Hoy el asesino del colegio en Parkland, Florida; los decapitadores de Isis recién capturados en Siria, el padre de Sophia; mañana, otros homicidios horrendos que ocurrirán. Homicidios que por su monstruosidad provocan llamados a que se restablezca la pena de muerte. Son entendibles. Es natural la indignación que los genera. Es bueno que la sociedad tenga feroces anticuerpos contra la maldad. Pero al mismo tiempo, es en estos momentos que a los políticos les cabe mantener la serenidad. Porque les es muy fácil usar sus potentes tribunas para exacerbar la ira colectiva, llevarla a pasiones vengativas que, cuando se desatan, no son fáciles de frenar.

Haber terminado con la pena de muerte es, en mi opinión, uno de los grandes avances de la civilización. Es recoger el mensaje cristiano de que nadie es irredimible. Es evitar eliminar a personas inocentes, como lo han sido tantos ejecutados a través de la historia, comenzando con Jesucristo. Es terminar con el peor ejemplo que puede dar el Estado a los ciudadanos, el de no solo matar, sino de hacerlo con fría premeditación.

Algunos dirían que ahora disponemos de métodos de ejecución menos crueles que antes. ¿Pero por qué podría ser preferible la muerte vía inyección letal como la que se practica en Estados Unidos, a aquella que realiza el Estado Islámico cuando decapita a sus víctimas o aquella que usaba la Inquisición al lanzar a los herejes a la hoguera? Las ejecuciones vistosas y sangrientas no hacen sino ilustrar lo salvajes que son todas las ejecuciones, aún las que se realizan apretando un aséptico botón.

Difícil pensar que la pena de muerte pueda ser disuasiva. Improbable que lo sea para el que mata en un arrebato de desmesura: mal se va a acordar en ese momento de las ejecuciones ejemplares que lo tendrían que haber disuadido. Para qué hablar del sicario, o del narcotraficante, que arriesgan sus vidas todos los días en el ejercicio de sus maléficos oficios. Para estos la muerte está siempre a la vuelta de la esquina: saben que les puede llegar mucho antes que cualquier ejecución. Más disuasivo para ellos es el presidio perpetuo.

Los que claman en Chile por la pena de muerte dicen que hay un clima de impunidad en el país. Tienen razón, pero se debe a la desidia de fiscales y jueces, o a las ineficientes disputas territoriales entre carabineros y la PDI, y no a que la pena máxima sea “solo” el presidio perpetuo calificado. Por algo hay presidiarios que intentan suicidarse antes de tener que cumplirla. Por cierto aquellos que creen que el suicidio y el aborto son ilegítimos porque usurpan el derecho de Dios o de la naturaleza a decidir cuándo corresponde morir deberían por la misma razón rechazar las ejecuciones, en que el Estado se arroga ese derecho.

¿Qué decir del fervor colectivo, de circo romano, de todos contra uno, que suscitan las ejecuciones? Para qué hablar de si son públicas. Hace poco más de un siglo las ejecuciones públicas eran comunes en los países supuestamente más civilizados. En Cuba las practicaron vergonzosamente Raúl Castro y el Che Guevara, en 1959. Hoy solo persisten en Corea del Norte, Irán, Somalia y Arabia Saudita: ¡vaya la colección de países! Pero desgraciadamente, las ejecuciones generan un ambiente de circo romano aun cuando se realizan a distancia.

Terrible la alegría pública al intuir la sangre del reo, aun cuando no se le ve morir. Es el peor ejemplo de la tiranía en que a veces incurren las mayorías, del insensato bullying colectivo que a veces se desata, para concentrar en un solo chivo expiatorio la maldad de la que nadie es inmune. No debería el Estado incitar esa tiranía. Mejor que ejerza mesura, y que con ella dé el ejemplo civilizatorio en que los reos se tengan que medir.

/Columna de David Gallagher para El Mercurio

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