho delito se ha materializado en diversos espacios, entre ellos, la propaganda electoral del parlamentario en donde utilizó mensajes –medios de comunicación y afiches en el espacio público- como ‘No más migrantes ilegales, ley de expulsión inmediata a los delincuentes’, “para promover este mensaje de odio hacia las comunidades extranjeras residentes en la región de Tarapacá”.

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“Desde un comienzo el imputado promovió mediante su discurso una hostilidad hacia la población migrante“, plantea la querella, donde además acusan que “pese al repudio de diferentes actores nacionales en contra de su campaña dirigida en contra de los extranjeros residentes en nuestro país, el candidato e imputado Rossi Ciocca mantuvo su discurso de odio”.

A esto se suma, plantean los querellantes, la persistencia de este discurso tras el supuesto ataque perpetrado en contra de Rossi el 15 de noviembre.

Como explicó uno de los abogados, Matías Ramírez, “la querella busca iniciar una investigación respecto a lo que a nuestro juicio ha sido una promoción al odio por parte de Rossi, donde su campaña electoral se ha basado en vincular dos temas distintos como es la migración y la delincuencia”, en una ciudad donde “la migración históricamente ha sido un elemento vital para su crecimiento y su desarrollo”.

En la querella, en la que además invocaron a la Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación, conocida como Ley Zamudio, solicitan una serie de diligencias a la Brigada de Delitos informáticos a fin de obtener antecedentes de los mensajes de su campaña, y que se citen a declarar a los representantes de organizaciones de migrantes de la región.

Así, esperan “generar un precedente para las candidaturas a futuro de que no se utilicen ni falseen datos respecto a la migración y la delincuencia. No se puede usar a las personas como caballito de batalla”, concluyó Ramírez.

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