Los trascendidos y especulaciones con el posible cierre de Punta Peuco vienen sonando con fuerza hace meses. En especial luego de que en julio pasado la Presidenta Michelle Bachelet confirmara que iba a cumplir todas sus promesas, incluida la que le hizo a Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas del denominado caso Quemados. La mujer dijo que en una reunión la Mandataria se comprometió a cerrar el penal.

Y se esperaba que ayer, durante el lanzamiento del primer Plan Nacional de Derechos Humanos, la Presidenta finalmente oficializara la clausura. Sin embargo, la jefa de Estado no tocó el tema, pero sí hizo otros anuncios tanto o más importantes para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“Este plan, que tiene una vigencia de cuatro años, no busca hacer la tarea de un gobierno, sino de un Estado, apuntando al diseño e implementación de las políticas orientadas al respeto, protección y promoción de los derechos humanos”, comentó Bachelet, antes de detallar algunas de las 500 medidas propuestas en la iniciativa.

Entre ellas: la creación de una comisión permanente para el esclarecimiento de todas las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el régimen militar; las alternativas para dejar sin efecto los beneficios para los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad, y la ejecución de un plan nacional de búsqueda y destino final de detenidos desaparecidos. Respecto de los beneficios, estos serían vinculados a las pensiones que reciben los sentenciados por este tipo de delitos, entre las cuales hay algunas de invalidez.

Pero el grupo de medidas también aborda temas como la promoción de la no discriminación de ningún grupo o persona por motivos de género, edad, pertenencia cultural, identidad de género o diversidad sexual, o discapacidad. Asimismo, se pone énfasis en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. En ese contexto, el Ministerio de Educación se encargará de difundir un manual que ayude a elaborar protocolos contra el acoso sexual en las universidades, institutos y colegios. La fiscalía, en tanto, abordará las manifestaciones de violencia de género en el ámbito penal. La propuesta del gobierno también apunta a los migrantes y refugiados, para los que contempla estrategias de inclusión e incorporación de facilitadores lingüísticos.

Piñera y Punta Peuco

Pero pese a que la iniciativa aborda diversas materias, al término de la ceremonia las dudas se centraron en lo relativo a las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el régimen de Augusto Pinochet. Puntualmente, en si el presidente electo, Sebastián Piñera, cumplirá con lo que estipula el programa. “ (Esto se tiene cumplir) porque lo dice la ley y ella nos obligaba a entregar este plan en diciembre de 2017 y lo hemos cumplido”, aseguró el ministro de Justicia, Jaime Campos, en alusión a la norma que decretó la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Ante la insistencia de la prensa respecto a si el próximo gobierno deberá cumplir con el plan, el secretario de Estado dijo: “pregúntenselo a él (a Piñera), pero si la ley lo obliga y el gobierno a través de un acto de la potestad reglamentaria como es un decreto supremo lo dicta, obviamente que cualquiera que sea tiene que ejecutarlo. Ahora, si él lo quiere modificar tendrá que dar sus razones”.

En tanto, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, comentó que la permanencia en el tiempo del plan no solo tendrá que ver con cumplir la ley. “Los objetivos que se han planteado están en base a obligaciones como Estado en materia internacional y también a recomendaciones que han hecho organismos internacionales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos para avanzar en el tema. Por lo tanto, está hecho por un gobierno, pero es una pretensión de Estado”, advirtió.

Para Raúl Meza, abogado de varios internos de Punta Peuco, “este anuncio (de quitarles beneficios a ex uniformados) es absolutamente inconstitucional respecto de los militares que ya fueron condenados, porque los beneficios otorgados son derecho adquiridos”.

Y agregó: “Tenemos la convicción de que a partir de los compromisos que existen en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, el plan nacional de DD.HH. no será implementado, por ser incompatible con los compromisos asumidos”.

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