Lo sucedido durante los últimos días fue un verdadero huracán. Este comenzó la semana pasada, cuando la Fiscalía de La Araucanía acusó un supuesto “montaje” –intervención de conversaciones de WhatsApp– respecto de las pruebas que presentó Carabineros para detener a ocho comuneros mapuche. Previamente, su permanencia a la cabeza de la institución ya había sido cuestionada por el “Pacogate”, pero estos días nuevamente fue criticado duramente por la crisis con el Ministerio Público: se habló públicamente de removerlo y se advirtió del peligroso olor a deliberación que había en este episodio. Así lo dijeron analistas políticos, editoriales de medios de comunicación, parlamentarios y dirigentes de la Nueva Mayoría, y exautoridades de varios gobiernos anteriores.

Se veía venir. El indicio era lo ocurrido el martes en la tarde, cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció que se solicitaría un peritaje externo para dirimir la pugna entre el Ministerio Público y Carabineros por la eventual manipulación de pruebas en la Operación Huracán. Con esa frase, en el seno del Gobierno se entendió que La Moneda –a pesar de las públicas presiones de los últimos cuatro días para que lo removiera– finalmente se había inclinado por mantener en su cargo al jefe de la policía uniformada, general Bruno Villalobos, y así sucedió ayer, cuando el director general se reunió con las autoridades del Ministerio del Interior y se retiró del palacio en pleno ejercicio de sus funciones.

Lo sucedido durante los últimos días fue un verdadero huracán. Este partió la semana pasada, cuando la Fiscalía de La Araucanía acusó un supuesto “montaje” –intervención de conversaciones de WhatsApp– respecto de las pruebas que presentó Carabineros para detener a ocho comuneros mapuche. Acto seguido, el director de Inteligencia Nacional de Carabineros, general Gonzalo Blu, dio el viernes en la mañana una conferencia de prensa, sin aceptar preguntas, en la que hizo una férrea defensa del trabajo realizado por la policía uniformada. Eso, a pesar de que en este plano son una institución supeditada a las órdenes del Ministerio Público, que posee el monopolio de las investigaciones judiciales. Horas después, una unidad de Temuco, con fuerzas especiales mediante, se negó a que la Policía de Investigaciones –por orden del tribunal– requisara sus computadores, apelando a que no se les había notificado con 48 horas de anticipación como señala la ley en su caso, lo que solo se hizo efectivo al final de esa tarde, a instancias del Gobierno, que a esas alturas trataba de bajar los decibeles de la crisis y encauzarla institucionalmente.

No solo eso, pues al día siguiente Villalobos partía de vacaciones por un mes a Miami, lo cual se supo públicamente el domingo en la noche, hecho que motivó que el lunes en la mañana la Subsecretaría del Interior “le indicara” que suspendiera su descanso y regresara al país. Villalobos no estaba obligado legalmente a pedir permiso, pero sí a notificar, cuestión que ahora en el Gobierno afirman que hizo bastante tarde el general.

Ya el liderazgo de Villalobos a la cabeza de Carabineros había sido puesto en tela de juicio durante todo el 2017, a medida que el monto del desfalco que se realizó en la policía uniformada por más de una década aumentaba mes a mes –al igual que la cantidad de involucrados–, llegando hasta ahora a la cifra de 26 mil millones de pesos. Pero con lo sucedido estos días, nuevamente fue cuestionado. Se habló públicamente de crisis, de removerlo, de exceso de protección de parte de la Mandataria con el general, y se advirtió del peligroso olor a deliberación que había en este episodio. Esto lo dijeron analistas políticos, editoriales de medios de comunicación, parlamentarios y dirigentes de la Nueva Mayoría, y exautoridades de varios gobiernos anteriores.

Una suerte de “pauteo” público que nunca ha sido del agrado de Bachelet y, según confesaron desde el seno del Gobierno, este caso no habría sido la excepción. Tampoco habría seguido la recomendación inicial de su comité político, que el lunes tras varias horas de reunión a puerta cerrada analizando la situación, se inclinó por plantearle la necesidad de remover al general de su cargo, usando la facultad que le otorga la ley a través de un decreto fundado, previo aviso a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

Desde el Gobierno dicen que además del conocido “empecinamiento” que caracteriza a la Mandataria y su tendencia a no zanjar de cuajo los conflictos rápidamente, también habría pesado el hecho de que Bachelet no le creería del todo ni a la Fiscalía ni a Carabineros. “Cuando se dice que vamos a esperar las pruebas, es que no se cree en ninguno de los dos”, explicó ayer un alto asesor de Palacio.

Una mirada compartida por algunos. El diputado PS, Osvaldo Andrade, sostuvo ayer que no cree que el Gobierno haya tenido más opción, por ahora, que mantener al general director, porque “no le cree a Carabineros ni al Ministerio Público, por eso recurre a tercero, y en ese cuadro no puede ir en contra de ninguno. Lo que se hizo es una solución de corto plazo”.

Pero también se dice mayoritariamente en el Gobierno que en el fondo la Presidenta sí respalda a Villalobos, que habría dado la instrucción interna de no cuestionarlo ni en privado, que por eso el martes al final de la tarde –vía comunicado– informó que el Ministerio del Interior, en su calidad de querellante, se opondría al sobreseimiento definitivo de la Operación Huracán y solicitó la reapertura de la investigación cerrada por el Ministerio Público argumentando que esta no se encuentra agotada. “Sin perjuicio de los argumentos que serán planteados en la audiencia fijada para el 9 de febrero, nos opondremos al sobreseimiento definitivo y solicitaremos la reapertura de la investigación, porque nos asiste la convicción que lo contrario equivale a impunidad”, sentenció el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

En el Gobierno eso fue visto y entendido como una señal clara de alineamiento con la postura que ha defendido Carabineros, lo que fue casi en paralelo a las declaraciones de la propia Mandataria, quien puso el foco en la necesidad de llegar al fondo de los hechos. Desde Palacio reconocieron que fue el influyente Pedro Güell –director de políticas públicas– quien la asesoró respecto a que el mejor camino a seguir en este momento era poner como objetivo el concepto de la verdad como prioridad, estrategia que sí adoptó a la luz de la decisión de solicitar un peritaje externo para las pruebas.

Una fórmula que coincide con las escuetas declaraciones que dio ayer el propio director general al retirarse de La Moneda, al afirmar que esperarán “la verdad judicial de este proceso” para tomar “las medidas necesarias”.

Desde el primer momento de esta crisis en La Moneda un sector abogó siempre por sacar a Villalobos del cargo, postura que finalmente no se impuso, y ayer algunos de ellos plantearon que el momento para haberlo hecho ya había pasado. “El minuto para sacarlo fue cuando el general Blu dio esa conferencia de prensa, eso fue de extrema gravedad. Todo lo demás solo agudizó las cosas, pero eso no sucedió, el daño ya se hizo”, explicaron en Palacio.

Esa misma evaluación se hace desde el oficialismo en relación a que el manejo de esta crisis “ha sido el manual de cómo hacer las cosas mal”, que aquí hubo soberbia de parte de Villalobos y que el capítulo completo es “impresentable”.

Cortar con cuchillo

Ayer, pasadas las 8:30 de la mañana aterrizó en Santiago el avión que trajo de regreso a Villalobos. Al mediodía ingresó en silencio y con un severo rictus a La Moneda, rumbo al Ministerio del Interior. No fue citado a Palacio, sino que fue él mismo quien avisó que vendría a la sede de Gobierno a pedir una audiencia. Estuvo durante una hora con el subsecretario Aleuy, mientras el ministro del Interior Mario Fernández se hallaba en el despacho de Bachelet.

Recién pasadas las 13:00 hrs. el ministro y el general se encontraron en las dependencias de Interior. Las cámaras de televisión fueron llamadas a ingresar para registrar imágenes del encuentro y, media hora después, Villalobos salió por el entrepatio explicando: “El ministro me impartió instrucciones sobre la celeridad y la rapidez en las investigaciones que se están llevando a cabo. Ese fue el fundamento de la reunión”.

El aire era tenso ayer en La Moneda. El nerviosismo y la incomodidad se palpaban tanto en las autoridades de Gobierno como en Fernández, que perdió los estribos por unos minutos mientras hacía declaraciones posteriores. Así también los escoltas del general, que exacerbaron sus cuidados y medidas de resguardo al interior de los patios de Palacio.

Villalobos se fue y a las 15:00 hrs. encabezó una reunión con su cuerpo de generales para explicar las instrucciones del Gobierno. Una hora después, el ministro Fernández salió para tratar de explicar las razones por las que el general no fue removido.

Fue categórico al decir que “el Gobierno no ha creído en ningún momento que se esté ante una insubordinación”, que “sobre una petición de renuncia no se habló de eso. Nunca el Gobierno ha hablado de eso”, que no iba a haber “valoración de conductas” en relación a Villalobos por irse de vacaciones en medio de esta crisis con la Fiscalía, y que “serán las conclusiones judiciales las que establezcan la existencia de delitos y las responsabilidades. No hay responsabilidades institucionales en derecho penal”.

Reconoció sí que el Gobierno está “preocupado” por esta situación, que es muy delicado que en un Estado de Derecho dos instituciones “ofrezcan una controversia como la que estamos viviendo, por eso es importante una reforma constitucional, no hay una modalidad institucional de solución de competencias” y que la Presidenta Bachelet “habló fuerte y claro ayer (martes) y hay que repetir lo que dijo: hay un asunto grave que se debe resolver”.

El punto, advierten algunos en el Gobierno y en el oficialismo, es que La Moneda se expuso a una posible derrota judicial, ya que el 9 de febrero se llevará a cabo la audiencia en la que se evaluará la continuidad de la Operación Huracán. Hasta entonces, la administración bacheletista transitará por el ojo de este tornado.

Por Marcela Jiménez para elmostrador.cl

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