Chile necesita una nueva Constitución. No solo por los problemas de legitimidad que presenta la actual, sino también por las enormes transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad y el mundo en las últimas décadas. Ya no existe Guerra Fría; Chile es un país de clase media; las instituciones sufren una crisis de legitimidad; la ciudadanía combina una gran exigencia con una fuerte desafección respecto de la política tradicional, y se hace necesario alcanzar nuevos consensos si queremos llegar a ser un país desarrollado. Todo esto exige contar con una verdadera “casa común”, que recoja las reglas fundamentales del juego político, asegure los derechos fundamentales y señale explícitamente los valores y criterios que orientarán la acción del Estado.

En los últimos años se ha avanzado. Más allá de las limitaciones que presentó el proceso, la ciudadanía fue escuchada y hoy se cuenta con un valioso material que recoge los sueños, aspiraciones y exigencias de muchos miles de nuestros conciudadanos. Pero este proceso, aunque importante, no resulta suficiente. En una democracia representativa, la voz fundamental en la materia reside en el Congreso. No en la calle, ni tampoco en las necesarias opiniones de los especialistas, sino en los legisladores elegidos por el pueblo. El trabajo de elaborar una nueva Constitución se enfrenta a innumerables dificultades, comenzando por la atávica tendencia a dejar las cosas como están. Los resultados de la reciente elección parlamentaria muestran divisiones muy importantes, y sería ingenuo ignorar la importancia de esas fracturas a la hora de dificultar un sano y leal entendimiento entre las diversas fuerzas políticas. El centro, que debería representar un factor de moderación, está debilitado. Además, han llegado muchas personas que carecen de experiencia política; no solo no manejan el arte del diálogo y la negociación, sino que miran con desprecio esas imprescindibles cualidades parlamentarias.

Pero hay también signos de esperanza. El nuevo gobierno dice que no quiere llevar a cabo “políticas de retroexcavadora” y que buscará el entendimiento con la oposición para enfrentar las grandes cuestiones que afectan la vida nacional, como es el caso de la infancia vulnerable y la seguridad ciudadana. Si esa política de acuerdos resulta exitosa, se creará un clima que permitirá avanzar hacia otros campos. Entre ellos, el tema constitucional debería ocupar un lugar muy relevante.

/Escrito por Soledad Alvear para La tercera

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