Sin duda debe tranquilizar la conciencia de quienes ayer proclamaban la violencia como arma legítima de la lucha política, asumir hoy que todos los que cumplen condena en Punta Peuco son responsables de horrorosos crímenes y torturas contra personas inocentes. No cabe sino calificarlos como “delitos de lesa humanidad”, aun pasando por alto que se está aplicando una ley con efecto retroactivo.

Se prefiere ignorar que los militares están sometidos a un sistema procesal penal arbitrario, ya suprimido en Chile, que permite que muchos jueces, preocupados por su carrera funcionaria, no busquen hacer justicia sino condenar a como dé lugar. Dado que es complejo reconstituir escenarios de hace 40 años con un país en caos, no es desusado que los magistrados recurran a subterfugios jurídicos y acepten o rechacen pruebas a su amaño, con el propósito de que la presa no escape.

Contrariamente a lo que se difunde, el proyecto de ley para otorgar beneficios a los condenados por delitos de lesa humanidad, lejos de la justicia, es una muestra más del deseo de venganza contra los militares que tuvieron la dura, incomprendida y riesgosa tarea de neutralizar el terrorismo. Eso, edulcorado con la armonización de nuestra legislación interna a la norma internacional para los “delitos de lesa humanidad”.

Carta al diario La Tercera de Miguel Ángel Vergara

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