Es difícil imaginar una situación más extraña que la del general Villalobos. Después de los desastres de la institución bajo su mando -fraudes varios cometidos bajo sus narices e imputación de otros- sigue en su cargo como si nada, sin recibir el menor reproche por parte del Gobierno.

¿Por qué?

La explicación se encuentra en un principio que, poco a poco, ha infectado la función pública en Chile.

Se trata de la presunción de inocencia o, si se prefiere, de la espera de la verdad judicial.

Hoy se la esgrime en todas las relaciones sociales, como si fuera una inmunidad de los funcionarios frente a la evaluación o una excusa de las autoridades para no emitir juicio crítico respecto de sus dependientes. La esgrime el Gobierno frente al general Villalobos, la esgrimió el Papa frente al obispo Barros, la esgrimió Piñera frente a sus funcionarios que incurrieron en conductas ilícitas.

Todos ellos la esgrimen incorrectamente.

La presunción de inocencia es una garantía establecida en favor de los individuos frente a la coacción estatal. Antes de consentir que la fuerza del Estado se desate sobre un individuo, privándolo de su propiedad o de la libertad, el derecho exige que se acredite mediante un procedimiento imparcial y a través de pruebas públicas la responsabilidad que se le imputa. Se trata de una garantía cuya justificación es fácil de entender si se repara en el hecho de que el Estado es la máxima concentración de fuerza que la sociedad humana ha logrado concebir.

Pero como es fácil comprender, esa garantía no es una regla que se pueda hacer valer en todo tipo de relaciones sociales. Y es que una cosa es la aplicación de una pena penal, para la que es razonable exigir las máximas garantías, y otra cosa es la responsabilidad derivada de las funciones de un cargo donde no se trata de aplicar una pena, sino de decidir simplemente si acaso la persona de que se trata posee las aptitudes o la disposición para ejercerlas bien. O, para decirlo de otro modo, una cosa es la imputación de un delito, para lo cual es razonable esgrimir la presunción de inocencia, o, como dijo el general Villalobos, esperar la verdad judicial, y otra cosa muy distinta es verificar la ineptitud, la lenidad o la falta de disposición o carácter de alguien para ejercer una cierta función.

Y ocurre que Villalobos se encuentra, por ahora, en la segunda situación, no en la primera.

No se le imputa la comisión de un delito ni se le amenaza con un castigo penal, simplemente se observa en él una obvia ineptitud o falta de carácter para conducir y ordenar su institución, adornada hoy de fraudes, o para comprender la gravedad de sus deberes, algo que -¿será necesario enfatizarlo?- subrayó él mismo cuando decidió darse vacaciones en medio de la crisis que la institución que representa y conduce padecía.

¿En qué sentido hay que esperar la verdad judicial para juzgar políticamente una conducta como esa?

En la decisión de la Presidenta hacia Villalobos se observa igual actitud que la que tuvo el Papa frente al caso Barros cuando al responder los reclamos por la conducta de este, exigió pruebas de culpabilidad, como si él, el Papa, estuviera eximido de evaluarlo, y algo así correspondiera, en cambio, a un procedimiento judicial a cargo de un tercero.

En este verdadero síndrome consistente en erigir la presunción de inocencia en todas las relaciones sociales, lo que hay, en verdad, no es un prurito de justicia, sino una cierta renuencia a cumplir los propios deberes. Una renuencia del funcionario a ir más allá de lo que la ley exige a cualquier ciudadano, y una renuencia del gobierno a ejercer los deberes de evaluar y emitir un juicio crítico acerca de la conducta de quienes están bajo su dependencia.

Víctima de ese mismo síndrome ha sido también Sebastián Piñera, quien se ha resistido a emitir cualquier juicio crítico respecto de quienes, en su primer gobierno, incurrieron en conductas que cualquier observador imparcial considera reprochables. El pretexto del futuro Presidente -esperar la verdad judicial- es el mismo del Gobierno frente al caso Villalobos, como si la presunción de inocencia fuera una garantía no de los ciudadanos ante la fuerza del Estado, sino una protección de los funcionarios públicos que los eximiera de la evaluación política o administrativa en su desempeño del cargo.

Uno de los desafíos de los próximos años es evitar ese síndrome que es una forma de irresponsabilidad disfrazada de ecuanimidad y de justicia.

/Blog de Carlos Peña en El Mercurio

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