El anuncio de la farmacéutica Pfizer, que asegura que su vacuna tienen un 90% efectividad, ha abierto un nuevo debate: la obligatoriedad o no de vacunarse contra el coronavirus.

Según un estudio de Ipsos, seis de cada diez españoles preferiría esperar un año para vacunarse de la covid-19, una vez la vacuna esté lista, frente al 13% que lo haría inmediatamente. Estos resultados colocan a España como el segundo país europeo con menos predisposición para vacunarse ahora.

Sanidad se plantea su obligatoriedad

Desde el Ministerio de Sanidad, no descartan que vacunarse contra la covid-19 pase a ser obligatorio, pero aún no hay una decisión en firme.

Ante esta posibilidad, ¿en qué instrumentos jurídicos podría a apoyarse el Gobierno de Sánchez?

La ley de bases de sanidad nacional de 1944 y la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales para la salud pública dan cobertura a una posible vacunación obligatoria de la covid-19, aunque algunos juristas llaman a introducir nuevos instrumentos para hacer más efectivo el cumplimiento.

El abogado experto en temas de salud y profesor de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) José Enrique Pérez Palaci también se podría amparar el derecho a la vida y la integridad física y la protección de la salud tanto en la Declaración universal de derechos humanos, como el Convenio europeo de derechos humanos y la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recogido en la Constitución

En España, el título primero de la Constitución recoge el derecho a la vida y a la integridad física (artículo 15) y en el artículo 43 se desarrolla que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Más allá, en la ley 22/1980, que modifica la ley de bases de la sanidad de 1944, se prevé concretamente que las vacunas contra la viruela, difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno.

Como pasó con la viruela

También sigue vigente un decreto del año 1945 que aprobó el reglamento para la lucha de las enfermedades infecciosas que en su artículo 21 declara que podrán ser obligatorias para todos los ciudadanos españoles las vacunaciones contra la difteria y la viruela, “siendo sancionadas su falta de realización”.

Para juristas como Pérez Palaci, “por analogía” se podría asimismo declarar obligatoria la vacuna para la pandemia por la COVID-19.

Si bien la ley de 2002 sobre autonomía del paciente apunta a que la persona afectada puede aceptar o rechazar algunas terapias, ese derecho a decidir tiene algunas excepciones, principalmente el riesgo a la salud pública.

Efectos contraproducentes

Sin embargo, desde el mundo médico, insisten en que no es lo más apropiado declarar obligatoria la vacuna “porque podría tener efectos contraproducentes”, explica la jefa de epideomología del hospital barcelonés Vall d’Hebron, Magda Campins.

“Si obligas a la gente, éstos pueden ser más reticentes. Esperamos llegar a coberturas de vacunación de la población altas sin tener que llegar a la obligatoriedad”, apunta Campins.

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