Se terminaba el año, cuando el 14 de diciembre 2016, celebraba su sesión constitutiva, la Comisión Investigadora de las inversiones de Bancard en la empresa peruana Exalmar, entre los años 2010 y 2014.

Presidida por el diputado DC Fuad Chaín, la comisión está compuesta además por los diputados Marcos Espinosa (PR), Daniella Cicardini (PS), Fidel Espinoza (PS), Felipe Letelier (PPD), Daniel Nuñez (PC), Mario Venegas (DC), Joaquín Godoy (Amplitud), Patricio Melero (UDI), Nicolas Monckeberg (RN), Ivan Norambuena (UDI), Paulina Nuñez (RN) y Felipe Ward (UDI).

Su finalidad específica, -al menos así anunciada por sus patrocinadores-  era investigar la actuación del Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros y otros organismos públicos, a propósito de las inversiones de Bancard en Exalmar durante el período del diferendo marítimo entre Chile y Perú.

Se abren los fuegos

La primera sesión donde se recibieron invitados fue la celebrada el 4 de enero 2017, oportunidad en la que expuso el director del SII Fernando Barraza, acompañado de Juan Alberto Rojas, Subdirector Normativo, y Alex Villalobos, Jefe del Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario de la Subdirección de Fiscalización.

La sesión terminó con un fuerte enfrentamiento entre parlamentarios de gobierno y oposición y el propio director del SII, con ásperos diálogos y cuestionamientos, incluso, a la veracidad de los dichos del director del SII, a quien le pidieron dar cuenta de sus respuestas con documentos.

¿Paraíso fiscal?

La primera disputa dijo relación sobre el carácter o no de “paraíso fiscal” de las Islas Vírgenes, y la legalidad de las inversiones de Bancard en dicho lugar.

Al respecto el director del SII señaló que “en este caso, respecto de la sociedad que el grupo de empresas Bancard inició en las Islas Vírgenes Británicas, esa operación fue informada al Servicio de Impuestos Internos. Insisto, en eso no hay un ilícito.”  Ante la insistencia de mayores antecedentes por parte de diputados de gobierno Barraza agregó:

“Reitero, específicamente la creación de la sociedad de las empresas del grupo Bancard en las Islas Vírgenes Británicas, se informó oportunamente al Servicio de Impuestos Internos, y se justificaron las inversiones que se utilizaron para hacer dicha apertura. Eso es todo lo que puedo responder”.

Atribuciones SII

La segunda disputa giró en torno a las atribuciones del SII para fiscalizar dicha inversión, a lo que Barraza contestó:

“Es importante aclarar que no tenemos facultades para pedirle la información o fiscalizar directamente a una empresa constituida en el extranjero –me refiero a la empresa-; lo que podemos hacer, indirectamente, por la vía de los convenios de intercambio de información, es solicitar a la autoridad tributaria local la información que puedan tener de la empresa que opera en ese territorio.”

Agregando que las Islas Vírgenes recién firmaron un convenio multilateral al amparo de la OCDE que comenzó a regir a partir de 1 enero 2017 y con el cual se podría solicitar más información sobre este tipo de sociedades.

Concluyó Barraza, afirmando que “Esas inversiones [Bancard en Islas Vírgenes] son bastante antiguas, no son de los últimos años, y en el período en que se inician, el Servicio de Impuestos Internos no tenía la facultad de fiscalizar ni tampoco de enterarse de las rentas pasivas. Por lo tanto, la respuesta es bien simple: no existían esas facultades en el momento en que se iniciaron esas operaciones. Las facultades o normas se incorporan recién en los últimos años con la reforma tributaria, por lo tanto, insisto, la respuesta es simple.”

Una batalla que continúa

A pesar de lo desalentador que resultó la intervención del director del SII para los diputados de gobierno, el presidente de la Comisión, diputado Fuad Chain no se dio por vencido y envió un oficio con un cuestionario al SII para que este contestara por escrito. Entre las preguntas enviadas destacan:

–          ¿Nos podría señalar cuántos procesos de fiscalización, citaciones o requerimientos de antecedentes han tenido las empresas Bancard en los últimos tres años?

–          ¿cuántas sociedades extranjeras tiene debidamente registradas por el grupo Bancard Axxion?

–          Teniendo presente que Axxion es una de aquellas empresas que el Servicio de Impuestos Internos fiscalizó por ser de las que pertenecían a sociedades en convenios judiciales preventivos del ex grupo BHC, y que fue adquirida con el solo fin de utilizar sus millonarias pérdidas, ¿existen al efecto procesos particulares de fiscalización para el control del uso de esas pérdidas?

–          ¿Las empresas del grupo Bancard tienen registrados ante el Servicio de Impuestos Internos establecimientos permanentes en el exterior? ¿En qué países?  A su vez, ¿tienen registrada constitución de filiales en el exterior? ¿En qué países? ¿Cómo se controlan esas inversiones?

–          ¿Qué FUT y/o pérdidas tiene declaradas las empresas del grupo Bancard? ¿Cómo se controlan y fiscalizan?

Además, solicito las fechas de las declaraciones y los montos de los impuestos pagados por este grupo por las utilidades de esas sociedades offshore, desagregados hasta antes de la norma que genera ese impuesto único para el reingreso de capitales en el extranjero.

La Superintendencia de Valores y Seguros

Posteriormente, en las sesiones de 11 y 18 de enero 2017 se escuchó al Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez Tolosa, quién precisó que hasta la dictación y entrada en vigencia de la Ley N°20.880, los denominados “Mandatos de Administración de Cartera de Inversiones sin Información al Mandante” carecían de una regulación especial.

La Ley N°20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés establece entre otras, la obligación para ciertas autoridades, de constituir mandato especial de administración de cartera de valores. A estas personas se les obliga a constituir el mandato sobre la totalidad de dichos valores y acciones dentro de los 90 días corridos posteriores a la asunción del cargo.

Entre las obligaciones que impone este tipo de mandato, están:

1.            El mandante deberá abstenerse de ejecutar cualquier clase de acción, directa o indirecta, dirigida a comunicarse con el mandatario a objeto de instruirlo sobre la forma de administrar el patrimonio o una parte de él.

2.           El mandatario deberá mantener su calidad de independiente durante todo el tiempo que dure el mandato. En el evento que por un hecho sobreviniente pierda tal carácter, deberá comunicarlo a la SVS o a la SBIF.

3.            El mandatario deberá proporcionar a la SVS o a la SBIF, cuenta escrita fundada, que tendrá el carácter de reservada, acerca de la situación general del patrimonio administrado, acompañada de un estado general de ganancias y pérdidas.

Sin embargo, la intervención de la SVS tampoco entregó herramientas a los parlamentarios de la Nueva Mayoría para cuestionar los mandatos otorgados por el ex mandatario. Todos ellos celebrados el 24 abril 2009, entre Inversiones Santa Cecilia y Bancard Inversiones, con Larrain Vial Corredora de Bolsa, Moneda Corredores de Bolsa y Celfin, los que además, ya se encuentran en poder de la comisión, así como una minuta de la propia Superintendencia de Valores y Seguros sobre las acciones de fiscalización que dicha entidad ha realizado en esta materia y en la que el organismo público tampoco señaló mayores reparos.

Lo que viene

La comisión, que suspendió sus trabajos durante febrero, fue citada nuevamente para hoy a las 17 horas con el fin de definir sus pasos a seguir, los cuales, hasta ahora, no son muy claros dado que las respuestas, tanto del SII como de la SVS, no han logrado los resultados esperados por los diputados oficialistas.

Sin embargo, los nuevos antecedentes dados a conocer sobre la propiedad del ex presidente Piñera en el proyecto minero Dominga, infundieron nuevos bríos a algunos diputados. Es así como el presidente de la comisión investigadora, el diputado DC, Fuad Chahin, manifestó en el día de hoy que “es la naturaleza del Presidente Piñera, es pare de su esencia el tener una ambición sin límites desprovista de toda ética donde no hay ningún tipo de principios, de valores, donde se está al margen de la ley sino en la ilegalidad”.

Agregando que: “El ex Presidenta Piñera a mi juicio está moralmente inhabilitado para poder volver a ser Presidente de Chile”.

Así las cosas, el futuro de la comisión investigadora se encuentra en un momento decisivo para su continuidad, pues si no logra incorporar el caso de Minera Dominga a las materias propias de su investigación, no tendría más sentido que un simple juego de dimes y diretes.

/psg