Sophia y Lyssette son la punta extrema de un iceberg , o las primeras olas de un tsunami de maltrato, drogadicción, enfermedad mental y violencia que azota crecientemente a la sociedad chilena.

Ambas son -fueron- parte del contingente de 1,2 millones de niños y adolescentes que han experimentado o están experimentando abuso físico o sexual grave, drogadicción, alcoholismo o patologías severas de depresión y angustia. Muchos de estos adolescentes, cuando adultos reproducen las mismas conductas con los niños que quedan a su cargo. Esto se ha demostrado estadísticamente.

Una “Ley Sophia” u otras similares serán una mera acción simbólica que no van a cambiar cultura, prácticas y hábitos profundamente arraigados. Somos un país “legislativista”. Peor aún, con la aprobación de una ley así, el Ejecutivo y el Congreso podrían sentir que “hicieron su tarea”, se abrazarán, y “a otra cosa mariposa”.

Se requerirá de una acción sistémica y persistente, a lo largo de varios gobiernos, que deberá incluir a lo menos:

a) Comunicación y difusión amplia del problema en la élite gubernamental;

b) Programa masivo y permanente de comunicación con los hogares;

c) Protocolos de detección y derivación temprana de los afectados;

d) Fortalecimiento rápido de la educación inicial y escolar, así como de centros de salud primaria, primeras barreras de contención;

e) Rediseño integral del sistema de protección de la infancia, no solo de los hogares;

f) Programa de largo alcance de disminución del consumo adolescente de alcohol y drogas;

g) Articulación y optimización de todo el sistema, utilizando procesos y tecnologías de información;

h) Diagnóstico y resolución de la demanda de recursos humanos calificados para abordar este tsunami;

i) Aumento de las asignaciones monetarias por niño en el quintil más pobre.

Carta de Mario Waissbluth al diario El Mercurio