A mediados de enero, a través de la oficina de partes, ingresó al Servicio Electoral un escrito dirigido al presidente del Consejo de la institución, Patricio Santamaría Mutis. El tema era en extremo delicado: la funcionaria L.E.N.S, contadora pública y auditora de la subdirección de gasto y financiamiento, que había sido desvinculada de la entidad en el marco del proceso de evaluación de trabajadores a contrata, acusaba al director de la institución, el abogado Raúl García Aspillaga, de acoso laboral y sexual.

En el texto, la mujer denuncia una serie de supuestos episodios ocurridos dentro y fuera de las dependencias laborales en los que García Aspillaga habría ejercido hostigamiento en su contra, además de insinuaciones que ella interpretó como de carácter sexual, aprovechando su cargo de superior jerárquico.

Quienes tuvieron acceso al texto de la denuncia, afirman que en éste la mujer narra que en una ocasión en julio de 2017, García Aspillaga la habría invitado insistentemente a subir por las escaleras los 27 pisos de la Torre Centenario, en calle Miraflores, donde existen dependencias del Servel, a lo que ella se habría negado en un inicio, accediendo finalmente a la solicitud en razón de que éste era su jefe. Al concluir el ascenso, el abogado se le habría acercado y le habría puesto sus manos sobre el cuello para tomar sus pulsaciones, manteniendo un contacto físico que le habría sido incómodo y que la denunciante considera como una insinuación sexual.

En otra oportunidad, ella se dirigía al metro Bellas Artes y se habrían encontrado en la calle. Él la habría obligado a acompañarlo desde Miraflores a su oficina en calle Esmeralda fuera del horario laboral y habría cerrado la puerta para conversar con ella a solas, echando del lugar a otros trabajadores que interrumpieron el encuentro. Además, detalla que frecuentemente pasaba a verla, pese a que ella no tenía rango jerárquico ni temas pendientes que abordar con él. La profesional concluye que existía en estas conductas un interés por generar situaciones propicias para un acercamiento impropio que ella no deseaba.

La acusación se concentra en la narración de la profesional y no cuenta con otras pruebas como mensajería instantánea o correos.

Por lo mismo, la mujer pide una serie de diligencias, entre ellas la citación de testigos de estas eventuales conductas. Cercanos a la supuesta víctima plantean que ésta no desea ser reincorporada a las funciones que ejercía desde hace algunos años, sino sólo que el tema sea investigado y García Aspillaga reciba una sanción.

La defensa

El acusado, en tanto, afirma que se está ante una revancha por su decisión de mantener a firme la determinación de no renovar la contrata de la trabajadora.

“La denunciante se trata de una ex funcionaria respecto de la cual este Director y a solicitud del jefe directo de la misma, decidió no renovarle su contrata a partir del 1 de enero de este año por mal desempeño. La denunciante solicitó reunión conmigo el 15 de diciembre del año pasado para solicitarme que revocara mi decisión de no renovarle su contrata y ante mi negativa a hacerlo decidió presentar denuncia”, detalla García Aspillaga a La Tercera.

Plantea que la desvinculación estaba asociada a una mala evaluación de la mujer en el desempeño de sus funciones. Nuñez estaba a cargo, junto a otros funcionarios, de la revisión de cuentas municipales 2016 que por ley debió haber concluido el 22 de marzo de 2017, pero que fue cerrado el 2 de agosto del año pasado. Según fuentes del Servel, estos atrasos son normales dada la gran cantidad de material que debe ser cotejado por equipos pequeños que trabajan contra el tiempo.

El abogado acota que días antes de que se recibiera el escrito donde se le imputa la conducta de acoso, un dirigente gremial “de una forma muy amenazante” le advirtió que si no mantenía a la trabajadora en el cargo, habría consecuencias.

“Otro antecedente importante que confirma la infamia de esta denuncia lo constituye el hecho de que el 28 de diciembre recién pasado, un recientemente electo dirigente de una de las asociaciones de funcionarios y con quien la denunciante tenía una relación muy estrecha, ante mi negativa a cambiar mi decisión de no renovar contrata de la denunciante por mal desempeño, me amenazó con denuncia por acoso sexual. De lo anterior fueron testigos diversos funcionarios que estaban presentes. Le denuncia será investigada internamente y luego que se establezca la falsedad de los hechos imputados iniciaré acciones legales contra la denunciante”, concluye.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, que tomó la representación de Nuñez, la convicción es que se está ante un hecho que es creíble y que debe ser indagado de forma imparcial, por lo que se llevó el caso al Consejo.

¿Quién investiga?

El presidente de la Anef, Carlos Insunza, explica que en casos similares de acoso en entidades como el Ministerio Público, los Tribunales Laborales y la Contraloría se han declarado incompetentes. De ahí que se optara por presentar la situación inicialmente al Consejo. “Al Servel, en su más reciente reforma legal, se le otorgó un carácter de autonomía constitucional, muy similar en los hechos al que tiene el Ministerio Público y otras instituciones como la Contraloría General de la República. Eso genera problemas porque se extrae del Control Administrativo y de la Dirección del Trabajo a estas instituciones, lo que implica que algunos tribunales se han declarado incompetentes”, consigna.

Por ello, comenta, se recurrió al Consejo con la finalidad de que “articule un procedimiento que le dé garantías”.

“Como es el Consejo el organismo superior en el Servel, con autoridad sobre el director, es el que debe definir qué pasos seguir, en un proceso de investigación regular con garantías de autonomía y objetividad. Que a quien se le encargue la investigación no tenga conflictos de subordinación o de interés respecto de quien está siendo investigado. Esperamos que el Consejo tome una medida que dé cuenta de que, a pesar de que su mandato se refiere fundamentalmente al buen funcionamiento del servicio en materias electorales, no puede dejar desprotegidos a los trabajadores y trabajadoras”, postula.

A fines de enero, Santamaría presentó el caso ante el resto de los consejeros, quienes probablemente definirán instruir una investigación sumaria. El punto es que si la realiza un trabajador de la Servel, se enfrentará a la disyuntiva de indagar a su superior jerárquico. Consultados por este medio, Santamaría y los consejeros Andrés Tagle y Alfredo Joignant declinaron referirse al caso.

García Aspillaga fue designado como director del Servel el 28 de diciembre del 2016. Anteriormente había prestado asesorías a la institución desde el año 2015 en un proceso de modernización institucional que fue alabado tras la eficiencia en la entrega de los resultados de los comicios de 2017. Su cargo tiene una duración de cinco años, con la opción de ser renovado hasta por dos periodos consecutivos.

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