La tarde del 5 de febrero, la Presidenta Michelle Bachelet llegó hasta el aeródromo de Pucón a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile, donde hará uso de sus vacaciones antes de entregar el mando el próximo 11 de marzo.

Pero el inicio de sus días libres no estuvo exento de polémicas, sobre todo porque lo que dejó en La Moneda fue la conducción de los coletazos de la cuestionada “Operación Huracán”, que en su ausencia derivó en el sobreseimiento de los comuneros mapuches imputados en la causa y el cierre definitivo de la investigación.

No se trata de la primera vez en la que la Presidenta debe hacer frente a una crisis de magnitud considerable durante los meses de verano. De hecho, desde que volviera a La Moneda para su segundo gobierno, todos sus veranos han presentado diferentes niveles de complejidad.

El impacto del “Caso Caval”

“Durante estos últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos que han generado preocupación, sin duda, y que para mí, como madre y Presidenta, han sido momentos difíciles y dolorosos, pero también quiero enfrentarlos frente a ustedes con claridad y con decisión”.

Así, en una conferencia inédita desde el Salón Toesca del Palacio de La Moneda, la Presidenta enfrentaba el 23 de febrero de 2015 la que fuera quizás la crisis más simbólica de su gobierno, que explotó durante las primeras vacaciones de su segundo mandato, cuando se encontraba en Caburgua.

Se trató del “Caso Caval”, que tuvo como protagonistas a su hijo, Sebastián Dávalos, entonces director sociocultural de La Moneda, y a su nuera Natalia Compagnon.

El 6 de ese mismo mes se conoció el millonario crédito que otorgó el Banco de Chile a la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, propiedad de Compagnon, por más de US$10 millones para la compra de un terreno en Machalí, aprobado un día después del triunfo de Bachelet en las urnas.

El caso, del cual derivaron múltiples aristas que siguen repercutiendo en la actualidad, llevó a la renuncia de Dávalos a su cargo el 13 de febrero. “No he cometido ilícito alguno ni delito funcionario”, adujo entonces el hijo de la Presidenta. “Asumo que el perjuicio provocado ha dañado a la Presidenta de la República y al gobierno de Chile,”, agregó también, al tiempo que pedía perdón.

Y efectivamente el caso golpeó las cifras de aprobación: cuando aparecieron los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, lo que arrojaron fue que la aprobación de la Presidenta cayó nueve puntos, hasta alcanzar un 31%. Mientras, un 64% consideró que la renuncia de Dávalos afectó la imagen de la jefa de Estado.

La cifra de su aprobación sólo pudo repuntar en diciembre de 2017, cuando volvió a subir de la barrera del 40%.

El “parto inducido” del administrador de La Moneda

El verano siguiente, los problemas empezaron el lunes 15 de febrero, cuando Ciper publicó un reportaje que daba cuenta de la existencia de dos sociedades creadas por el entonces director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, que obtuvieron millonarios contratos con el Estado entre 2013 y 2015.

En total, “Comercial A y R” y “Greentec Proyectos de Ingeniería y Mantención Industrial Limitada” recibieron $417 millones en 39 órdenes de compra, la mayoría por insumos clínicos vendidos a la red de salud estatal.

Algunos días antes, Riquelme había tenido que presentar una nueva versión de su declaración de patrimonio, luego de que parlamentarios cuestionaran que faltaba información en la copia anterior. El documento dio cuenta de cuatro propiedades cuyo valor comercial conjunto se estimó, en ese momento, en $569 millones.

Además, la figura de Riquelme despertaba inquietud desde que se supiera, en 2015, que tuvo en su poder el computador que usaba para el Gobierno Sebastián Dávalos, y que fue formateado.

Apenas se conocieron los contratos, figuras de la oposición y de los mismos partidos de Gobierno comenzaron a pedir la renuncia del administrador. “El daño que el señor Riquelme le está produciendo al Gobierno y a la propia Presidenta Bachelet es inmenso y cada día que pasa el daño se profundiza”, afirmaba entonces el diputado PPD, Jorge Tarud.

En el momento, tanto Riquelme como la propia Presidenta se encontraban de vacaciones, fuera de La Moneda. Finalmente, el día 17 se pronunció el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien anunció la renuncia del administrador. “Hay partos naturales y hay partos inducidos. La vida es así”, ironizó el ministro al momento de anunciarlo, destacando “la inexistencia de alguna acusación concreta, instancias judiciales o administrativas” en su contra.

El 22 de febrero, junto con el arribo de la Presidenta La Moneda tras casi tres semanas de feriado legal, Riquelme presentó oficialmente su renuncia. Ese mismo día, la encuesta Plaza Pública Cadem arrojó que un 62% de las personas creyeron que la polémica renuncia de Riquelme afectó la imagen de la Presidenta, un número bastante similar al que dejó el “Caso Caval”.

Los incendios forestales

Fueron casi dos semanas que terminaron con 547 mil hectáreas entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía, y que empezaron la semana del 16 de enero de 2017. Varios focos de incendio afectaban a la zona central, principalmente a la región de O’´Higgins y parte del Maule, aunque durante la jornada del 23 los siniestros que combatía Conaf parecían estar controlados.

Pero ese mismo día la situación empeoró. Un foco en Empedrado alcanzó tal magnitud que las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de los habitantes de la localidad de Santa Olga, que amaneció completamente arrasada por el fuego.

Esa noche, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en toda la Región del Maule, que después extendería a las contiguas. El fuego llegó al Biobío, asedió Concepción y llegó hasta La Araucanía. Con más de 70 focos activos, los incendios dejaron 11 muertos y casi 4 mil daminificados.

Entonces vinieron los aviones. Primero llegó el SuperTanker, de la mano de Lucy Ana Avilés; luego el Ilyushin II, desde Rusia; y la ayuda que se pidió a 80 naciones. Recién el día 4 de febrero Conaf entregó un balance de la mega emergencia que generó cortes de suministro y en las carreteras. Ese sábado, sólo un foco se encontraba activo y los demás estaban “contenidos” o “controlados”.

La Presidenta admitió que “nunca en la historia de Chile se había visto algo de esta dimensión”, y por el mismo motivo se dedicó a recorrer los lugares afectados, además de designar a tres de sus ministros para el mismo fin. “Es el incendio más brutal que ha registrado nuestra historia”, afirmó también.

Por causa de los incendios, la Mandataria debió suspender un viaje a Haití y República Dominicana, donde se realizaría una cumbre de la Celac. Tras la emergencia, la Presidenta inició sus vacaciones en el Lago Caburgua el 7 de febrero.

La “Operación Huracán”

Si en 2010 Michelle Bachelet cerró su mandato con un desastre natural como lo fue el segundo terremoto más grande de la historia de Chile, esta vez prepara su salida en medio otro que no había ocurrido antes el país: un “Huracán”.

Todo comenzó el 23 de septiembre del año pasado. En un mediático despliegue policial, personal del GOPE de Carabineros logró la detención de ocho comuneros mapuches imputados por la quema de templos religiosos y camiones en la Región de La Araucanía, entre ellos Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Tras 26 días en prisión preventiva, la Corte Suprema ordenó levantar la medida por “carencia de argumentos” en la denominada “Operación Huracán”, lo que en su momento significó un revés para fiscalía.

Pero en enero, el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, decidió cerrar la investigación. “Los antecedentes que entregó Carabineros para iniciar la investigación en contra de los ocho imputados adolecen de serias irregularidades”, se explicó en el momento.

Tras conocer los antecedentes -que las conversaciones interceptadas en los celulares incautados no correspondían a formato de mensajería y habrían sido implantadas en los equipos- fiscalía abrió una investigación por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra Carabineros. Desde entonces, la tensión entre ambas instituciones ha ido en aumento, y tras la audiencia del 9 de febrero en el Tribunal de Garantía de Temuco, que terminó con la negativa de reabrir la investigación y el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, el Ejecutivo ha tomado parte en la disputa, apelando a la decisión del juzgado y querellándose contra Carabineros.

La Mandataria, a su regreso, deberá enfrentar no sólo esta problemática, sino además preparar lo que será su última gira oficial como Presidenta, siendo Japón su destino.

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