“No hay presos políticos”. Con estas palabras, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondía a un proyecto de ley que busca indultar a las personas detenidas durante el estallido social por razones humanitarias, enfocándose principalmente en personas que están en prisión preventiva, que a un año del 18 de octubre llegaban al 12,75% del total de detenidos por las protestas sociales.

Primer informe

En febrero de 2020, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, entregó un primer informe oficial de los detenidos del estallido social, detallando las siguientes denuncias entre el 18 de octubre de 2019 al 17 de enero de 2020:

  • 504 denuncias por delitos ligados a la ley de seguridad del Estado
  • 3.782 denuncias por desórdenes públicos
  • 292 denuncias por incendio
  • 1.046 por maltrato de obra a carabineros
  • 3.071 denuncias por receptación
  • 4.299 denuncias por robo en lugar no habitado

Chevesich agregó que el total de ingresos en los Juzgados de Garantía llegó 143.215 causas, una capada de -6,5% respecto a mismo período de 2018 (153.108 causas), pero que el número de imputados -personas que pasaron por la justicia- subió en 1,5%, pasando a 179.442 personas entre octubre y diciembre de 2019 frente a las 176.803 personas de mismo trimestre del año anterior.

Respecto a las audiencias de control de detención en flagrancia -delitos que fueron alertados por testigos o la misma policía- subieron a 55.586 tras el estallido social, una aumento porcentual de 10,1% respecto de octubre a diciembre de 2018 (50.478 audiencias).

De esta forma, el número de formalizados subió en 1,3%, con 47.569 personas en 2019 versus 44.694 de mismo período de 2018.

Sin embargo, las solicitudes de prisión preventiva fueron 6.470 en el periodo del estallido social, una baja de -1,7% respecto de las 7.289 solicitudes de mismo periodo de 2018.

A un año del 18-O

A dos días de cumplirse un año del 18 de octubre, el Ministerio Público entregó las cifras actualizadas de los procesos concluidos y que siguen en la justicia.

De acuerdo al reporte, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas en marco de disturbios o delitos del estallido social, de las cuales 648 se encuentran en prisión preventiva, es decir, un 12,75%. En tanto, 725 formalizados ya fueron condenados (14,26% del total).

Las 5.084 personas formalizadas se relacionan con atentados al Metro de Santiago, saqueos, incendios o porte/tenencia de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y violencia institucional. Por delito, estas son las cifras:

  • Atentados al Metro: 42 personas formalizadas, 10 de ellas en prisión preventiva y 5 ya condenadas.
  • Saqueos: 4.004 personas formalizadas, 638 personas ya condenados.
  • Incendios o porte/tenencia de artefactos incendiarios: 208 personas formalizadas y 68 condenas ya efectuadas.
  • Desórdenes públicos: 678 personas formalizadas.

Proyecto de indulto

Durante la primera semana de diciembre, los senadores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO) ingresaron el proyecto de indulto para los detenidos en el estallido social tomando en cuenta datos proporcionados por el Poder Judicial y el Ministerio Público respecto a condenas y prisión preventiva.

Los senadores también tomaron como base el informe de Amnistía Internacional respecto a las detenciones desde octubre a diciembre de 2019 y el proyecto de resolución impulsado por diputados Gabriel Boric, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez, de Convergencia Social (Frente Amplio), quienes señalaron que este “indulto para presos de la revuelta social es un mínimo democrático que debemos exigirle a un Gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos”.

“El presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos”, indicaron los senadores, pidiendo establecer el indulto en los siguientes casos:

  • Alzamiento a mano armada contra el Gobierno
  • Alzamiento para impedir la promulgación o la ejecución de las leyes
  • Atentado contra la autoridad
  • Retener o tomar control de un vehículo de transporte público mediante violencia o intimidación
  • Perturbar la tranquilidad pública
  • Homicidio frustrado
  • Incendio
  • Porte de artefactos incendiarios
  • Impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones (incluye bloqueo de puentes, caminos y paseos; y destrucción de tumbas, signos conmemorativos, monumentos y estatuas)
  • Daños sobre los $612 mil
  • Quebrantar el orden público
  • Falta respecto o desobedecer la autoridad pública
  • Ocultar el verdadero nombre y apellido a la autoridad

El proyecto abarca hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2019 y el 4 de diciembre de 2020 en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales. Además se propone que el caso de las personas que estén con prisión preventiva, éstas serán revocadas.

El proyecto exime del indulto a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas o funcionarios del Estado.

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