Dudosamente los legisladores que aprobaron la Ley de Educación Superior repararon en lo que significa la palabra “gratuidad”. El término es equívoco; remite a algo que se consigue sin pagar, aunque también es sinónimo de arbitrario y sin fundamento (“el insulto fue gratuito”). Aplicado a educación superior, puede resultar sorprendente: ¿Al quererla idealmente gratis o de balde, también se la concibe regalada o en extremo barata aun cuando se sepa que es muy cara y alguien, a la larga, siempre va a tener que ponerse con el gasto (i.e. los que pagamos impuestos, el mundo privado que termina subvencionando ofertas políticas de quienes gobiernan o validan leyes deficientes)?

Las instituciones ya adscritas al régimen de gratuidad han ido descubriendo una serie de efectos que la ley ahora consagra: (1) Tener que doblegarse a criterios, lógicas y cientos de formularios de la autoridad que, fuera de mermar la autonomía de las instituciones, las obligan a uniformarse; (2) tremendos déficits que se han hecho evidentes, puesto que el fisco no cubre los aranceles reales; y (3) al no haber una uniformidad de estudiantes (algunos sí congraciados con la gratuidad, otros no), fuertes diferencias sociales probables -alumnos de primera, segunda o tercera clase según si causan pérdidas o producen ingresos (Acción Educar)-, lo contrario que se supone que habría que resolver.

En el fondo, más allá de si posibilita o no la gratuidad universal chuteada para adelante, la ley obliga a adherir a una concepción socialista –a mayor fiscalización, mayor estatización burocrática habiendo platas del Estado de por medio- que lleva a uno preguntarse qué tiene que ver todo esto con la universidad como propósito, inclusive tratándose de planteles públicos. Vista así, la gratuidad sería una postura políticamente interesada que hechos a plena vista (para qué decir en lo sucesivo) vuelven manifiestos. La demagogia produce efectos negativos obvios no reconocidos. Los de un caballo de Troya al descubierto intentando avanzar planes nada nuevos; el tener que amoldarse a estándares externos (agencias y sistemas de acreditación dudosos), no el único. Las universidades hoy en día, y no solo en Chile, se están convirtiendo en meros “franchises” o licencias para comerciar profesional o académicamente (si hasta la investigación “científica” se ha vuelto un “trade”, negocio o comercio).

/Blog de Jocelyn Holt para La Tercera

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