Emulando la estrategia utilizada por la dictadura militar antes de dejar el poder, el gobierno de Michelle Bachelet quiere promulgar sus propias leyes de amarre, introduciendo reformas de último minuto que el electorado, por la forma en que votó en las recientes elecciones, aparentemente rechaza. Como la democracia supone respetar la voluntad popular, el gobierno de Bachelet debiera dedicarse a entregar la casa en orden y evitar manchar su legado implementado leyes de amarre que desoyen la voz de la gente.

Antes de dejar el poder en 1990, la dictadura militar promulgó una serie de leyes, varias de ellas en la víspera del traspaso de mando el 11 de marzo. Estas normas de amarre buscaban materializar el iluso sueño de Francisco Franco de dejar todo “atado y bien atado”, para que los gobiernos que le sucedieran no pudieran alterar el orden establecido por su dictadura. Pero como lo demostró España, y también Chile, los nuevos gobiernos pueden desamarrar los nudos que dejan sus predecesores cuando la sociedad tiene marcadas preferencias a favor de hacer cambios. En Chile, los gobiernos democráticamente electos pudieron alterar —cuando buscaron construir acuerdos— los amarres dejados por la dictadura. Es verdad que algunos amarres sobrevivieron por varios años, pero eso se debió más bien a que no había mayorías decisivas a favor de eliminarlos (en los 90, el PDC fue una fuerza moderadora en una Concertación en la que los partidos de izquierda eran minoritarios).

Después de la dictadura, la democracia chilena se consolidó, las leyes de amarre fueron remplazadas y quienes se opusieron a que la sociedad evolucionara fueron duramente castigados por el electorado. La historia demostró que no se puede dejar todo “atado y bien atado”, porque las sociedades siempre evolucionan y los muros construidos para evitar esa evolución terminan siendo objetos de museo que nos enseñan que los legados de los gobiernos son siempre superados por otros que vienen después.

Lamentablemente, el gobierno de Bachelet está cometiendo el mismo error que la dictadura militar antes de dejar el poder. Obsesionada con dejar un legado que no sea sujeto de revisión por su sucesor, la administración está intentando generar un frenesí legislativo en las últimas semanas de funcionamiento del Congreso. Considerando el receso de febrero, el Congreso saliente tiene sólo cuatro semanas de trabajo legislativo antes de que sea remplazado por el recién elegido.

Es verdad que todos los gobiernos buscan apurar la tramitación de sus proyectos de ley prioritarios antes de dejar el poder. Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2014, el de Piñera promulgó 23 leyes. En el mismo período de 2010, el gobierno saliente de Bachelet promulgó 15 nuevas leyes. Esto contrasta con las 10 publicadas por los gobiernos salientes de Lagos y Frei a comienzos de 2006 y de 2000 respectivamente. Pero claro, entonces ambos Presidentes iban a ser sucedidos por otros de su misma coalición, por lo que había menos preocupación por los cambios en prioridades que tendrían los nuevos gobiernos. De ahí que el frenesí legislativo del gobierno de Bachelet no debiera ser sorprendente. Todos los gobiernos salientes lo experimentan.

Sin embargo, la naturaleza de las leyes que pretende aprobar Bachelet antes de dejar el poder el 11 de marzo hacen de esta temporada de urgencias legislativas algo altamente inusual. El gobierno busca, entre otras cosas, que el Congreso apruebe una ley que modifica el funcionamiento de las universidades estatales, otra sobre identidad de género e incluso la reforma a las pensiones. Cada una de esas iniciativas involucra una serie de cambios que tendrán importantes consecuencias en las vidas de los chilenos. Como el gobierno se demoró sobremanera en ingresar algunos de esos proyectos y en otros la tramitación legislativa fue especialmente lenta —precisamente por las diferencias que existían entre los propios legisladores oficialistas sobre algunos alcances de la agenda que impulsaba el Ejecutivo—, parece poco razonable que éste busque ahora apurar el proceso para lograr la promulgación de esas leyes antes de dejar el poder.

Es comprensible que todos los gobiernos, especialmente aquellos que fueron derrotados en las urnas, quieran asegurar que sus legados se prolonguen en el tiempo. Así como el electorado se pronuncia en las urnas, la sociedad evoluciona de formas que los gobiernos no son capaces de controlar. En tanto las prioridades que promueve la administración saliente sean las mismas de la sociedad, su legado se consolidará en el tiempo. Si, en cambio, rema en una dirección contraria a la que avanza la sociedad, por más que intente promulgar leyes de amarre de último minuto el gobierno no podrá frenar el avance del país en una dirección contraria a la que aspiran los que están a punto de abandonar La Moneda.

Patricio Navia, #ForoLíbero

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