Los fiscales del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, se fijaron un plazo de 48 horas para tomar la decisión que definiría su futuro en el Ministerio Público. El miércoles pasado se reunieron con su jefe, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y le plantearon su molestia con la decisión de suspender condicionalmente el proceso contra el senador UDI Iván Moreira, a cambio de un pago de $ 35 millones. En la misma instancia le dijeron a Guerra que el viernes le informarían si renunciaban o no a sus cargos de funcionarios públicos.

Así, ayer llegaron hasta la oficina de su jefe en la Las Condes a comunicarle su decisión de irse de la fiscalía.

“Nosotros hemos tenido reuniones previas y esta era una posibilidad”, dijo Guerra tras recibir la noticia.

Luego, Gajardo y Norambuena se dirigieron a las dependencias de la Fiscalía Nacional, en el centro de Santiago, a entregarle su carta de renuncia a su máxima autoridad, Jorge Abbott, quien se encontraba en Aysén. Sus salidas se harán efectivas el 31 de marzo.

En la misiva criticaron las suspensiones condicionales que se acordaron en los casos de financiamiento de la política Penta y SQM, calificándolos como los hechos “más graves que ha conocido nuestra institución (…) y que significarán la inexistencia de reproche penal para dichas conductas”.

También calificaron como un error que el Ministerio Público no trate de obtener una condena “que evite la impunidad para hechos que causan un daño a la democracia”, porque eso afecta la confianza de la ciudadanía.

PABLO NORAMBUENA

Falta de coherencia. Esa fue uno de los principales argumentos que usó el ex fiscal Pablo Norambuena para justificar la presentación de su renuncia al Ministerio Público, hecho ocurrido durante la jornada de este viernes.

No fue el único, Carlos Gajardo, el ex fiscal ícono de los casos Penta y SQM, también tomó esa decisión. ¿El motivo? Ambos quería manifestar su molestia por la decisión de la Fiscalía de entregarle una salida alternativa a Iván Moreira.

El acuerdo en cuestión permite que Moreira evada un juicio por su participación en estos casos, tras pagar $35 millones. Además, si no vuelve a cometer un delito como la emisión de boletas ideológicamente falsas y financiamiento irregular de la política.

Por lo mismo, ambos entregaron una carta a su jefe, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. Será este último, junto al fiscal nacional, Jorge Abbott, quienes deberán decidir si aceptan o no la renuncia de ambos funcionarios públicos.

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