A poco más de una semana de haber sido llamado a retiro por el general Bruno Villalobos -el pasado jueves 15-, luego de que el día anterior el gobierno decidiera presentar una querella por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público por la posible manipulación de pruebas en la Operación Huracán, el capitán (R) Leonardo Osses -quien se encuentra imputado en las causas Huracán I por supuestos delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público y será formalizado en la causa Huracán II el próximo miércoles 28 de marzo, acusa un “ensañamiento nunca antes visto” en su contra.

Además, asegura que la fiscalía estuvo al tanto de las interceptaciones que se estaban realizando con el software “Antorcha”, al igual que el Alto Mando de Carabineros, quienes, además, lo respaldaban.

¿Qué le pareció que se le pasara a retiro en medio de la investigación? 
Creo que si nuestro general director tomó esa decisión tengo que asumirla y hay que esperar -como dijo él- la verdad judicial, y espero reintegrarme a la institución. Él nos señaló que confiaba en nosotros y nosotros le dijimos la verdad. Yo, particularmente, le manifesté que estaba diciendo la verdad, que si teníamos que dejar la institución para que esto fluyera de mejor forma, me reinvento. Estoy buscando trabajo (se quiebra).

¿Usted entiende que una de las debilidades de su posición tiene que ver con que han cambiado varias veces las versiones de cómo funcionaba “Antorcha”?
Eso se debe a las distintas presiones que han existido en cada una de las declaraciones. Aquí lo importante es probar la aplicación, que esto sea probado en un panel de expertos, con gente que realmente tenga conocimiento de esta aplicación. La verdad es que ha sido algo súper complejo, porque las veces que se ha tratado de reconstruir algo hemos tenido diferentes obstáculos y esos obstáculos se están investigando. Pero lo importante es que esto se vea con un panel de expertos, con gente capacitada, y que los jueces y que los mismos fiscales algunos vuelvan a ver y otros que no conocen este sistema lo conozcan, porque como le decía, hay varios casos más que se vieron con “Antorcha”.

¿Cómo era su trabajo en la Unidad de Inteligencia de Temuco?
Llevo trabajando desde el año 2012, aproximadamente, y en la Unidad de Inteligencia de Temuco desde el 2016. Cumplía diferentes roles como analista de casos y el último año (2017) estaba encargado de una oficina de informática, la cual se había implementado para poder conseguir información a la que no podemos tener acceso con los métodos comunes. De las escuchas telefónicas conseguimos acceder con algunas técnicas de informática a obtener conversaciones de personas. Partimos con el tema de las adjudicaciones que realizaban de los atentados incendiarios. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Álex Smith, que fue profesor mío en la Universidad Santo Tomás. Las adjudicaciones salían en los diferentes medios de comunicación de estas agrupaciones: werken.cl, mapuexpress, paismapuche y una página en particular, que es weftun.org . Y así fuimos, como se dice, iniciando este tema y se dio la posibilidad de ir obteniendo antecedentes de los cuales antes como Inteligencia no habíamos podido acceder. Nuestra inquietud era poder identificar a esas personas encapuchadas, poder saber quiénes estaban detrás de los atentados. Más o menos teníamos, como se dice, una cantidad importante de adjudicaciones, las cuales estábamos analizando. Sabíamos quiénes eran las personas que realizaban estas publicaciones y esas personas que identificábamos nos llevaban a otras personas, a quienes les enviaban la información. Pero en muchas escuchas ellos señalaban que “no hablemos por teléfono, porque estamos intervenidos. Así que hablemos por WhatsApp o hablemos por Telegram”, y esa era nuestra limitante, porque nosotros sabíamos que ellos se comunicaban por ese tipo de mensajería y lo complicado es que no sabíamos cómo llegar a esa información.

¿Así nace “Antorcha”?
O sea, nace primero haciendo pruebas de programación. En este caso, por parte de Álex Smith. Compramos algunos teléfonos para ir probando de qué forma se podría realizar algún tipo de interceptación. WhatsApp tiene, no soy muy técnico en el tema, pero tiene un sistema de encriptación que no permite extraer las conversaciones, pero sí existía la posibilidad, a través de otro método, de tener las conversaciones y, en este caso, sabiendo los correos de las personas que estábamos investigando y que ese correo esté sincronizado con los teléfonos. Entonces este no es un trabajo que sea de un día para otro.

Estas pruebas, ¿cuándo fueron?
En enero, febrero, estuvimos viendo adjudicaciones. Después marzo, abril, mayo; hubo una ola de atentados importante y ahí ya estábamos haciendo casi más o menos las primeras pruebas. Estábamos realizando pruebas con la finalidad de tratar de llegar a un nivel que pudiéramos presentar a los mandos. Entonces, cuando se llegó a un nivel de extracción de información…, llegó un momento en que se realizaron pruebas, lo que yo escribía llegaba casi en tiempo real y en las diferentes aplicaciones ahí como que ya empezamos, como se dice, a creer que esta cuestión iba a funcionar bien. Debe haber sido agosto más o menos. No soy tan experto, pero sí, eso requiere de bastante tiempo en lo que es programación, porque como no se puede desencriptar WhatsApp había que buscar la forma de cómo entrar al correo y a través del correo este malware pudiera realizar un espejo y poder rescatar la información que tenía la aplicación. Entonces, todo este tema se presentó al mando. En este caso, al jefe de Operaciones y al jefe de la unidad. Cuando existieron las reuniones con la fiscalía, ya sabían los mandos, porque en todo este proceso se realizaron reuniones de coordinación con el Ministerio Público desde agosto.

¿Desde agosto de 2017 uno puede señalar que la fiscalía sabía de la existencia de “Antorcha”?
Sí. Así es. Probablemente, no con el nombre de “Antorcha”, pero sí sabían que realizábamos pruebas en este caso y que teníamos la capacidad de obtener mensajes de WhatsApp y Telegram. El fiscal Arroyo y otras personas más, los que trabajaban con él en la Fiscalía de Alta Complejidad. Ellos tenían conocimiento de que teníamos esa capacidad de poder interceptar esas… De hecho, a él se le pidió, yo no, pero mi mando le pidió asesoramiento de qué forma nosotros podíamos solicitar a un tribunal o de qué forma podíamos solicitar la autorización para interceptar personas, y en virtud de esas reuniones de coordinación que se realizaron ellos sugirieron que se realizara a través del ministro de Corte de Apelaciones de Temuco o de donde se realizaran las investigaciones. Y en ese sentido ellos, como se dice, asesoraron técnicamente y jurídicamente de cómo se tenía que pedir, analizando la Ley de Inteligencia y viendo los aspectos técnicos y jurídicos de cómo pedir las interceptaciones. No me recuerdo de la fecha, pero el fiscal Arroyo tenía conocimiento de los reportes de interceptación que eran solicitados por Ley de Inteligencia, porque yo, por lo que tengo entendido, el director de Inteligencia había autorizado realizar estas coordinaciones. El liberó que se realizaran estas coordinaciones con el Ministerio Público, ya que una vez autorizadas estas interceptaciones estaba saliendo información de relevancia de coordinación de atentados, entonces hubo diferentes reuniones de coordinación y estrategia de cómo enfrentar esta información, porque era información tan relevante que sabíamos los lugares donde iban a ocurrir los atentados.

¿Hay antecedentes que probarían que la fiscalía o los fiscales de la zona estaban al tanto del uso de esta aplicación y que funcionaba?
Sí. Los antecedentes los tiene nuestra abogada y ella en su momento lo va a hacer saber. La fiscalía siempre estuvo al tanto de lo que hacíamos con “Antorcha”.

En algún minuto el Alto Mando de Carabineros, el director de Inteligencia dijo usted, tuvo algún tipo de coordinación con el Ministerio Público para el uso de este software. ¿Recuerda la fecha?
No, no me acuerdo la fecha. Si sé que hubo reuniones de coordinación en las cuales participó el alto mando con el Ministerio Público, en este caso el fiscal regional, el fiscal Arroyo y probablemente otros fiscales, en la cual concurrió nuestro jefe de unidad y concurrió el alto mando nuestro a realizar reuniones de coordinación.

¿Se refiere al director de Inteligencia, general Gonzalo Blu? 
Claro.

Llama la atención que un civil como Álex Smith colabore con labores de inteligencia…
Él estaba en proceso de postulación. En la mayoría de los establecimientos públicos existe una postulación, que no es una contratación inmediata, y él estaba postulando a Carabi-neros. Entonces él, dentro de los horarios que le quedaban, nos cooperaba en la creación de esta aplicación. Al fiscal Arroyo se le explicó cómo funcionaba, inclusive ellos hacían bromas, “vamos a tener que tener cuidado con ustedes…”, las típicas, pero en el marco de la confianza, o sea, estamos hablando de que la relación de Carabineros con el Ministerio Público siempre ha sido buena.

¿Usted participó en la confección del Oficio 130?
No, yo entregué los reportes que entregó el sistema y esos reportes fueron incorporados al Oficio 130. Posteriormente, una vez que se confecciona este oficio, la jefatura le fue a entregar este oficio en borrador al fiscal Arroyo para que él viera los aspectos técnicos: si estaba bien, si había que cambiarle algo. Se entrega información que fue a través de un borrador, que tuvo algunas modificaciones. No recuerdo por quién, y posteriormente se hace entrega de este oficio, y en ese sentido la respuesta de ellos, no recuerdo qué fiscal, si fue Arroyo o si fue otro fiscal, le pidieron esperar un poco por un motivo que les tenían miedo a los jueces. De esperar un juez que sea cercano a ellos para poder pedir las autorizaciones judiciales. Tuvimos algunas vulneraciones en este caso en contra de oficiales de la unidad nuestra y en contra del mismo fiscal Arroyo.

¿A qué se refiere con vulneraciones?
Los comuneros tomaron conocimiento de que existía una operación en contra de ellos. Llaitul habla con un José y éste le dice: “Oye, pero yo tengo un contacto en la fiscalía”. Y ese José le envía una foto -que no pudimos descargar hasta después-, pero pudimos obtener las coordenadas y esas nos dieron en la fiscalía. Yo le di cuenta a mi mando y reaccionó de forma inmediata. Le avisaron a la fiscalía que existía una filtración de esta información, no sabíamos de quién, pero que sí nos dio una coordenada en la fiscalía.
Mi jefatura tomó contacto con Luis Arroyo para señalarle si yo podía ir a la fiscalía con una aplicación que realizó Álex Smith para poder identificar quién fue la persona que filtró esa fotografía. Ese día, Luis Arroyo se encontraba en una reunión y me va a atender el fiscal Felipe González. Nos llegó un reporte a un correo que era de “Antorcha” y nos dice que es a tres metros y medio de distancia y después nos llega el número de teléfono. El fiscal lo ingresa y es de Mónica Palma (abogada asistente). Eso fue en septiembre de 2017.

¿Usted tiene la convicción de que Mónica Palma filtraba información?
Conforme a los reportes, sí. Estoy súper claro de que ella envió una fotografía con nombres de personas que iban a ser detenidas a una persona que se llama José y esa persona le envió esa fotografía a Héctor Llaitul, y de eso yo tengo la certeza, porque cuando realizamos la interpretación de WhatsApp descargó la fotografía. Nosotros dijimos ¡chuta!, es una herramienta que es súper útil y que probablemente les pueda servir para seguridad nacional. No solamente en lo que es violencia rural, sino que para otros casos. Usamos “Antorcha” en otras causas, en varias causas.

¿Pero por qué no se la compartieron a otras unidades o a la Dipolcar, por ejemplo?
Es que los requerimientos nos llegaban a nosotros.

¿Solamente al equipo que trabajaba con Álex Smith que había creado el software?
Sí.

A partir de qué se detecta la supuesta filtración de Mónica Palma. ¿Ustedes notaron un cambio en la fiscalía?
Claro. No contestaban el WhatsApp, no contestaban ninguno el teléfono. Con los fiscales que uno tiene la relación a diario uno siempre se comunicaba, sin ningún problema, pero los jefes yo notaba como que no había la relación de siempre. Algo había pasado. Siendo que en el caso particular de mi jefe directo, era el jefe de Operaciones, mi mayor Marín, él tenía una relación con Arroyo de años, del año 2010. Hartos años. Entonces, que de un momento a otro no le conteste el teléfono es que algo estaba pasando. No creo que haya sido así como ¡ah, no te voy a hablar más!

¿Y ustedes reportaron de esa situación al Alto Mando?
Desconozco si se reportó esa situación.

¿Y en ese ambiente “enrarecido”, según usted relata, estaban hasta que les cae la acusación de manipulación de pruebas?
Esto pasa cuando se libera el Oficio 202, el 11 de diciembre.

¿Usted participó en la elaboración de ese informe?
Nosotros entregamos los reportes y confeccionaron el oficio y se envió obviamente no al fiscal regional de Temuco, por razones obvias, y por eso es que se le envió al fiscal nacional. Para que sea objetiva la denuncia que estábamos realizando, porque nosotros denunciamos el hecho. O sea, se liberó información para que se pudiera investigar.

¿Usted descarta la existencia de un montaje de manipulación de pruebas en la Operación Huracán y San José de la Mariquina, denominado Huracán II?
Sí, totalmente.

La fiscalía, hasta que se producen las acusaciones contra una de sus funcionarias, no tuvo alguna duda o reticencia respecto de cómo se obtenía la información?
Cae de cajón que si la fiscalía estaba en conocimiento de la utilización de este sistema, esta aplicación, ¿por qué no nos preguntó cómo funcionaba, para que quede registrado en la investigación? Sí sabían cómo funcionaba: recibíamos los reportes. Inclusive, sabían de qué forma se interceptaban los teléfonos. Entonces, creo yo, no soy abogado, si ellos tienen la duda de cómo funcionaba en la investigación de ellos y sobre todo si Labocar mismo les dice “oye, hay unos archivos que son de esta nomenclatura, que son”… No sé cómo fue el término que lo explicaron, ellos mismos tendrían que haber preguntado.

En la investigación del caso se ha señalado que ya hay algunos peritajes de informaciones, es decir, de organismos externos que han desestimado el funcionamiento de “Antor-cha”. ¿Usted está al tanto de eso?
Desconozco. Es que lo que pasa es que ellos tienen que probar con el sistema. Ellos no han tenido acceso a “Antorcha”.

¿A usted le consta que el Alto Mando de Carabineros ha comprobado el funcionamiento de la aplicación? 
O sea, en su momento se probó cómo funcionaba

¿Y los altos mandos? ¿A nivel de la Inteligencia máxima de Carabineros de este país?
Nuestro director sí.

¿Se refiere al general Blu?
Sí.

En Ciper se filtró un correo que usted le habría enviado a Álex Smith que contenía un archivo adjunto con el nombre “Llaitul.txt”, lo que ha hecho suponer que esos eran los mensajes que se habrían implantado en los celulares de los comuneros detenidos. ¿Cómo explica esto?
No me recuerdo la cantidad de correos que yo le he enviado a Álex Smith, pero son muchos. Pero ese es un resumen de todas las interceptaciones que se habían realizado con anterioridad a las personas que estaban detenidas. Era con la finalidad de que él supiera cuáles son las conversaciones que habían realizado estas personas, porque la función que cumplía Álex ese día, cuando estábamos en el Labocar, era de asesorar a los peritos en qué software tenían que utilizar. Para que él viera si esa información había salido de los teléfonos, esa es como la explicación, porque yo siempre le estaba mandando reportes por diferentes situaciones y, de hecho, ese es como el resumen de todas las conversaciones que habían sido interceptadas.

¿Cuál es su tesis para explicar todo lo que está pasando? ¿Que la fiscalía está defendiendo a uno de los suyos que supuestamente estaba filtrando información?
Puede ser eso. Por eso esto tiene que investigarse. O sea, pero tiene que investigarse bien, ojalá se investigue de la forma más neutral. Es importante también señalar que hoy día la Unidad de Inteligencia quedó sin nada de información, se le amarraron las manos a la Unidad de Inteligencia.

¿Cómo cree usted que van a continuar las relaciones entre la fiscalía y Carabineros después de este episodio en una zona complicada como es La Araucanía?
Yo tengo esperanza de que se recupere esta confianza. Lo que importa más es que la gente quede tranquila, que vuelva a confiar en la institución en La Araucanía. Ese es el problema, porque insisto: existe una sensación de impunidad en La Araucanía, y lo que nosotros estábamos haciendo era que no existiera eso. Nosotros estábamos haciendo la pega.

¿Hubo manipulación de información precisamente para lograr resultados efectivos en el tema de los atentados de La Araucanía?
Manipulación no hubo.

¿Lo descarta completamente?
Sí. Quizás errores en procesos de protocolo puede haber sido. Pero ese es un tema que no nos corresponde a nosotros, porque nosotros no hicimos los peritajes, pero probablemente hubo algún error de protocolo que tiene que investigarse también.

¿A qué se refiere con un error de protocolo?
Un error de protocolo es periciar un teléfono, por ejemplo, pero la pega que hice yo con Álex Smith fue en este caso realizar la interceptación , ese fue nuestro trabajo.

Algunos comuneros han señalado que ellos no tenían ni siquiera la aplicación de WhatsApp para comunicarse, que ni sabían lo que era. ¿Cómo se explica eso?
Es que hay que tener presente que la mayoría de las personas que participan en estos hechos delictivos siempre dicen que es montaje. Es un tema que hay que investigar. Si no tenía la aplicación hay que ver si fue desinstalada, hay que hacer peritajes. Eso hay que esclarecerlo. Insisto, los reportes nosotros los recibíamos en vivo y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque recibimos una comunicación, por ejemplo, de que tal persona iba a tal lugar y llegaba a ese lugar, entonces ese es el tema, de forma real. Prevenimos varios atentados. El objetivo de Llaitul era quemar 100 camiones. Pero lo importante es que cuando fueron detenidos hubo calma en La Araucanía por bastante tiempo. Hubo bastante calma y la ciudadanía se dio cuenta de eso. Y cuando quedan en libertad, eventualmente hubo un par de episodios y no sé si fue después de que él dio una vocería, al día siguiente quemaron 23 camiones adjudicados por la CAM. Entonces la gente tiene que juzgar no más. Yo no soy quién para juzgar. Lo que a mí me tocó hacer es algo concreto de interceptar. Yo recibía reportes en vivo, recibía fotografías, videos y el tema es que se perdió una oportunidad importante, porque revelamos nuestras técnicas de investigación y que yo creo que ya nunca más van a volver.

/Entrevista de María José Núñez para La Tercera

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