El lunes, el gobierno tomó la determinación de oponerse a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación de la Operación Huracán. En este caso se indagó la participación de ocho personas en distintos atentados incendiarios en la IX Región, donde, a juicio de la fiscalía, funcionarios policiales adulteraron las pruebas contra los imputados. A través de un escrito, el Ejecutivo pidió más diligencias al ente persecutor, sin embargo, ayer la fiscalía las rechazó y cerró la puerta a efectuar los análisis que buscaban zanjar si existió la supuesta adulteración.

La intención del Ejecutivo era que el caso siguiera siendo investigado, pues la causa “no se encuentra agotada”, según se consigna en el escrito presentado por la Intendencia de La Araucanía en el Juzgado de Garantía de Temuco. En el texto presentado por el gobierno se argumentó que aún sigue en curso la indagatoria por presuntas pruebas falsas en el caso de supuestas filtraciones desde la fiscalía y la ANI a los comuneros investigados. “Esta situación a nuestro juicio hace del todo inoportuno que se haya decretado el cierre de la presente investigación (Huracán), ya que ambas causas se encuentran directamente ligadas. En efecto, creemos que se vulnera seriamente el principio de objetividad de la indagatoria cuando se comunica la decisión de no perseverar, afectando así a otra investigación actualmente en curso”, señala el documento.

Entre las diligencias que el gobierno pidió realizar a la fiscalía están solicitar información a Microsoft Corporation, Yahoo y Google, “sobre las cuentas asociadas a los imputados y específicamente a las cuentas de correo electrónico, de mensajería electrónica los servicios de nubes de datos”. Sin embargo, lo que despertó más “sorpresa” en el Ministerio Público fue que el Ejecutivo también pidió que el Laboratorio de Criminalística de la PDI “o cualquier otra entidad técnica suficientemente calificada, nacional o extranjera, que sea imparcial y ajena a la litis (disputa), que extraiga, revise y analice la información relativa a los archivos de mensajería contenida en la evidencia”.

A dos días de recibido este escrito, la fiscalía tomó una decisión y se la comunicó ayer a los abogados de la Intendencia de La Araucanía, mediante un oficio. En una carilla, le cerró la puerta a lo solicitado por el gobierno: no se harán más diligencias.

El texto, firmado por el persecutor Felipe González, señala que “respondiendo a la solicitud presentada con fecha 29 de enero de 2018, ante la Fiscalía de Alta Complejidad, considerando que habiéndose cerrado la investigación con fecha 25 de enero de 2018 y en virtud de lo que establecen los artículos 237 y siguientes del Código Procesal Penal, y teniendo presente además, que las diligencias indicadas en el escrito respectivo ya fueron solicitadas en su oportunidad por esta Fiscalía y no a solicitud del querellante, se determina no dar lugar a lo solicitado”.

En un de los puntos, el argumento al que el Ministerio Público hace referencia es que la diligencia pedida por el gobierno sobre requerir información a Microsoft Corporation, Yahoo y Google ya fue hecha durante la investigación, y se está a la espera de esos resultados. En cuanto a peritajes externos, en la fiscalía no hay intención de hacerlo, dado que dicen “confiar” en los peritos del ente persecutor, y que antes del cierre del caso nunca antes lo habían solicitado.

Gobierno y fiscalía deberán entregar sus argumentos ante el Juzgado de Garantía de Temuco el 9 de febrero, donde será el tribunal quien decida si son necesarios los peritajes pedidos por el Ejecutivo, o bien dar lugar a la decisión de no perseverar. “Como querellantes hemos realizado diversas presentaciones con el objeto que se realicen las diligencias solicitadas y se reabra la investigación, para que se indaguen delitos que han afectado a personas y se establezcan las sanciones. Esperamos que éstas se puedan resolver durante la audiencia del 9 de febrero”, indicó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

Sobre los peritajes pedidos por el gobierno, el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que pueden solicitarlos cuando el caso esté abierto o en la audiencia de cierre, “pero si ello no ha ocurrido, no es posible que ningún otro órgano que no sea el Ministerio Público o el tribunal de garantía ordene la realización de diligencias”.

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