El lema de campaña del Presidente electo Sebastián Piñera (“Tiempos mejores”) se ha transformado en una especie de mantra para los ciudadanos que, habiendo votado por él o no, están conscientes de la gran necesidad que tenemos los chilenos de un futuro más promisorio en temas altamente sensibles, como previsión, salud, seguridad y educación de nuestros hijos.

El nuevo Presidente presentó a su gabinete con un discurso que mencionó varias veces a los adultos mayores no sólo como foco de atención de las políticas públicas que habrán de implementarse en su gestión, sino como un público importante y partícipe de las decisiones y conducción del país.

 Tal cosa parece acertada, pues la población de Chile envejece a la vez de hacerse más relevante gracias a la prolongación de la vida y a la no tan positiva disminución drástica de la natalidad de las chilenas. Ello implica que sistemas de seguridad basados en jubilaciones de 60-65 años y una sobrevida de diez años, han perdido total efectividad y han debido reconsiderarse, al igual que la industria de seguros -incluidos los de salud- y la consideración misma de la fuerza laboral, pues se hace necesario seguir trabajando, pero ello ha de aparejarse a la creación de fuentes de empleo para las personas mayores, superando las discriminaciones y los prejuicios acerca de la “utilidad” de los trabajadores que pasan de cierta edad.

Por otra parte, el estatuto mismo del adulto mayor en nuestro país está en deuda con modernizaciones que exigen el Derecho comparado y la realidad social: desde la administración de los bienes, condiciones de vida y autovalencia de ancianos enfrentados a familias más reducidas y con poco tiempo para los cuidados que muchos de ellos necesitan, hasta el grave problema de trato –institucional y también privado– del paciente mayor, como si la sola condición de su edad o de su desgaste físico fuera equivalente a la discapacidad intelectual.

La Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, suscrita y ratificada por Chile, se ocupa especialmente del abandono, discriminación, maltrato y negligencia con las personas mayores. No se trata de una declaración, sino un imperativo para el Estado de Chile, que se obliga a desarrollar políticas para evitar y prevenir abusos, como a tomar medidas de acción positiva para que este importante sector de la sociedad ejerza materialmente sus derechos. Deberá, asimismo, adoptar y fortalecer “todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos”.

Tales compromisos, tomados durante el Gobierno que se va pero que habrá de ejecutar el que viene, son de máxima prioridad y transversalidad y un modo en el que todos construyamos nuestro propio futuro con mayor equidad.

Los tiempos mejores han de incluir, así, al adulto mayor no como un excluido esperanzado, sino como un miembro relevante de la sociedad más inclusiva que estamos llamados a formar.

/Columna de Angela Vivanco en Pulso

*La autora es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la Coruña (España) y profesora de Derecho Constitucional UC.

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