Como uno de los casos más “evidentes” de conflicto de interés calificó el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, la polémica que enfrenta la ministra de Salud, Carmen Castillo, por el pago de millonarios bonos.

Cerca de $80 millones es el monto que iba recibir la titular de la cartera si se beneficiaba de la Ley de Incentivo al Retiro, una norma que la misma secretaria de Estado impulsó en el Congreso durante el año 2016, destinada a compensar la jubilación de quienes se desempeñan en el sector salud.

Pese a que en octubre pasado la titular del Minsal aseguró que no postularía al beneficio mientras fuera parte del Gobierno, una investigación periodística develó que la autoridad aparece en una lista de funcionarios favorecidos por aquellas compensaciones. Tras la polémica, ayer el Gobierno aseguró que Castillo se abstendría de recibir el pago.

Aunque valoró la renuncia al beneficio, que ayer oficializó el Ejecutivo, Drago, criticó la asignación de este millonario pago a la ministra Castillo.

“Este es uno de los casos más evidentes y flagrantes en materia de conflicto de interés. Que un ministro de Estado firme y presente un proyecto de ley como colegislador, lo tramite durante todas sus etapas legislativas, logre su aprobación y firme el reglamento de esa ley es lamentable y se merece el mayor repudio”, sentenció Drago.

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