A menos de un mes del cambio de gobierno resulta conveniente tener a mano algunos derroteros para evaluar al gobierno saliente. En efecto, lo principal es lo que queda en la retina de los ciudadanos, lo que por lo demás será crucial desde un punto de vista político-electoral a futuro, es decir, aquellos aspectos relativos a logros y resultados tangibles, como por ejemplo, el crecimiento económico, desempleo, eficiencia fiscal, delincuencia.

Sin perjuicio de lo anterior, existen otras dimensiones más complejas a partir de las cuales es posible tener otra mirada evaluativa: la capacidad de generar confianza y devolverle prestigio a las instituciones políticas y públicas. Si bien, ello no depende completamente de los gobiernos, sin lugar a dudas es uno de sus fines; dicho en otros términos, el rol del Estado es, entre otros, que el gobierno genere confianza entre los miembros de una comunidad.

En este sentido, al parecer las cifras no son muy halagüeñas. Para empezar, la evaluación positiva de actores políticos a finales de 2017 no superaba en promedio los 24 puntos porcentuales (CEP, 2017), y si bien los políticos no gozan de popularidad, hace no más de cinco años atrás dicha cifra alcanzaba los 34 puntos porcentuales, 10 más que hoy. Claro, podrá decirse que eso muestra el mal desempeño individual de los evaluados o que los nuevos actores aún no logran su mejor momento o que es debido a los escándalos ocurridos en los últimos años y que, por lo tanto, no es atribuible al gobierno. No obstante, lo que importa destacar es que tampoco hemos visto intentos de parte del actual gobierno de plantear caminos de consenso de modo de transmitir cierto sentido de unidad. Por el contrario, la lógica ha sido la de la “retroexcavadora”, “quitar los patines”, “el legado”, “el cumplimiento del programa”.

Pero eso no es todo. Si observamos la confianza en las instituciones los resultados no solo son bajos sino que no se aprecian cambios. Sin lugar a dudas, el deterioro paulatino llama a iniciar algunos proceso que permitan reducir o al menos frenar el fenómeno. A modo de ejemplo, la confianza (mucha y bastante) en instituciones públicas como el Ministerio Público en 2014 alcanzaba un 14%; tres años más tarde, en 2017, se mantenía igual, lo que contrasta con el 27% que tenía en 2008.

Nuevamente se puede argumentar que no es responsabilidad del gobierno; sin embargo, la falta de pragmatismo y sentido de la realidad en muchos casos transformó el cumplimiento del programa en un mecanismo que más que aunar voluntades, desactivaba consensos y radicalizaba a la elite política frente a un país que estaba menos polarizado de lo que ella creía. A modo de ejemplo, la distribución en el eje izquierda-derecha (encuesta Feedback-UDP, 2017) muestra con claridad esta realidad, y es tal vez lo que explica lo errado del diagnóstico de la NM, al no ser capaz de llevar adelante un gobierno que generara un ambiente propicio para el consenso, sino que más bien se dejó llevar por la corriente de la fortuna y los estados de audiencia.

/Escrito por Eugenio Guzmán para La Tercera

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