“Luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”. Así de contundente fue el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) en su informe presentado este lunes sobre la situación venezolana.

El examen preliminar del organismo comenzó el 8 de febrero de 2018. Con la resolución anunciada el lunes, dio por concluido ese examen preliminar “a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”. En pocas palabras: el dictador Nicolás Maduro y la cúpula del régimen venezolano están, como nunca antes, en la mira de la justicia internacional por las innumerables denuncias de crímenes de lesa humanidad

“La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”, señala el informe.

Ahora, el documento se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, ya que la CPI es un tribunal de última instancia que sólo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.

La sentencia máxima de la CPI es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal- pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua. A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la CPI desde su concepción, aunque no todos han pasado tiempo tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos, y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.

Dictadores como Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda), entre otros, han sido procesados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.

A continuación, el caso de cada uno de ellos.

Slobodan Milosevic

Nacido en la localidad serbia de Požarevac, Milosevic fue elegido presidente de la República Socialista de Serbia en mayo de 1989. Con su llegada al poder, y tras la caída de regímenes comunistas en Europa del Este, potenció un fuerte discurso nacionalista. Después de 13 años de un gobierno en el que alimentó el conflicto étnico y los asesinatos en masa en la antigua Yugoslavia, que gobernó de 1997 a 2000, el líder fue derrocado por un levantamiento popular ese último 2000.

En 2001, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó la detención de Milosevic, que fue concedida por las nuevas autoridades serbias. El 1 de abril de ese año, y luego de dos días de violenta resistencia en su casa, el dictador acordó su entrega en Belgrado y fue trasladado a La Haya.

En la ciudad holandesa se le inició un proceso legal por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, durante la guerra de Yugoslavia. Más específicamente estaba acusado por su papel en los conflictos de Bosnia (1992-1995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999). Según la acusación de la CPI, el objetivo de Milosevic en esos conflictos era crear una “Gran Serbia” que congregara en un solo Estado a todos los serbios de la antigua Yugoslavia.

Se convirtió así en el primer ex jefe de Estado que comparecía ante un tribunal internacional en el proceso más importante por crímenes de guerra en Europa después del de Nüremberg (1945-1946).

El 11 de marzo de 2006, fue hallado muerto en su celda, en el centro de detención del tribunal penal en Scheveningen, en La Haya.

Muammar Gaddafi

El dictador libio condujo su país durante cuatro décadas, desde 1969 hasta 2011. En febrero de 2011 se desató una ola de manifestaciones populares demandando al gobernante reformas políticas y económicas. La respuesta fue una dura represión, que dejó varios muertos y heridos.

La Corte Penal Internacional ordenó la captura de Gaddafi; de su hijo, Saif el Islam; y de Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, por crímenes de lesa humanidad. Sanji Monageng, presidente de la sala que pidió la detención del dictador libio, indicó que los acusados controlaban “el aparato estatal y a las fuerzas armadas que atacaron a la población durante las revueltas”.

El conflicto llevó a una rebelión a gran escala y a un conflicto armado, que contó con el apoyo de la OTAN y otros países aliados a los opositores. Cuando las tropas opositoras lograron el control de la capital, Gaddafi huyó a Sirte.

El dictador no llegó a ser trasladado a La Haya, ya que en septiembre de 2011 fue capturado por las milicias de Misrata y ejecutado.

Omar al-Bashir

El teniente general gobernó Sudán por 30 años, entre 1993 y 2019.

En marzo de 2009, la Corte Penal ordenó su captura por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur, donde cientos de miles de personas fueron asesinadas en 2003. Fue el primer jefe de Estado en ser acusado por la CPI. En 2010, la Corte lo volvió a acusar de genocidio.

El ex dictador, conocido como “el carnicero de Darfur”, fue derrocado en abril de 2019 luego de las masivas protestas que comenzaron en diciembre de 2018, a raíz de la profunda crisis económica que todavía sufre el país.

Ante el descontento popular, el Ejército sudanés derrocó a Al-Bashir, de 76 años, quien actualmente se encuentra encarcelado en Jartum.

Jean Kambanda

Fue el primer ministro durante el gobierno interino de Ruanda desde el comienzo del genocidio en 1994.

El 18 de julio de 1997 fue arrestado en Nairobi, capital de Kenia, y trasladado al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 1994 para arrestar, juzgar y condenar a los autores o promotores del genocidio que provocó el asesinato de entre quinientos mil y un millón de personas de la población tutsi.

El 4 de septiembre de 1998, el Tribunal condenó a Kambanda a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Laurent Gbagbo

Presidente de Costa de Marfil entre 2000 y 2011, fue el primer ex jefe de Estado bajo custodia de la CPI en 2011.

Tras las elecciones de 2010 se desató un escenario de violencia, luego de que Gbagbo se declarara vencedor en las presidenciales, cuando la comisión electoral independiente lo había dado el triunfo al opositor Alassane Ouattara. La comunidad internacional reconoció al opositor como ganador, e impuso sanciones económicas a Gbagbo.

En el marco de la guerra civil, también hubo intervención militar, sobre todo tropas francesas. El 11 de abril de 2011, Gbagbo fue detenido en el búnker en el que se había recluido durante varios días por las fuerzas que respondían al electo Ouattara.

En noviembre de ese año fue extraditado a La Haya para ser juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante la violencia postelectoral que dejó cientos de muertos.

Nicolás Maduro

El dictador venezolano cuenta con decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos como la OEA y la ONU. En su informe de este lunes, la CPI apuntó directamente contra los cuerpos de seguridad que responden a Maduro: la Policía Nacional Bolivariana; (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.

El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.

La persecución política también está incluida en el reporte de la fiscal, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establacer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”.

De iniciar la investigación formal, la fiscalía pasaría a la siguiente etapa del proceso legal, donde recabaría nueva evidencia para luego identificar a los sujetos que serían acusados formalmente por la Corte. Luego, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de el o los sospechosos y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una audiencia posterior determinarán, después de escuchar a las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los acusados.

Bensouda dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, dar por concluido el asunto.

El informe de la CPI sobre Venezuela

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