En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó el sobreseimiento definitivo decretado en primera instancia a favor de los ocho comuneros que fueron indagados por asociación ilícita en la Operación Huracán.

El 9 de febrero, el Juzgado de Garantía de esa ciudad decidió sobreseer a los involucrados luego de que la fiscalía comunicó la decisión de no perseverar y cerrar el caso luego de señalar que habría manipulación de pruebas que los vinculaban a los atentados incendiarios en la zona y que daba cuenta de una presunta organización para perpetrarlos. Si esa resolución se mantenía, los comuneros no podían ser investigados de nuevo por esos ilícitos.

Con el fallo, si bien se mantiene la decisión de no perseverar y el cierre de la indagatoria referente a la asociación ilícita, al revocarse el sobreseimiento los comuneros pueden seguir siendo investigados en caso de que haya nuevos antecedentes que provoquen la reapertura de la causa. Con esto, los involucrados no tienen ninguna imputación en su contra y el plazo de prescripción de los ilícitos es de 10 años.

Los alegatos en la corte partieron pasadas las 9.00 de este martes. Durante las tres horas, se presentaron los argumentos de la Fiscalía Regional de La Araucanía y el Ministerio del Interior, único querellante en la causa, además de los ocho defensores de los involucrados. Además, durante la audiencia estuvo presente Luis Hermosilla, abogado que representa al futuro gobierno en el juicio por el caso Luchsinger Mackay.

Tras un receso deliberativo de otras tres horas, los ministros del tribunal de alzada, Julio César Grandón, Alejandro Vera y María Elena Llanos, comunicaron sus diferencias a lo expresado por el juez titular del Juzgado de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez.

Este último, el 9 de febrero acogió la solicitud de sobreseimiento al considerar que la responsabilidad de los involucrados sólo pudo producirse por el “implante de supuestas conversaciones” de los comuneros. En aquel momento, pese a señalar que la decisión de no perseverar “puede ser un remedio procesal suficiente para las anomalías”, también consideró que lo ocurrido en la Operación Huracán constituyó “un estigma injustificado en la persona de los imputados”.

La Corte de Apelaciones coincidió en la decisión de no perseverar, pero consideró que el sobreseimiento no puede “ser utilizado como un modo de compensación, reparación o castigo”, principal razón para revocar la resolución.

Esta decisión no significa que los hechos que motivaron la causa no seguirán indagándose, dado que el incendio a camiones pertenecientes a la empresa de Transportes Calafquén continuará en curso a través de una causa separada.

“Lo que ha acontecido en este caso atañe única y exclusivamente a la formalización por estos antecedentes, no las restantes investigaciones que ha mantenido la fiscalía sobre los atentados incendiarios”, relató el fiscal regional de La Araucanía, Christian Paredes.

En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, valoró el resultado de la apelación y aseveró que respecto de este caso “no hay nuevos antecedentes” en contra de los comuneros. “En consecuencia, la causa ha quedado con el no perseverar y eventualmente podría reabrirse si es que existen antecedentes nuevos que se aporten a la investigación”, señaló.

Luis Correa Bluas, jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior, manifestó que el Ejecutivo “quedó satisfecho de que se hayan acogido las argumentaciones”, Aunque advirtió que si bien se encuentra cerrada la indagatoria, “de aparecer nuevos antecedentes se podrá determinar la responsabilidad de aquellos que incendiaron los camiones que fueron materia objeto de la investigación”.

Para Jaime Huenchullán, uno de los comuneros que fue detenido en la Operación Huracán, “estaban todas las pruebas para ratificar el sobreseimiento definitivo. Claramente, la policía incurrió en delitos, para intervenir y falsificar pruebas y evidencias para así involucrarnos”.

Una posición coincidente con la expresada por Fidel Tranamil, otro de los ex imputados. “Teníamos claro que existe mucha presión política del Estado, y queda una ventana abierta para que sigan criminalizando la causa mapuche de algún modo”, señaló.

El defensor penal mapuche Juan Pablo Alday, en representación de Claudio Leiva, Jorge y Jaime Huenchullán, Ernesto Llaitul y José Henríques, se manifestó contra el fallo. “Lo respetamos, considerando que se trata de un Tribunal de Alzada, pero evaluaremos como defensoría la procedencia de algún recurso frente a dicha resolución”. Esto, con relación a un posible recurso de queja que podrían presentar ante la Corte Suprema.