El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, abordó esta mañana a los hechos de violencia ocurridos durante el fin de semana en La Araucanía y señaló que se trató “de una jornada dolorosa para Chile y para la región”. Así, manifestó que más allá del resultado judicial de los controles de detención de ayer, “los hechos ya son de la suficiente gravedad como para condenar la violencia que se utilizó ahí”.

“Esto es solo la etapa inicial de la investigación. Esas personas fueron detenidas en las municipalidades de Curacautín, Victoria y Collipulli a altas horas de la madrugada y tuvieron que pasar a control de detención a primera hora del día siguiente, entonces los antecedentes que se presentan al tribunal son muy preliminares. La fiscalía tiene que seguir la investigación y esperamos que se determinen las responsabilidades de las personas en estos hechos”, dijo.

Respecto de las acusaciones de racismo institucional que han surgido en los últimos días en contra del Estado, Galli indicó que “de ninguna manera” ha habido y que “se ha probado una y otra vez que es algo equivocado”. “Esta discusión la hemos tenido en reiteradas ocasiones (…) Lo que uno ve hoy es que la gran mayoría de los casos en que los tribunales han aplicado la ley antiterrorista ha sido en la Región Metropolitana y en situaciones que no tienen nada que ver con la macrozona sur ni con el pueblo mapuche. Cambiemos ese discurso que solo sirve para generar excusas frente a estos hechos. Yo creo que el pueblo mapuche es pacífico y que no tiene nada que ver con esto. Cuando se usa esta causa para cometer hechos de violencia, podemos generar reacciones que son perniciosas”.

Además, sostuvo que el gobierno está abierto al diálogo con los comuneros que se encuentran en huelga de hambre y que de hecho ha habido conversaciones “permanentes con algunos de ellos por parte del subsecretario de Justicia, eso me consta”.

Sin embargo agregó, en esta línea, que “acá hay que distinguir muy claramente. Diálogo siempre, pero hay dos grandes condicionantes para el diálogo: que este no sea bajo extorsión ni condicionándolo a la violencia. Por eso junto con la solicitud de diálogo tiene que haber una condena absoluta a la violencia. En segundo lugar, el diálogo no puede basarse en no respetar las normas del Estado de Derecho”.

Galli sostuvo igualmente, que “es importante el rol que puedan cumplir el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos y el Colegio Médico en ser mediadores en este diálogo y eso es algo a lo que estamos muy abiertos”.

/psg