Cuando quedan menos de dos meses para que la Presidenta Michelle Bachelet termine su mandato, el Gobierno ingresó al senado un proyecto de ley que busca eliminar el indulto particular en el caso de reos procesados por crímenes de lesa humanidad y que padezcan alguna enfermedad terminal.

El proyecto establece que en esos casos será el tribunal de garantía el que determinara la posible aplicación del arresto domiciliario, en reemplazo de la pena privativa de libertad, si es que correspondiera, estableciendo eso sí, requisitos superiores y especiales para los condenados por violaciones a los DD.HH.

Además, establece una serie de requisitos para que los condenados puedan acceder a otros beneficios penitenciarios como salidas, libertad vigilada o rebaja de condenas, los que en la práctica harían casi imposible que alguno de los actuales condenados por causas de DD.HH. pueda acceder a ellos.

A los requisitos generales para acceder a dichos beneficios, el proyecto establece además que los condenados “aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza y que demuestren su arrepentimiento”, lo que por supuesto, quedará a consideración y criterio del juez de garantía.

Jorge Ulloa, diputado de la UDI, señaló que Chile ha firmado diversos convenios internacionales sobre el adulto mayor y que desde ese punto de vista, los tratados no se están cumpliendo en el caso de los militares en retiro que permanecen en prisión.

“Yo creo que es sacar las castañas con la mano del gato y en definitiva una cosa no quita la otra. Además, las personas con enfermedades terminales como lo dijo el propio Papa tienen dignidad”, manifestó.

Según Jorge Ulloa, esto es una manera de seguir impidiendo que los militares presos puedan gozar de algún beneficio. En su opinión hoy en día no se respetan los derechos carcelarios que tienen los detenidos procesados por violación a los derechos humanos.

“Basta con mirar un poco el desarrollo de ese tipo de casos para darse cuenta que muchos tribunales tienen una tendencia política y que no les importa la edad ni el derecho que tienen los presos para optar a algún beneficio. Se supone que van en consulta a la Corte, pero muchos de ellos son negados. Todavía hay un doble estándar de parte del gobierno y de gendarmería”, aseguró.

Sobre los criterios a considerar por el tribunal para otorgar beneficios a los condenados por crimenes contra los DD.HH., el diputado UDI los califico como un completo absurdo, porque habrá que definir primero que es “serio” para el juez, situación que a su juicio, es totalmente subjetiva.

Por su parte, la abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, dijo que “Es una obligación del Estado de Chile eliminar la posibilidad de indulto porque la comunidad internacional ha declarado una y otra vez a través de sus tratados y resoluciones que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no son indultables. En el caso de los criminales de lesa humanidad que son enfermos terminales, tienen que acreditar fehacientemente con certificados serios e independientes su estado de salud para poder optar a algún beneficio.”

Carmen Hertz explicó que si el imputado coopera con la acción de la justicia desde sus inicios y muestra arrepentimiento, es decir, entrega antecedentes que permitan desbaratar las organizaciones criminales a las que pertenecieron puede ser beneficiado, ya que entregar el control judicial a estas decisiones es un imperativo de normas internacionales.

“Si se hubiera pretendido indultar a criminales de lesa humanidad el estado de Chile se hubiese puesto al margen de sus obligaciones internacionales. Este proyecto necesita algún grado de urgencia para ser tramitado, de lo contrario quedaría para el próximo período legislativo y ahí no sé qué posibilidades tiene de ser discutido”, sentenció.

La abogada aclaró que respecto a la posibilidad de que los militares detenidos que no tienen enfermedades terminales cumplan arresto domiciliario, la comunidad internacional a través de la jurisprudencia de los tribunales internacionales como el estatuto de Roma y otras normas, establece como requisito que la pena que ha sido asignada sea proporcional a la gravedad del delito que cometieron.

“Eso en Chile se da en muy pocos casos, salvo la cúpula de la Dina. Como los tribunales aplicaron indebidamente la norma hay homicidas múltiples que recibieron penas de 10 años y ahí no hay ninguna proporcionalidad”, argumentó.

Por Carola Oyarce para elmuro.cl

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