El ex subsecretario del Interior y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felie Harboe, piensa que las eventuales filtraciones desde la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y Ministerio Público al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, son una “situación de extrema gravedad, porque dejan de manifiesto que existe una vulneración de los protocolos de seguridad en dos instituciones encargadas de contribuir en la persecución penal”.

Pero además agrega que “no es aceptable que una abogada esté entregando aparentemente información operativa que va a realizar el Ministerio Público para que un contacto suyo en la ANI se lo entregue después al señor Llaitul, considerando además la gravedad de los hechos en la región de La Araucanía”.

El parlamentario anuncia que para hoy se espera la vista del Fiscal Nacional y del director de la ANI a la comisión de seguridad del Senado, que tendrá carácter de secreta, para abordar algunas de las interrogantes que hay sobre el tema.

– Se ha hablado de hacer una comisión investigadora para determinar responsabilidades políticas. ¿Qué le parece?

– No sirve de nada, es una pérdida de tiempo. Hay dos razones, la primera tiene que ver con que las personas invitadas a la comisión investigadora probablemente se van a excusar de ir. En el caso de la abogada del Ministerio Público, no está obligada a comparecer porque la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sólo puede investigar actos de gobierno y el Ministerio Público no es de gobierno. En segundo lugar el funcionario de la ANI probablemente también se va a negar a ir argumentando que hay un proceso penal pendiente. En consecuencia, creo que no tiene ningún sentido una comisión investigadora, y mal podría un ministro o un subsecretario -cualquiera sea el gobierno-, estar al tanto de una filtración de esta naturaleza, puesto que justamente ambos funcionarios tienen el deber del secreto y reserva, es decir, ni siquiera pueden informar a sus autoridades superiores. Por eso nosotros los vamos a invitar a conversar en una sesión declarada secreta justamente para ver cuál es el grado de vulnerabilidad, y si se estima que hay otros casos que pueden estar ocurriendo, qué medidas internas están adoptando las instituciones para evitar este tipo de situaciones.

– ¿Qué riesgos tiene este tipo de filtraciones?

– Esto es de extrema gravedad, estamos hablando de que al filtrarse información de un procedimiento operativo, los delincuentes podrían haber estado esperando preparados y haber fallecido un policía. Esto es muy delicado, muy complejo. Cuando se arma un operativo policial para detener un delincuente, sea por violencia rural, por narcotráfico, por delitos violentos, los riesgos que corren los policías es muy alto, que aumenta cuando se alerta a quienes van a ir a buscar.

– ¿Qué responsabilidad les cabe a las autoridades de ambas instituciones?  “De comprobarse me imagino habrá renuncias en ambas instituciones”, dijo usted en Twitter.

– Me refiero principalmente a los involucrados. Acá lo que se requiere, si es que hay una comprobación de que hubo filtración de esta naturaleza debieran salir las personas involucradas inmediatamente, sin perjuicio de las responsabilidades penales que les correspondan a cada uno. Además hay que ver si sus jefes directos estaban informados, si tenían cómo evitar la situación, si tenían protocolos o no de actuación, todo eso está reglamentado a nivel internacional.

– Se ha hablado también de las operaciones que se pueden haber visto frustradas por el anticipo de información a quienes podrían estar involucrados. ¿Cómo se corta el problema de raíz?

– Primero, tenemos otro problema, en donde no han reparado los medios, pero este caso se conoce por otra filtración. ¿Cómo es posible que El Mercurio publique una parte de una carpeta secreta de una investigación?. ¿Quién le entregó a El Mercurio esa carpeta? Bueno, ahí también hay un delito que es la violación del secreto, porque el pinchazo de teléfono que nos está sirviendo para investigar también es una diligencia de carácter secreto. Evidentemente acá tenemos filtraciones de distinta naturaleza, lo que revela además que podríamos estar en presencia de una filtración destinada a denunciar otra filtración. Es decir, una disputa entre entidades del Estado, lo cual sería tremendo, que se comprobara que fuera la policía, por ejemplo, sería muy delicado.

– ¿Pero, cómo se soluciona?

– Es un tema hace bastante tiempo, acá de pronto se han utilizado mecanismos de filtraciones para afectar la honra de determinadas personas y eso es muy delicado. Se discutió sobre temas políticos en algún minuto, también con ocasión de operaciones de narcotráfico que fueron frustradas por la filtración que hicieron unos abogados de la causa, y el caso también de un policía en su oportunidad. Entonces, este es un tema que las instituciones ya debieran haber resuelto internamente, no sólo en la dictación de protocolos, de fijación de procesos, sino que también de tener chequeos y contra chequeos de conductas de sus funcionarios. En algunos países se crean los que se llaman “Asuntos Internos”, que son secciones especializadas dentro de las policías o de las unidades investigadoras destinadas a chequear y contrachequear información para efecto de mantener la reserva de la información interna de las instituciones.

– Una de las críticas en la región de la Araucanía es que ha sido muy difícil encontrar culpables de los hechos de violencia. ¿Podría ser esta una razón de que no haya pruebas contundentes, dado que los involucrados al tener conocimiento de los hechos, las hayan hecho desaparecer?

– Cuando se hace una filtración, se hacen no sólo para frustrar la detención, sino que también para alertar del no uso de determinado tipo de artefacto comunicacional, tecnológico, la no circulación a determinadas horas, el no contacto con determinadas personas. Puede ocurrir que el imputado o el que está siendo investigado adopte conductas justamente para despistar a la investigación porque sabe que lo están investigando, por tanto hace comportamientos erráticos para desviar la línea investigativa.

– Pero ¿podría ser esta una de las explicaciones de que no haya culpables de los ataques incendiarios ocurridos en La Araucanía, por ejemplo?

– Algo de eso puede haber, pero mi percepción es que tenemos un problema que es la incapacidad de inteligencia reactiva. Un ejemplo es que las policías plantean un primer problema, que dice relación con que muchas veces saben perfectamente quienes son los involucrados pero no logran traspasar la información a inteligencia como un evento de prueba en un juicio. Pero además hay una segunda complicación, que es la incapacidad de anticipación, ya que en determinados casos hay ciertos elementos o indicios que podrían hacer predecir determinado tipo de comportamiento o conducta y por alguna razón -que yo desconozco-, no se adoptan las medidas preventivas. Es evidente que la venida del Papa es un elemento de riesgo, están todas las medidas adoptadas porque sería el colmo que no fuera así, pero también era bastante predecible que algo podía ocurrir con el matrimonio Luchsinger Mackay cuando habían sido rallados las semanas previas al ataque, o también se puede predecir que el día 11 de septiembre en la noche vamos a tener determinados tipos de incidentes. Probablemente vamos a ver como todos los años en las mismas zonas, las mismas personas, cometen los mismos hechos de violencia. Bueno, la pregunta es por qué no se anticipan a eso. ¿Por qué no son capaces de tener personal apostado en las casas para que cuando pasan los incidentes los agarren a todos?

– ¿Es necesario entonces una modernización del sistema? ¿Una reforma estructural?

– La inteligencia que tenemos es una de la década de los 90, principios del año 2000. Así como los Estados evolucionan, el modus operandi del crimen también lo hace, por eso tienen que modernizarse los sistemas de inteligencia. La ley que tenemos hoy día está completamente superada por la realidad ya que fue producto de una negociación política en la década de los 90 entre la derecha y la Concertación. Por un lado, la derecha estaba atemorizada de que la Concertación los espiara, y por otro, una parte de la Concertación estaba traumada por lo ocurrido en la dictadura. Es por eso que hay una ley donde la ANI es sólo un receptor de información de parte de las policías y de las Fuerzas Armadas, pero no tiene ninguna capacidad propia. Entonces a veces se le exigen cosas a la ANI que no puede dar porque de acuerdo a la ley no le corresponde. Lamento que se estas discusiones se den sólo cuando hay un escándalo o cuando existe un caso dramático. Yo lo vengo planteando desde hace varios años, de hecho en el libro que lancé hace unos meses, queda consignado en a lo menos tres columnas de opinión de la necesidad de contar con una nueva ley de inteligencia y con una nueva ley antiterrorista, justamente para tener legislación moderna que permita tener inteligencia preventiva y también inteligencia reactiva.

– ¿Trabajará en este tema con el nuevo gobierno?

– Yo seguiré impulsándolo. De hecho, estuvimos cerca cuando estuvo el ministro Peñailillo, se mostró interesado, viajó a España, vio un par de cosas, intercambiamos opiniones, ideas, experiencias internacionales, pero lamentablemente después dejó el cargo y no se siguió adelante ni con la reforma de inteligencia ni con la reforma de la ley antiterrorista.

– El problema de estos hechos es que da la razón a quienes dicen que es imposible dar con los responsables de este tipo de atentados…

– Un buen sistema de inteligencia permite la identificación de los autores de determinado tipo de hechos, lamentablemente hemos sido testigos de que no se ha logrado la condena de las personas que aparecen aparentemente como autores de los hechos, pero también han habido casos donde se han imputado personas que no tenían ninguna participación. Creo que hay que ser más prolijo en estas materias. La seguridad y la paz social es un valor, es un bien, un patrimonio nacional, no le pertenece a un gobierno o a una institución. Se requieren refuerzos importantes -lo dije hace un tiempo atrás-, como en casos complejos contar con fiscales especializados. Hoy los fiscales son abogados, pero que no tienen necesariamente una especialización en materia de persecución de delitos complejos. A ningún abogado en las escuelas de derecho les enseñan a investigar, menos delitos complejos. A mi juicio, se requiere la formación de fiscales especializados en materias de delitos complejos, léase crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. Hay que modernizar el sistema, también a las policías, con nueva legislación, pero también con especialización.

– ¿Qué le parece la querella del gobierno?

– Me parece bien, adecuado, es lo que corresponde. Ahora, ojalá que la querella llegue a puerto y se puedan dilucidar las razones que tuvieron estas personas que habrían participado de la filtración y además que se determine si hubo o no esa filtración, si es verdad o no, porque también podría ocurrir que esto haya sido una especie de operación para justificar la incapacidad de poder ubicar a los responsables. Todo eso será dilucidado en la querella presentada por el gobierno.

Por Carmen Novoa V. para ellibero.cl

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