Llevamos casi cuatro años desde que se comenzó a discutir la mal llamada Reforma a la Educación Superior. Y digo mal llamada ya que, en los hechos, el Gobierno nunca ha propiciado la discusión en temas que son de fondo, como la obsoleta arquitectura curricular, las nuevas formas de enfrentar el avance del conocimiento y lo que conlleva la aparición, fusión y desaparición de disciplinas del conocimiento; los mayores desafíos en materia de investigación científica y, por cierto, enfrentar con fuerza y vigor el incremento de los recursos; la necesaria internacionalización de nuestro sistema, la falta de un “norte” que guíe los desafíos de futuro, y otros tantos temas que son recurrentes en los foros académicos internacionales.

El Gobierno, sin embargo, centró la discusión en la burocracia estatal. Promovió la creación de una subsecretaría con poderes atentatorios de la autonomía universitaria; una nueva Agencia de Calidad que coarta la independencia de la actual Comisión Nacional de Acreditación, y que pocos entienden la razón de fondo para reemplazarla; una nueva Superintendencia de Educación Superior, que en vez de regular, con sus extraordinarias atribuciones, ahogará a las instituciones, y por cierto la gratuidad universal, aquella que en estado de régimen logrará que los pobres financien la educación de los ricos.

Pero en toda esta discusión ha pasado desapercibido un tema del todo preocupante, como lo es el Marco Nacional de Cualificaciones, iniciativa que nace del sector empresarial minero como una necesidad para poder orientar al sector formativo técnico en las competencias formativas que ellos, como empleadores, requerían en su sector. Las instituciones de formación técnica entonces acogieron dichas sugerencias y las incorporaron en sus mallas curriculares, ayudando con ello a la empleabilidad. Hasta ahí, una iniciativa del todo valorable y que debiera extenderse a muchos subsectores del mundo técnico-empresarial.

Pero de ahí a incorporarlo a la formación universitaria existe un mundo de diferencia.

La ley dice que “(…) es un instrumento para organizar y reconocer aprendizajes (…) distribuidos en niveles, los que comprenden conocimientos, habilidades y competencias…”; prosigue el artículo: “(…) contribuir a la generación de un sistema coordinado e integrado de cualificaciones, que considera tanto la educación formal como la no formal (…)”. Y agrega: “Este instrumento busca fomentar la calidad y pertinencia de la oferta de educación y formación (…) así como promover los aprendizajes a lo largo de la vida de las personas, orientándolas…”. El articulado prosigue con una serie de acciones, dejando el control de este nuevo instrumento en las manos de la Subsecretaría de Educación Superior.

Lo primero que hay que decir es que su redacción es consecuente con toda la orientación del proyecto de ley, pues el verdadero hilo conductor del mismo es que el Estado tome el control total del sistema. No obstante, eso no quiere decir que sea sano ni razonable.

Tampoco parece sensato que, en un tema de tanta relevancia como la formación y generación de conocimiento, sean los gobiernos de turno los que entreguen los lineamientos; tampoco les podemos asignar ninguna competencia para guiar el destino de los individuos, ni menos aún les compete la “orientación en la conformación de sus trayectorias formativas laborales”, como lo establece el proyecto.

¿Quién puede creer verdaderamente que los funcionarios públicos tengan el poder sobre los individuos, menospreciando su capacidad de discernir y de elegir libremente lo que mejor les conviene para sus vidas? ¿Parece razonable que por un capricho legislativo se ponga en riesgo la libertad individual de las personas? ¿Cómo no se entiende que con una iniciativa de esta naturaleza se pone en riesgo la heterogeneidad de los proyectos educativos, tendiendo a normalizar lo que se enseña, el cómo se enseña y las innovaciones que a esas instituciones les parezca lo más adecuado realizar? ¿A alguien le parece razonable que se desconozca, en forma explícita, que en cada una de nuestras universidades existe un prestigioso cuerpo académico que dedica su vida a estudiar e investigar materias formativas? ¿No se darán cuenta que existe una flagrante intervención de las universidades, pasando a llevar su autonomía? ¿No se dará cuenta el Gobierno que en algo tan cambiante como es el conocimiento se pretenda dejar establecido por ley una iniciativa que necesariamente quedará obsoleta en el cortísimo plazo?

Es de esperar que en la discusión parlamentaria se retome la sensatez y se recapacite sobre el profundo daño que iniciativas como estas pueden provocar en nuestra sociedad.

Blog de Rubén Covarrubias Giordano, Rector Universidad Mayor en El Mercurio

/gap