La corrupción en el Perú, es cierto, nació antes de la República y si bien ha cubierto con su oprobio la mayor parte de la historia, fue a partir del golpe de Estado del fujimontesinismo del 5 de abril de 1992 que institucionalizara el proyecto neoliberal, que adquirió una dimensión desconocida en el país.

Apenas 16 meses después de su elección, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), veterano de Wall Street y exministro de Economía de 79 años, estuvo a punto de ser depuesto de su cargo poracusaciones sobre sobornos y corrupción de la trasnacional brasileña Odebrecht.

El remezón sísmico de fin de año comenzó con la detención de cinco grandes empresarios constructores, entre ellos los de GyM, sospechosos de haber coimeado al entonces presidente Alejandro Toledo a cambio de preferencias y sobrecostos en la Interoceánica Sur. Entre ellos destaca José Graña Miró Quesada, miembro connotado, como sus apellidos lo indican, de varias ramas de familias limeñas encumbradas de viejo arraigo.

Si bien los fujimoristas no eran de compartir fiestas con gente como Graña Miró Quesada, siempre fueron de la mano con ellos, apoyándose mutuamente en cada elección desde 1993, hasta que llegó la segunda vuelta del 2016 cuando las familias de arraigo optaron por PPK. Una vez iniciado el nuevo gobierno, a medida que se acumularon las sospechas contra Graña y Montero y las constructoras protegidas por el nuevo mandatario, el fujimorismo terminó atacando a Kuczynski y al Poder Judicial, acusándolos de encubrir las “empresas consorciadas” de Odebrecht, donde destacaba la constructora GyM.

Algunos hablan de una lucha de poderes entre el grupo elitista establecido (el poder fáctico del país) y otro emergente, sin tanta alcurnia. En junio de 2016 se produjo un duro enfrentamiento entre el fujimorismo y el grupo El Comercio, poco antes de la segunda vuelta, cuando se difundió que Joaquín Ramírez, secretario general de la fujimorista Fuerza Popular y generoso aportante de la campaña de Keiko Fujimori, estaba involucrado en una investigación de la DEA por lavado de activos en Miami.

Ramírez era parte de la familia dueña de la universidad privada Alas Peruanas, y el choque entre el grupo elitista y el emergente, contribuyendo a la derrota de Keiko. La llegada a la presidencia de PPK gracias a este escándalo, y el control mayoritario del Congreso por parte de Fuerza Popular, hizo que estas heridas –y estos intereses financieros, económicos y políticos- llevaran a un enfrentamiento.

No se puede considerar que el escándalo que conmociona al país por el reparto masivo de coimas realizado por la empresa brasileña Odebrecht, a un vasto número de políticos y funcionarios públicos de los últimos cuatro (Fujimori, Toledo, Alan García y Humala) gobiernos, como un asunto puntual: trata de un tema estructural, de funcionamiento del sistema económico y político.

El escándalo Odebrecht no es la excepción sino la regla, la punta del iceberg que se conoce por denuncias extranjeras que, en principio, solo intentaban sacar del gobierno y del poder al Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil y que devino en un golpe policial-judicial-parlamentario, cuya bandera misma es la corrupción. En Brasil y en Perú también, los corruptos y corruptores, individuos o empresas, por más obvia que sea su participación siguen paseándose orondos por calles y plazas, prestándose a entrevistas televisadas, porque su actividad, paradójicamente, se ha naturalizado.

El cambio más importante que produjo el golpe de 1992 fue el cambio en la relación entre la economía y la política. Para hacer negocios en el Perú no servía tener amigos en el poder sino se volvió indispensable haber capturado al poder de turno y tener el control de quienes gobiernan. Desde entonces, la ganancia en los grandes negocios ya no solo depende mayormente de las relaciones políticas que desarrollen las empresas.

Ello ha significado el regreso violento, por la vía del golpe de Estado, al asalto masivo de las arcas públicas por parte de quienes controlan y finalmente gobiernan en el Perú, la insolencia del Estado de clase. Pero esta relación perversa entre economía y política que se potencia en dictadura, entre 1992 y el 2000, continúa en democracia. Los grandes negocios secuestraron la democracia peruana.

Es el modelo, el capitalismo de amigotes, que en Perú se ha desarrollado en los últimos cinco lustros para desfalcar al Estado, con ejércitos de reclutas privatizadores para favorecer a cualquier precio el interés privado nacional y trasnacional. Podemos llamarla eufemísticamente capitalismo de amigotes, o simplemente corrupción. Las coimas y sobornos a los altos funcionarios públicos y los políticos son un mecanismo central en el mundo de los negocios para ver quien usufructúa mejor de la captura del Estado.

Más allá de las tensiones socioculturales entre encumbrados y emergentes, lo que pesa es que hay fuego cruzado entre todos los implicados en el caso Lava Jato, sean o no de alcurnia. Quitar a Kuczynski no parece ser la solución, obviamente, porque no garantiza en absoluto una profunda reforma política que otorgue voz a las granes mayoría de excluidos y asiente una democracia participativa. El banquete de los últimos cinco lustros, no solo ha sido para unos pocos sino que estos llegaron con trampa.

Lo cierto es que se va acelerando el descrédito generalizado de la clase política, los grandes empresarios y los sesudos economistas y prestigiosos abogados que aprobaron uno tras otros proyectos lesivos a la nación. Algunos hablan del fin de la República Empresarial la alianza de poder que la inauguró en 1990, se reforzó en 1993 al aprobarse la constitución neoliberal, y que, con altas y bajas, continua hasta ahora. El caso de PPK pasa a ser anecdótico en medio de una corrupción endémica y muy neoliberal.

Por Nicolás Naranjo, Catedrático de la Universidad San Marcos, Lima, para Nodal.