Hasta hoy tienen plazo todas las instituciones de educación superior para manifestar su decisión de adscribirse a la gratuidad en 2018. Y pese a cumplir con los requisitos en materia de acreditación y ausencia de lucro para que sus estudiantes sean parte del beneficio, hay universidades que no se van a sumar por tercer año consecutivo.

Es el caso de la U. Adolfo Ibáñez. “Independientemente de la tramitación de la ley de educación superior, las condiciones iniciales no han cambiado. La gratuidad afecta la independencia económica de la universidad y eso ha sido una realidad en las instituciones que optaron por gratuidad y permanentemente se quejan de que no les llegan los recursos o que son insuficientes, y que por tanto van contra su proyecto educativo”, afirma el rector, Andrés Benítez.

En ese sentido, añade que en la U. Adolfo Ibáñez “sin gratuidad hemos podido tener los mismos alumnos y subir los puntajes, lo que habla de que hay un sector de la población que está apostando a la calidad más que a la gratuidad”.

Argumento similar es el que manifiesta el rector José Antonio Guzmán, de la U. de los Andes, otro de los cuatro planteles que optó continuar fuera del beneficio.

“La gratuidad, tal como está concebida hasta ahora, mantiene abiertas muchas interrogantes y gran incertidumbre acerca de los flujos futuros de financiamiento. Las instituciones que se han adherido al régimen de la glosa presupuestaria han tenido problemas importantes”, dice Guzmán.

La crítica hacia los problemas de financiamiento que se desprendería de la gratuidad es común entre estos planteles, lo que genera un ambiente de incertidumbre debido a los cambios que se han generado en las fórmulas de cálculo de los aranceles.

“Quienes se han suscrito a la gratuidad han debido enfrentar serios problemas financieros, con consecuencias variadas como la disminución de presupuestos en el desarrollo de áreas, contracción en la planta académica y de investigadores, o el cierre de centros o institutos. Además se suma la incertidumbre por los cambios en las fórmulas de cálculo. Por todo lo anterior, hemos decidido mantenernos al margen de este mecanismo”, explica Hugo Lavados, rector de U. San Sebastián.

Ese plantel tiene becas internas con copago cero para los alumnos que cumplan con excelencia académica y condiciones socioeconómicas vulnerables, además de porcentajes variables del arancel como forma de ayuda. “No estamos tratando de suplir la gratuidad, porque estamos convencidos de que los alumnos que nos prefieren ya saben las condiciones al postular”, afirma Lavados.

Su par de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, explica que “si nos sumáramos a la gratuidad bajo las condiciones actuales seríamos tremendamente irresponsables y pondríamos en riesgo la estabilidad financiera institucional por cuanto los déficit en vez de ir disminuyendo han ido aumentando con los años”. Esta situación, agrega, ha generado que las instituciones “pongan en riesgo su estabilidad financiera y se arriesguen a deteriorar la calidad”.

Para compensar el hecho de no contar con el beneficio, en la U. Mayor cuentan con “un sistema propio de becas y créditos para nuestros estudiantes asociado a mérito y vulnerabilidad”, según su rector.

Siguiendo la línea disidente de estas cuatro universidades, en el caso de los IP y CFT uno de los planteles que contaba con todos los requisitos para sumarse a la gratuidad es el IP Aiep, que depende del grupo educacional Laureate, el que según su rector Fernando Martínez, aún no toma la decisión por aspectos que tienen que ver con la autonomía.

“Tenemos una serie de reparos en torno a los efectos del proyecto de educación superior en la autonomía institucional, así como también en relación con la sostenibilidad de las instituciones que adhieran en el largo plazo a esta política”, indica Martínez.

Por otro lado, en 2018 habrá nuevas instituciones que se sumarán al beneficio, como el IP Guillermo Subercaseuaux, el que siempre se ha constituido como una institución sin fin de lucro, y ahora podrá acceder al beneficio gracias a que aumentó su acreditación de tres a cinco años. Según cálculos de su rector, Mario Merino, la política beneficiaría al 60% de la matrícula, lo que equivale a 2.300 alumnos aproximadamente.

“El martes ya enviamos la carta al ministerio para manifestar nuestra intención de adscribirnos al sistema. Dada la condición socioeconómica de una cantidad importante de nuestros alumnos siempre tuvimos la expectativa de poder participar y esperamos que ahora nuestra solicitud sea acogida”, dice Merino.

Mismo camino es el que quiere seguir el CFT de la UC Valparaíso, que acaba de acreditarse por cuatro años. En octubre, según detalla su director general Benito Barros, ya entregaron los documentos necesarios para convertirse en una entidad sin fines de lucro.

“Si somos aceptados se podría ver beneficiado el 80% de nuestros estudiantes, lo que debe ser a una cifra cercana a los tres mil alumnos”, indica el directivo.

/gap