El cambio de gobierno se acerca rápidamente y ya se dan pasos para realizar un traspaso de mando los más eficiente posible. Pero instalar una administración de signo político sustancialmente distinto a la saliente nunca ha sido un asunto sencillo de realizar, sobre todo si la antigua administración ha resuelto perpetuarse mas allá de su mandato, ubicando a un sinnúmero de adeptos en altos cargos del aparato estatal y en cuya designación primó el factor político.

Es un derecho que tiene cada gobierno entrante de armar sus equipos estratégicos, colocando a personeros de su confianza en puestos clave hasta el tercer o cuarto nivel jerárquico, como jefaturas y direcciones relevantes. Es aquí donde las políticas que se deciden a nivel de gobierno central se deben llevar a la práctica sectorialmente, de manera que puedan desarrollarse con eficacia por cada ministerio o servicio. Esto implica que todas aquellas personas que fueron designadas con anterioridad por motivos políticos deberían renunciar, evitando así que las nuevas autoridades le dediquen largo tiempo y recursos a removerlas.

Lo anterior tendría que plantearse como una política aplicable a la instalación del próximo gobierno y de los que vendrán a futuro, con una visión de largo plazo y no sólo atingente a la actual coyuntura. Es fundamental para todo gobierno entrante colocar a gente de su entera confianza, sus equipos, en los lugares estratégicos de la administración del Estado, para una mejor gestión de sus políticas y proyectos. Como contrapartida, habría que mencionar que representa un egoísmo ciego y negativo cuando un gobierno saliente intenta boicotear esta posibilidad, dejando a sus “operadores políticos” instalados en aquellos cargos que resultan importantes para la gestión del Estado.

Un reciente estudio realizado por el Instituto Libertad detectó que existen aproximadamente 800 puestos relevantes en cuya designación predominó el factor político. Incluso, en la mayoría de las últimas ocasiones donde se llamó a concurso de Alta Dirección Pública, profesionales muy capaces no fueron escogidos pues se aprovecharon aquellas oportunidades para dejar a personas del gobierno saliente en puestos estratégicos. Esta situación podría corregirse, como proponen personeros del antes citado Instituto, si se llegara a implementar en Chile una carrera de Servicio Civil, mediante la cual se dejarían los cargos del tercer nivel jerárquico u otros, en el ámbito netamente profesional y no sujeto a la influencia de las diversas coyunturas políticas.

Pero estamos muy distantes del planteamiento anterior y probablemente no exista una real voluntad para llevarlo a cabo, principalmente por parte de aquellos partidos políticos de izquierda que ven al Estado como una “maquina” propiciadora de cargos y empleos para sus adherentes, mismos partidos que sienten una suerte de animadversión hacia el sector privado, que es donde trabaja la inmensa mayoría de los chilenos. Así las cosas, el gobierno entrante no tendrá otra alternativa que armar sus equipos estratégicos, colocando a personeros de su confianza en puestos clave de la administración del Estado.

/Escrito por José Miguel Serrano para La Tercera

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