La renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, permite una salida a una situación insostenible dentro del Ministerio Público de reiterada resistencia a acatar las resoluciones de la autoridad. Para muchos estas renuncias importan un quiebre en el órgano de persecución penal, pero en realidad son el último capítulo de un quiebre ya existente, caracterizado por la actitud rebelde de un grupo de fiscales que no se someten al orden jerárquico y que convertidos en “prima donna” se pretenden autónomos y solo aceptan subordinarse a sus propias agendas. Ahí están las entrevistas y los “tuits” opinantes, incluso sobre temas que entran en la contingencia política; o peor aún, las acciones judiciales para oponerse a las decisiones del Fiscal Nacional.

¿Cómo es posible que sucediera? Muy simple, porque el Fiscal Nacional en la práctica no los puede remover. De acuerdo a la Constitución, ya la remoción de los fiscales regionales debe aprobarla la Corte Suprema, bajo estrictas causales, lo que les asegura un alto grado de inamovilidad. Así se genera un ambiente de autonomía voluntarista y agendas personales, y ninguna institución, pública o privada, puede funcionar así.

En este caso la razón fue la decisión del fiscal regional, encargado de las pesquisas, de acordar una salida alternativa en el proceso contra el senador Iván Moreira. Los renunciados no estaban de acuerdo y opinaban que había que seguir adelante. Pues bien, había consideraciones que tuvo en vista su superior, como que ocho ministros de la Corte Suprema al resolver el desafuero opinaron que los hechos no constituían delito, creando una cuota de incertidumbre para el juicio, que justificaban tomar esa resolución. Y en una institución jerárquica decidía él y no los fiscales adjuntos.

Pero además, hay que tener presente que los recursos investigativos -como todos los recursos- son escasos, y deben focalizarse y maximizarse. La política de persecución criminal la fijan los superiores, no los subordinados. Es evidente que las investigaciones sobre boletas falsas en la política ya rindieron su fruto, tanto que todos los que aparecían involucrados en tales boletas y que pretendieron reelegirse, resultaron derrotados en las recientes elecciones. Y como difícilmente tales prácticas se repetirán, vale la pena concentrarse en la persecución de otros delitos de mayor significación social, definición que compete a las autoridades del Ministerio Público y no a los fiscales que llevan las causas.

Por cierto que si a un fiscal no le parece lo resuelto, no le queda otra que renunciar. Pero pudieron no hacerlo y mantener su actitud contestataria, lo que justifica que se haga una reforma a la estructura del Ministerio Público, fortaleciendo la autoridad del Fiscal Nacional, para evitar que los fiscales subordinados puedan seguir tensionando indebidamente la organización.

/Columna de Axel Buchheister para La Tercera

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