La manipulación de la agenda legislativa para apoyar las aspiraciones del candidato oficialista es un paso en el deterioro de la institucionalidad. Michelle Bachelet justifica su proceder en que Sebastián Piñera mostró su respaldo a Evelyn Matthei en las Presidenciales de 2013. Sin embargo, estamos ante una escalada significativa en estas prácticas, que suponen subordinar los intereses generales a los de una parte del país.

Fue el propio candidato de la Fuerza de la Mayoría quien admitió la existencia de esta estrategia. Desde el comité de ministros se dijo que se iba a acelerar la tramitación de la reforma de las pensiones. Finalmente, el Gobierno puso suma urgencia a la modificación del Capítulo XV de la Constitución y urgencia a la Ley de Identidad de Género.

Parece lógico que una vez que se ha expresado el pueblo soberano, como ocurrió el 19-N, donde además el equilibrio de las Cámaras se modificó de manera significativa, la actividad legislativa debería refrenarse y no dedicarse a provocar a sus sucesores. Actitudes como las que están despuntando en el Gobierno son el ingrediente imprescindible de crisis institucionales mayores.

El asunto incide en una de las asimetrías más irritantes que los avances tecnológicos han puesto de manifiesto: los enormes plazos que median entre la expresión de la voluntad popular y la investidura de nuevas autoridades. Esto podía justificarse cuando los medios de transporte eran el caballo o la carreta, pero no en la era de internet.

Los plazos para la toma de posesión de un presidente o de un Parlamento son muy variables. En Francia, una república semipresidencialista, solo pasaron siete días entre la elección de Emmanuel Macron y su toma de posesión como presidente en mayo. En cambio, en EE.UU., que tiene una de las constituciones escritas más antiguas del mundo, entre la elección de un presidente y su investidura median entre 72 y 78 días, un resabio de cuando el país se desplazaba a caballo. Sin embargo, el Congreso de EE.UU. queda constituido el 3 de enero, y comienza sus trabajos desde ese momento.

En Rusia, otra república semipresidencial con una Constitución moderna, el nuevo presidente toma posesión del cargo 30 días después de su elección, plazo más que razonable. En los sistemas parlamentarios, la elección del jefe de gobierno es variable y depende de la formación de mayorías parlamentarias.

Chile tiene uno de los plazos más dilatados para un sistema presidencial. El nuevo Congreso se formará 112 días después de su elección. El presidente será investido 84 días después de la segunda vuelta electoral.

Una inesperada decisión de Alejandro Guillier, sin embargo, puede obligar al gobierno a realizar una contorsión adicional. El candidato anunció, tras reunirse con el movimiento No+AFP, que quiere que el gobierno retire la urgencia a la tramitación de la actual reforma de pensiones. De esta forma, la discrecionalidad de aumentar o rebajar la urgencia de las leyes se apoderará de los últimos meses de vida del actual Congreso, sometido a los caprichos de la ventaja electoral.

/Columna de John Muller para El Mercurio

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