A pocos días de la transmisión del mando presidencial, se ha desatado una polémica inconveniente. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha invitado a la ceremonia a los países con cuyos gobiernos mantiene relaciones. Entre los invitados que tempranamente aceptaron la invitación están los presidentes de Venezuela, país afectado por una grave crisis política y Bolivia, cuyo Presidente se ha empeñado en ofender a Chile cada vez que puede. Y hay quienes en Chile proponen revocar esas invitaciones.

El debate es inconveniente porque da protagonismo a Morales y Maduro en una fiesta democrática que no les pertenece y convierte la inauguración en motivo de querella, no de festejo. Pero sobre todo el tema de las invitaciones muestra fisuras en lo que orgullosamente llamamos nuestra “política exterior de Estado”. Dicha política responde a ciertos principios de nuestra conducta internacional, entendidos como reglas permanentes de conducta que debemos mantener, si queremos que nuestra presencia en el sistema internacional siga siendo respetada. Chile es valorado por la consistencia de su política, su respeto por los tratados y la institucionalidad internacional y porque, en un mundo conflictivo y variable, actúa con certeza y respeto, de acuerdo a convicciones que no cambian por conveniencias momentáneas.

La conducta de nuestro gobierno en el caso de Venezuela ha sido la que se esperaba de nuestro país de acuerdo a los principios que rigen su política exterior. Hemos actuado colectivamente con decisión, sostenido que en ese país se ha producido una ruptura del orden democrático, hemos denunciado las violaciones de derechos humanos y rechazado como inaceptable su situación humanitaria inaceptable. Sin duda corresponden sanciones de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana. Pero nadie puede pretender que las aplique Chile unilateralmente.

Chile nunca ha considerado que las exclusiones tengan un efecto positivo en las crisis internacionales y solo constituyen un recurso de última instancia. Cuando se excluye a un país, siempre hemos sostenido que eso debe hacerse dentro del marco de la institucionalidad internacional. La Carta Democrática Interamericana, instrumento fundamental que rige estas situaciones no ha funcionado por falta de votos suficientes de sus estados miembros. Venezuela no ha sido suspendida por la OEA ni por la CELAC. Ningún país ha roto relaciones con Venezuela unilateralmente y hasta hace poco hemos estado enfrascados en intentos por alcanzar acuerdos para un diálogo significativo entre las partes. Debemos insistir en la OEA y otros organismos para que adopten las decisiones colectivas que se rquieren. Aparecer como vengadores solitarios, por justa que parezca la causa, no es propio de nuestra política exterior.

En cuanto a Bolivia, Evo Morales busca apoyo internacional en momentos en que su prestigio está por los suelos tras hacer aprobar, fundado en razones de derechos humanos, su derecho a reelegirse para siempre. Ya ha quedado claro que hay detrás de sus demandas en nuestra contra. ¿Por qué razón darle motivo para victimizarse ante la comunidad internacional usando como pretexto el “desaire chileno? Pero también en este caso hay en juego normas de conducta permanente, más allá de la coyuntura de la Haya y de los Presidentes de turno, Chile quiere una relación normal, incluida la relación diplomática, con Bolivia. No es el momento de alejarnos de ese objetivo estratégico, sino de fortalecerlo, recibiendo en Chile a su representante, aunque su conducta hacia nosotros haya sido hostil.

No hay razón para que Chile haga lo que no ha hecho nunca antes en su historia diplomática. La política permanente de nuestro país no puede alterarse para obtener golpes de efecto inconsistentes con nuestra política exterior. Ello es contrario a nuestro interés nacional y a los principios que siempre hemos practicado.

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